La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha mostrado su desacuerdo con la propuesta del Gobierno de modificar el sistema de financiación autonómica con el que se eleva la cesión del IRPF y el IVA a las regiones. Este colectivo de … profesionales consideran que el planteamiento realizado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «introduce de forma preocupante» esa transferencia de «competencias gestoras de la Agencia Tributaria» a las comunidades con mayor vocación de autogobierno.
Los inspectores consideran que, al margen del debate estrictamente financiero, la propuesta del Ejecutivo supondría, en la práctica, «un fraccionamiento de la Administración tributaria estatal», aspecto que la ministra «evita abordar» porque, a juicio de esta organización, Montero «es consciente de que conduciría a un incremento significativo del gasto público ya una ineficiencia e ineficacia sin precedentes» en la gestión tributaria.
Desde IHE consideran que sería «inasumible» por parte de los ciudadanos españoles, e impediría garantizar servicios esenciales de la AEAT —como las campañas del IRPF— y «debilitaría gravemente la lucha contra el fraude» fiscal, ampliando su brecha y obligando, en última instancia, al Estado a asumir un gasto adicional que solo podría afrontarse mediante aumentos de impuestos.
Las advertencias de los inspectores fiscales no son nuevas. Llevan meses avisando del impacto de las medidas pactadas entre Gobierno, Generalitat y los partidos independentistas socios de Pedro Sánchez. El pasado verano, Cataluña decidió empezar a sentar las bases jurídicas de lo que aspira a convertir en una Hacienda catalana propia: lo hizo con un decreto en el que creaba la figura del comisionado para el despliegue de la financiación singular, con la encomienda de impulsar y coordinar los trabajos técnicos para el despliegue de la Hacienda catalanay un nuevo órgano, el consejo asesor, como instrumento de asesoramiento, consulta y apoyo al comisionado; y con un Decreto Ley, que modificó el régimen jurídico de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) para adaptarla, sostuvo el Gobierno catalán, a las necesidades de desarrollo del acuerdo político para la singularidad fiscal de Cataluña.
«Lo hicieron sin respaldo jurídico alguno, ya que la financiación singular al menos hasta el momento es solo el fruto de un acuerdo político, pero no es una realidad jurídica»ha recalcado este viernes la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ana de la Herrán, en el marco de la celebración del XXXV Congreso del colectivo que se celebra estos días en Salamanca.
