Choque de modelos en torno a las políticas de vivienda entre los alcaldes de las dos principales ciudades españolas. El primer edil de Madrid, el popular José Luis Martínez-Almeida, y su homólo de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, han defendido hoy en la comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Senado dos formas muy distintas de encarar un problema común, el de la falta de vivienda y las dificultades para acceder a un techo residencial en condiciones. Mientras que Almeida, muy crítico con las soluciones propuestas por el Gobierno presidido por Pedro Sánchez, ha predicado una receta liberalizadora, Collboni medidas ha mostrado su total apoyo a las últimas anunciadas por el Ejecutivo socialista y ha defendido criterios de regulación del mercado desde los poderes públicos.
El alcalde de Madrid ha sido el primero en intervenir. Ha reiterado la apuesta de su partido por hacer frente a la crisis de la vivienda reduciendo la burocracia para acelerar los procesos de construcción de nueva vivienda, desbloquear el suelo y construir más pisos públicos, una de las pocas fórmulas en la que lógicamente ha coincidido con el alcalde de Barcelona, que ha explicado sus propuestas en una sesión posterior.
Los dos alcaldes presentan en el Senado fórmulas opuestas para afrontar un problema común
Martínez-Almeida ha señalado directamente al Gobierno de Pedro Sánchez por haber elevado con sus políticas el de la vivienda a lo más alto de los problemas de los españoles, sobre todo de aquellos que viven o aspiran a hacerlo en las grandes ciudades. Ha culpado al Ejecutivo de que los precios de los alquileres hayan pasado de sufrir un incremento del 1% en el año 2019 a un 8% de subida actual. En este sentido, ha calificado de “nefastos” los topes a los precios del alquiler. Aunque también ha reconocido los efectos de la pandemia y lo “excepcional” de aquella situación, ha afirmado que las medidas adoptadas han excluido del mercado de alquiler a un 45% de las viviendas de arrendamiento que había antes de la aprobación de las normativas actuales. Únicamente ha salvado de la quema el anuncio hecho esta misma semana por el presidente del Gobierno de bonificar fiscalmente a los propietarios que no incrementan el precio de las viviendas en alquiler. En cambio ha sido especialmente crítico con las medidas vinculadas con el alquiler de temporada.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también pasó por el Senado para hablar de vivienda
Jaume Collboni, por su parte, ha defendido la regulación de alquileres desde el argumento de que desde que se aplica en Barcelona –zona tensionada– ya ha comenzado a dar frutos al frenar la tendencia alcista de los precios de los últimos años sin que haya disminuido la oferta de pisos. “Nuestro modelo funciona y recomiendo (a ciudades como Madrid) que se aplique la ley”, ha dicho el edil barcelonés.
Las cuentas de Collboni
Jaume Collboni se presentó en el Senado con una cartera llena de números bajo el brazo para demostrar que las medidas reguladoras impuestas en Cataluña y que el Gobierno quiere extender al resto de España funcionan. A modo de ejemplo, ha explicado que hoy una familia de Barcelona paga de alquiler 220 euros menos de los que tendría que abonar si no se hubiera intervenido el mercado. Ha señalado también que entre los años 2000 y 2022 el coste de los alquileres se encareció un 156% y el pago del alquiler pasó de representar el 23% de los ingresos familiares a suponer más del 30%. Por ello, ha defendido que la ley de la vivienda ha servido para “para el golpe” y paliar los “efectos devastadores” de la espiral de precios.
Collboni, que ha defendido que el modelo de Barcelona es “más justo”, ha insistido en que la no regulación explique las causas de la crisis de la vivienda. Ha destacado la voluntad del Ayuntamiento de Barcelona y las otras administraciones competentes en la materia de aumentar el parque público de vivienda, aunque ha admitido que esa es una vía que no dará resultados inmediatos y que, por tanto, ha de ir acompañado de la toma de decisiones como la imposición de topes a los alquileres o la eliminación de los pisos turísticos, un objetivo que el alcalde de Barcelona se ha marcado para el 2028.
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