La revalorización del 2,7% prevista para las pensiones contributivas en 2026 supondrá un incremento medio de 570 euros anuales para los 9,4 millones de pensionistas del Estado y tendrá un coste para las arcas públicas de 5.400 millones de euros.
Por … poner este incremento en perspectiva, por sí mismo supera al gasto de todas las administraciones en Tribunales de Justicia (5.416M), duplica al de Bomberos (3.014M), triplica los presupuestos de La Rioja (2.118M) y supera por poco los 5.100M que repartió el Ingreso Mínimo Vital a 700.000 hogares en 2025.
La cifra es además superior al gasto vinculado a políticas y ayudas a la viviendaque en 2024 se situó entre los 1.000 y 2.000 millones de euros una vez descontadas subfunciones como abastecimiento de agua o alumbrado. Incluso imputando a este gasto la subfunción entera de urbanismo (2.700M) y el coste fiscal de la deducción por inversión en primera vivienda (2.200M), el resultado seguiría siendo una cifra parecida o inferior al coste de actualizar las pensiones.
En realidad, la factura se dispara por encima de los 12.600 millones
Estos 5.400 millones de euros corresponden solo a la revalorización de las pensiones contributivas vigentes, pero la factura real será bastante mayor. Según estimaciones del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), la subida de las mínimas, el ajuste de las máximas, la llegada al sistema de 400.000 nuevos pensionistas y el llamado efecto sustitución —por el que las nuevas altas entran con prestaciones más elevadas que las que se extinguen— elevarán el coste total hasta los 12.610 millones de euros.
Esta cantidad representa casi una paga extrapues es prácticamente la misma que destina la Seguridad Social todos los meses a abonar la nómina de las pensiones (13.000M). En línea con las comparaciones anteriores, este gasto se sitúa en magnitudes similares al de defensa (14.000M), medicamentos y productos farmacéuticos (15.000M), y casi duplica el destinado a universidades (8.800M).
Un coste de oportunidad estructural
Desde que en 2021 el Gobierno volvió a ligar por ley las pensiones contributivas al IPC estos han acumulado una subida cercana al 20%. En el mismo periodo, el salario anual medio apenas ha aumentado la mitad, según la Encuesta Anual de Coste Laboral del INE.
Actualizar las prestaciones del Estado al coste de la vida es, lógicamente, una prioridad en cualquier economía avanzada. La problemática en España es que el gasto en pensiones de vejez y supervivencia (200.000 mil millones) no llega a cubrirse con los 165.000 millones que recaudan las cotizaciones sociales. El resto, algo más del 20% del total, se financia mediante transferencias del Estado, es decir, con impuestos generales que deben ir a otras partidas o, en última instancia, con deuda pública.
Distintos organismos como la AIReF o la Comisión Europea vienen señalando, además, de forma reiterada, el impacto del envejecimiento poblacional y del llamado efecto sustitución. Según algunas proyecciones, en 2050 habrá en España algo menos de una persona en edad de trabajar por cada persona dependiente, un cambio demográfico que coincide con la entrada en jubilación de cohortes con pensiones medias más elevadas que las de quienes salen del sistema, lo que empuja el gasto al alza incluso en escenarios de inflación moderada y crecimiento estable.
En ese contexto, España parte además de una posición especialmente generosa en términos comparados. La OCDE sitúa la tasa de sustitución para un trabajador con carrera completa y salario medio en torno al 80%, frente al 45% en Alemania. Y, de acuerdo con los cálculos de la AIReF, los jubilados actuales reciben de media 1,6 euros por cada euro cotizado a lo largo de su vida laboral, una vez actualizadas las aportaciones por inflación y crecimiento económico.
