Tras la puesta en marcha el pasado uno de febrero del nuevo marco fiscal para el mercado mayorista de carburantes en España, muchas de las operadoras del sector están en pie de guerra con el Ministerio de Hacienda. Solo tres días después de su … entrada en vigor, la titular de la cartera, María Jesús Montero, se ha visto obligada a rectificar alguno de sus puntos más polémicos, si bien el más controvertido, el adelanto del 110% del IVA correspondiente a cada operación de venta de carburantes para los operadores que no hayan sido reconocidos como confiables, sigue siendo de obligado cumplimiento.
Precisamente es este último punto por el que dentro del seno del Gobierno ha habido discrepancias. Según ha podido saber ABC de fuentes del entorno del Ministerio de Economía, el departamento liderado por Carlos Cuerpo avisó por una nota interna al de Montero de que la penalización prevista sobre el IVA iba a provocar un aluvión de denuncias en los juzgados con alta probabilidad de prosperar. Las fuentes no oficiales no confirman en este periódico que esta obligación en la norma se puede calificar de ‘ilegal’.
Montero hasta ahora no ha rectificado esta parte de la norma si bien sí lo hizo con el volumen de corte para ser considerado operador confiable: de un millón de litros -al alcance sólo de muy pocos- a medio millonlo que permitiría a muchas de las empresas medianas ser catalogadas por Hacienda como confiables. Por ello, según ha podido saber ABC, Hacienda tiene prevista esta misma semana oa principios de la siguiente ampliar la lista de operadores confiables, que hoy solo está compuesta por ocho empresas, tal y como avanzó este periódico.
Hasta hoy mismo, Repsol, Moeve, BP, Galp, Meroil, Grupo Disa, Esergui-AVIA y Dyneff son las energéticas designadas como confiables por el Ministerio de Hacienda, mientras que el resto de las casi 50 operadores del mercado quedan fuera. Fuentes del sector apuntan a este diario que algunas de estas operadoras se han planteado reclamar porque dicen cumplir con las características solicitadas, si bien son conscientes de que una demanda contencioso administrativa lleva años y «colapsarán mucho antes» como consecuencia de la nueva normativa.
Algunas de estas empresas, agregaron las fuentes, se plantearon, incluso antes de conocer el listado, pedir en un juzgado «medidas cautelarísimas» de suspensión de la norma.
Varias empresas ‘no confiables’ se plantearon, a priori, pedir en un juzgado «medidas cautelarísimas» de suspensión de la norma
La nueva exigencia fiscal que ha entrado en vigor a comienzos de este año forma parte de un paquete de medidas impulsadas por la Agencia Tributaria para reforzar el control del IVA en el sector de los hidrocarburos, uno de los ámbitos históricamente más expuestos a prácticas de fraude. La norma introduce una distinción entre operadores considerados «confiables» y aquellos que no cuentan con esa calificación, estableciendo obligaciones adicionales para estos últimos con el objetivo de garantizar el cobro del impuesto.
La figura del operador confiable se ha concebido por Hacienda como un filtro administrativo. Sólo han accedido a ella las empresas que cumplen una serie de requisitos objetivos, entre ellas estar inscritas en los registros correspondientes, acreditar un volumen mínimo de actividad, haber operado como mayoristas durante los últimos ejercicios y demostrar solvencia financiera. El reconocimiento permite seguir operando bajo el régimen habitual del IVA, sin adelantos ni garantías extraordinarias.
La normativa inició un período transitorio para que las empresas solicitaran y obtuvieran esa calificación, plazo que concluía el 31 de enero, durante el cual la Administración debía analizar la documentación presentada y comunicar qué operadores quedaban encuadrados en uno u otro régimen. Sin embargo, una vez vencido ese período, la ausencia de una resolución expresa tiene efectos automáticos: los operadores que no han sido formalmente reconocidos como confiables pasan a estar sujetos al sistema de adelanto del impuesto.
Desde el punto de vista del sector -añaden las fuentes-, el impacto de la medida va más allá del objetivo antifraude. El mercado mayorista de carburantes funciona con márgenes ajustados y un elevado volumen de operaciones diarias, lo que convierte cualquier adelanto fiscal en un factor crítico para la liquidez y la operativa. Además, la aplicación de la norma coincide con un proceso de reorganización del sector tras cambios regulatorios previos que eliminaron la figura de los intermediarios y reforzaron la venta directa a las estaciones de servicio.
