En 2025 ingresaron 134.000 demandas por riesgos del trabajo, el número más alto de la historia argentina. La paradoja es que los accidentes laborales cayeron 55% y las muertes 80%, pero los juicios crecieron 200% desde 2020, según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
La argentina tiene niveles de cobertura superiores en comparación con países como Chile y España e índices de siniestralidad similares, pero una litigiosidad muy superior: 23 veces más de juicios que en el primero y 16 veces más que en el segundo.
Por cada 10.000 trabajadores, en España se presentan 8,5 demandas y en Chile un 5,8%, mientras que en el país la cifra asciende a 132,8 demandas. Es decir, entre 1500 y 2000% más que sus países vecinos.
“Lo que debería ser excepcional se volvió estructural. A la enorme cantidad de juicios laborales por riesgos del trabajo, se suma otro tanto de juicios laborales por las demás causas como despidosdiferencias salariales y demás cuestiones del derecho individual”, señalaron desde la UART.
El stock de juicios laborales por Riesgos del Trabajo llegó en septiembre a 317.848 causas, incluso después de que las ART lograron cerrar unas 70.000 demandas.
También se quebró la estacionalidad habitual: en diciembre ingresaron más juicios que en noviembre, algo que no ocurriría desde hace casi una década, en la previa de la reforma aprobada en 2017.
Según las ART, el problema está en el incumplimiento de la ley 27.348 que creó los Cuerpos Médicos Forenses, lo que habilita pericias sin control que inflan incapacidades y aumentan el número de causas.
¿Qué pasa con los costos? el 45% del gasto de un juicio queda en intermediarios, como abogados y peritos. Es decir, por cada $ 1 millón que pagan las ART por demandas, $ 450.000 se reparten entre abogados, peritos y demás miembros del sistema. Por ejemplo, los honorarios de los peritos se fijan como un porcentaje del monto de la sentencia, lo que tiende a inflar las evaluaciones de incapacidad.
De esta manera lo que se ve es que esta presión judicial pone en riesgo la sustentabilidad de un sistema que, en prevención, muestra mejoras claras, pero que exponen el aprovechamiento que se hace muchas veces, con demandas que son evitables en su gran mayoría.
Desde el sector sostienen que corregir estas distorsiones es clave para sostener un sistema que brinda protección tanto a trabajadores como a empresas, y que hoy se encuentra desbordado por una judicialidad que no refleja la realidad de la prevención ni de la cobertura de los accidentes laborales, ni se ajusta a los estándares internacionales.
