En los últimos meses ha vuelto al debate público la conveniencia de limitar los precios de los servicios de VTC, especialmente en momentos de alta demanda. La preocupación por evitar situaciones abusivas es legítima. Sin embargo, conviene preguntarse si la intervención en los precios es … Realmente la mejor herramienta para proteger al usuario o si, por el contrario, puede acabar perjudicándolo.
Desde una perspectiva comparada económica e histórica, la evidencia es clara; los precios libres y dinámicos, bien diseñados y transparentes, benefician al consumidor, mejoran la disponibilidad del servicio y contribuyen a un sistema de movilidad más eficiente.
Cundo el usuario conoce el precio antes de viajar, no hay sorpresas ni incertidumbre. Gracias a las aplicaciones digitales, compare alternativas es inmediato y se eliminan los llamados «fallos del mercado». La libertad de precios no implica imposición alguna, sino que permite la elección informada.
Así, el llamado «precio dinámico» no es un capricho tecnológico ni una herramienta para maximizar beneficios a costa del usuario. Es un mecanismo eficiente de coordinación entre oferta y demanda. Si la demanda sube, incentiva a más conductores a prestar servicio allí donde más se necesita, y, cuando baja, ajusta los precios para estimular el uso y evitar vehículos circulando en vacío. El resultado es sencillo de entender, facilita más coches disponibles cuando hacen falta y precios más bajos cuando la demanda es menor.
Pero existe toda una cultura social, alimentada por quienes fomentan el paternalismo del Estado, que impone el discurso de que el precio dinámico genera abusos. Sin embargo, en un entorno competitivo, con varias plataformas y alternativas de transporte, subir precios de forma desproporcionada sería una estrategia suicida. El usuario simplemente se iría a otra opción.
Además, el propio sistema impone límites y si el precio sube demasiado, parte de la demanda desaparece o se desplaza a otros horarios o modos de transporte. Esa es precisamente la función del precio como regulador natural. El control de precios supone justo lo contrario, descoordinar la oferta y la demanda por medio de la intervención.
Los datos disponibles muestran, de hecho, que los servicios VTC suelen ser sistemáticamente más baratos que el taxi tradicional, en torno a un 30% menos, gracias a una mayor tasa de ocupación y a una gestión más eficiente de los recursos.
Limitar artificialmente los precios en momentos de alta demanda e imponer la rigidez de las tarifas públicas obligatorias, como las de los taxis, suelen tener efectos indeseados. Si el precio no puede reflejar la escasez real del servicio, los conductores no tienen incentivos para desplazarse a las zonas más saturadas ni para operar en horarios especialmente exigentes.
La experiencia del mercado hiperregulado del taxi muestra que se incrementan los tiempos de espera, más viajes no llegan a realizar y una peor experiencia para el usuario. Paradójicamente, la medida pensada para proteger al consumidor termina dejando a muchos sin servicio, empujándolos de nuevo al vehículo privado y agravando la congestión.
La clave no está en restringir indiscriminadamente y por decreto el precio del servicio, sino en garantizar precios libres con transparencia, información previa y competencia efectiva. Cuando estas condiciones se cumplen, el usuario dispone de más opciones y menos esperas, que favorecen un sistema de movilidad más eficiente, más sostenible y con más ingresos para los profesionales del taxi y las VTC.
