En un contexto global donde las telecomunicaciones requieren inversiones cada vez más intensivas, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aprobó la fusión de Movistar y Tigo en Colombia, luego del acuerdo de compra de la operación de Telefónica, por parte de Millicom, que se había anunciado en marzo pasado, en US$ 400 millones.
La decisión oficial incluye medidas para proteger la competencia y reconoce que se necesitan grandes inversiones para lograr eficiencia operativa y capacidad de expansión. en un mercado donde quedarían dos grandes operadores de telefonía móvil.
La Resolución de la SIC tiene 177 páginas y se conoció hace dos semanas. Allí se rechazan medidas solicitadas por los competidores del nuevo prestador, que reclamaban prohibiciones amplias de estrategias comerciales hasta exigencias de devolución de espectro radioeléctrico.
De todos modos, el organismo regulador colombiano plantea una serie de requisitos para garantizar la competencia y fomentar la inversión del nuevo prestador de servicios de telecomunicaciones.
Es que esta operación, aprobada por la autoridad regulatoria bajo criterios de transparencia y resguardo de la competencia, da nacimiento a un jugador más robusto y sostenible, en el marco del proceso de desinversión de Telefónica de España en la región.
La nueva compañía tendrá que competir con Claro, que concentra más del 50% de la telefonía móvil en Colombia. En ese escenario, la integración de Movistar y Tigo se vuelve una herramienta para sostener la calidad y garantizar el equilibrio competitivo en el mediano plazo.
Esa decisión oficial llegó como una señal clara para los prestadores de servicios de telefonía, Internet y TV paga: en lugar de competir debilitados, es mejor potenciarse con escala real, capacidad financiera y visión compartida para poder implementar una buena cobertura de la quinta generación de telefonía celular (5G), hasta expandir las redes de fibra y prestar servicios digitales de nueva generación.
“La fusión permitirá que consoliden una sola infraestructura que permita reducir costos, mejorar la eficiencia operativa”, dijo en conferencia de prensa Cielo Rusinque Urrego, presidenta del SIC. Y agregó: “Los resultados del ahorro permitirán derivar recursos a inversiones para incrementar la calidad del servicio, la ampliación de la cobertura y ejercer competencia efectiva sobre el operador de mayor tamaño”.
Es que la decisión oficial asegura continuidad, modernización de redes y capacidad de respuesta frente a la creciente demanda de conectividad, para reducir la brecha digital en zonas urbanas y rurales, donde la inversión sostenida es indispensable.
La lógica detrás del acuerdo es clara. No se trata de absorber ni desaparecer al otro, sino de integrar fortalezas para sostener inversiones que ningún operador de menor escala podría garantizar por separado. En vez de un mercado fragmentado con jugadores debilitados, surge un esquema donde la cooperación acelera la innovación y mantiene viva la competencia real frente a un líder dominante.
La experiencia colombiana deja una pregunta abierta para la región: si los procesos de consolidación, acompañados de marcos regulatorios activos y condiciones verificables, podrían contribuir a evitar la salida de actores, preservar la inversión y garantizar la continuidad y modernización del servicio, especialmente en países con grandes brechas de conectividad y demandas crecientes de infraestructura digital.
Con el proceso ya habilitado y bajo seguimiento de las autoridades, la expectativa se centra ahora en los resultados concretos, su impacto sobre la calidad, la expansión de redes y la dinámica competitiva del sector.
