El debate llega tras un martes intenso en el Congreso, cuando el oficialismo logró dictamen de mayoría en la comisión encabezada por Bertie Benegas Lynch. Sin embargo, el respaldo no fue pleno: el proyecto cosechó disidencias incluso dentro de bloques aliados, lo que anticipa una sesión extensa y con resultado abierto.
La eventual aprobación del Presupuesto marcaría el cierre de dos años consecutivos de prórrogas del último cálculo de gastos aprobado durante la gestión de Alberto Fernández, sancionado en diciembre de 2022. Para el Gobierno, se trata de un paso clave institucional: contar con una “ley de leyes” propia y alineada con su programa económico.
Las proyecciones macroeconómicas del Presupuesto
El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo prevé para 2026 un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio oficial mayorista de $1.423 para diciembre. Este punto último ya genera cuestionamientos, dado que el dólar superó ese nivel antes incluso de que comenzara el debate legislativo.
En materia inflacionaria, el Gobierno estima una suba de precios del 24,5% interanual, por encima del 20,2% proyectado por el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. También el crecimiento del PBI —calculado en 5,4%— resulta más optimista que el 4,4% estimado por el sector privado.
Otro dato relevante es el deterioro esperado en la balanza comercial de bienes y servicios. Según el Presupuesto, el déficit pasaría de u$s2.447 millones en 2025 au$s5.751 millones en 2026, un punto que despierta interrogantes en un programa económico que prioriza el equilibrio externo.
Ministerio Economía MECON
Mariano Fuchila
Gasto social: aumentos selectivos y cambios estructurales
El Gobierno defiende el proyecto asegurando que el gasto social crecerá en términos reales. En particular, se contempla un aumento del 5% en las partidas destinadas a jubilaciones, del 17% en salud y del 8% en educación. Para las universidades nacionales, el Presupuesto prevé recursos por 4,8 billones de dólares.
No obstante, el articulado incluye modificaciones de fondo. El artículo 75 dispone la derogación de las leyes 27.793 (emergencia en discapacidad) y 27.795 (financiamiento universitario), lo que generó el rechazo de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y Provincias Unidas, además de disidencias dentro de bloques dialoguistas.
A esto se suma la eliminación del mecanismo de actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del resto de las asignaciones familiares. Según un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el artículo 73 del proyecto deroga artículos centrales de la Ley 27.160, sancionada en 2015, que ataba la movilidad de las asignaciones familiares a la de las jubilaciones. Dado que la fórmula jubilatoria actual se ajusta por inflación, el cambio implica un giro significativo en la protección del ingreso real de estos beneficios.
Educación y ciencia, en el centro de la polémica
Uno de los capítulos más sensibles del Presupuesto 2026 es el educativo. mil proyecto eliminar la pausa legal que fija una inversión mínima del 6% del PBI para educaciónreducir progresivamente el financiamiento en ciencia y tecnología —con un tope del 1% del PBI— y eliminar el Fondo Nacional para las Escuelas de Educación Técnico Profesional.
De acuerdo con un informe de Argentinos por la Educación, la participación de “Educación y Cultura” en el PBI caería al 0,75%, el nivel más bajo de la última década. El recorte impacta principalmente en salarios —que se concentran cerca del 90% del gasto educativo— y también en infraestructura, ciencia y tecnología.
El estudio, elaborado por Javier Curcio, María Sol Alzú y Martín Nistal, advierte que las universidades y el Plan de Alfabetización Nacional serán dos de los ejes más afectados, pese a la ampliación nominal de partidas anunciada por el Ejecutivo.
Recaudación e impuestos: qué espera el Gobierno
En el plano fiscal, el Presupuesto proyecta una crecimiento real de la recaudación tributaria del 11% en 2026. Según el Palacio de Hacienda, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) percibiría $90,3 billones en impuestos, frente a los $73,6 billones estimados para 2025.
El Impuesto a las Ganancias aportaría $16,5 billones, con una suba real del 12,8%. El IVA, $32,9 billones, con un crecimiento real del 8%. Débitos y créditos bancarios —uno de los tributos que el Gobierno aspira a reducir o eliminar— generarían $16,4 billones, con una mejora real del 10%.
las rLas tenencias a las exportaciones sumarían $9,9 billones. Mientras que los derechos de importación crecerían 17% real, en línea con mayores compras externas. Llama la atención el fuerte aumento en los impuestos a los combustibles líquidos y las emisiones de dióxido de carbono, que subirían 55% en términos reales, tras la reactivación de ajustes previamente postergados.
