¿Cuál será la posición final de Junts, el partido de Carles Puigdemont, en el momento de votar en el Congreso la propuesta de financiación de las comunidades autónomas que María Jesús Montero presentó el pasado viernes?. Hacia ese callejón se dirigen ahora todos los vectores del debate sobre el asunto. Como en tantos otros episodios que en esta legislatura han concluido con una votación en la madrileña carrera de San Jerónimo en la que los independentistas han decantado la balanza. El motivo, una vez más, la piedra de Sísifo de la política catalana: las finanzas de las comunidades autónomas. Evolucionando siempre por la presión de los líderes catalanes y causa a la vez de su permanente vilipendio. También de una feroz división interna
El actual expediente va para largo, el Gobierno de Pedro Sánchez habla en términos genéricos de aprobarlo antes del verano y muchas son las variables que pueden afectar al trayecto de la nueva norma orgánica. Desde la marcha de Montero a la campaña de las andaluzas a la aplicación, o no, de la amnistía a Puigdemont, pasando por cualquier otro evento imprevisto, de esos que tan pródigamente nos suministra este azaroso siglo XXI. Sería aventurado hacer una apuesta irrevocable.
De momento sabemos que, en el ámbito de las finanzas de las comunidades autónomas, la cosa empezó con el anuncio de una negativa de Junts a votar favorablemente la quita del Fondo de Líquida Autonómica (FLA), pactada, igual que el nuevo modelo entre los socialistas y los republicanos de Oriol Junqueras y ahora la formación independentista se inclina por dar el sí.
Un movimiento que aportaría mayor cobertura a su negativa a apoyar el nuevo modelo de financiación, que, por lo que han adelantado, considera claramente insuficiente. El argumento sería que la reducción de las deudas de las comunidades al Estado es una cuestión coyuntural, que no compromete a nada más. Mientras que aprobar un nuevo modelo de financiación ata de pies y manos durante un largo período; en el caso presente, el anterior pacto, negociado por el socialista y entonces conseller d’Economia, Antoni Castell, datos del 2009. Hay mucho más en juego, y es mucho más irreversible la segunda negociación que la primera, opinan.
Illa con empresarios y sindicatos presentando la nueva propuesta de financiación
La propuesta de Montero es agua de mayo para Salvador Illa, con presupuesto prorrogado desde el 2023, cuando gobernaba Pere Aragonès. Sobre ella cabalgan tanto los nuevos presupuestos como esos 4.686 millones adicionales que recibiría la Generalitat con el nuevo mecanismo de cálculo.
El debate del nuevo modelo planea sobre una legislatura preñada de incógnitas y en la que las alianzas son clave
La navegación a partir de ahora quedará completamente en manos de la política. En Catalunya el debate se centra en torno a si se ha conseguido todo lo necesario, incluso lo posible. En el resto de España el dictamen fue firmado ex ante, de antemano, sin necesidad tan siquiera de leer el documento o analizar las cifras presentadas. Todo iba a ser una concesión a los independentistas; a todos, tanto a los de ERC como a los de Junts. No hay que olvidar que la acusación de que Sánchez había entregado el concierto, el cupo, la confederación y hasta el referéndum de independencia ya se formuló en el acuerdo de investidura del presidente español negociado con Junts. Pese a que, según sus feroces críticos, ya estaba todo dado, volvieron a repetir el mismo discurso cuando se negoció la investidura de Illa, en este caso con ERC.
Habría que situar las cosas en el contexto político concreto de estas últimas negociaciones. Aunque ahora alguno de sus firmantes haga ver que no va con ellos, lo cierto es que dispararon las expectativas alegando que el pacto implicaba cosas que en pureza no figuraban en el documento, como el concierto solidario. Al calor de esas proclamas eufóricas, los sectores sociales apuntaron sus propias ideas.
En especial en el mundo económico, que ya reclamaba desde un año antes un pacto fiscal en un comunicado firmado por Foment, Pimec, el Círculo de Economía y las cámaras de comercio, entre otros. Hubo lluvia de documentos e informes de patronales y gremios desarrollando la propuesta y emitiendo cálculos. En septiembre del 2024, el presidente de Foment presentó un informe en la misma línea. Por eso, en gran medida, el mundo económico ha reaccionado con cautela; en especial el presidente de la gran patronal, Josep Sánchez Llibre. A este último es al que se ha dado el mayor relevo, aunque en diversa medida la Pimec, que encabeza Antoni Cañete o la Cambra de Barcelona, presidida por Josep Santacreu, han expresado también sus peros al acuerdo.
En el caso de Foment cabría pensar que en su reacción hay que ponderar la alianza política plenamente consolidada con la formación de Puigdemont. Y puedes anidar el anhelo de no dejar aislado a Junts. Interés por salvar la convergencia de ideas y propuestas que ha catapultado la influencia de la patronal catalana en el seno de la CEOE y en general en la política española. Y que se ha plasmado en sin número de votaciones de los independentistas en línea con los intereses y propuestas de los empresarios.
En la medida que la legislatura española siga viva, es decir mientras Sánchez resista el acoso al que está siendo sometido desde varios frentes y no convoque elecciones anticipadas, ese enlace entre las organizaciones empresariales y Junts mantendrá su plena vigencia.
Junts se inclina por dar el sí a la quita del FLA y mantener la negativa a la financiación
La propuesta de nuevo modelo de financiación se inscribe en el cuadro de otras consideraciones políticas. Financiación, sí; pero también políticas económicas. En Madrid, PP y VOX y la oposición en el seno del PSOE, lo ven como un nuevo campo de batalla en el que desgastar a Sánchez, ¡a ver si por fin cae!. En Catalunya, las consideraciones sobre la política económica de la Generalitat y del gobierno central, también están incluidas en la balanza.
