Estados Unidos volvió a respaldar a la Argentina en pleno litigio por YPF. El Departamento de Justicia norteamericano presentó un memorando ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para apoyar la moción de emergencia interpuesta por la República Argentina.
El objetivo es suspender el proceso de descubrimiento post sentencia en el caso YPF. Se trata de la etapa de exhibición y producción de documentos que los fondos litigantes reclaman al Estado argentino.
La Procuración del Tesoro de la Nación, que encabeza Sebastián Amerio, confirmó la presentación. El exsecretario de Justicia consideró hace poco ese cargo clave en la defensa de los intereses del país.
En su movimiento de emergencia del 6 de marzo, Argentina había solicitado la suspensión de varios puntos. Entre ellos, la etapa de producción de documentos, el requerimiento de sanciones y la audiencia probatoria fijada entre el 21 y el 23 de abril de 2026.
Por qué EE.UU. defiende la posición argentina en el caso YPF
El Departamento de Justicia sostiene que el descubrimiento actualmente en curso resulta excesivamente intrusivo y contrario a los principios de cortesía internacional y reciprocidad.
El argumento es contundente. Este tipo de requerimientos dirigidos contra Estados soberanos puede generar fricciones diplomáticas y abrir la posibilidad de que tribunales extranjeros impongan medidas similares contra los propios Estados Unidos.
El memorándum destaca un punto clave. Al evaluar el factor de interés público en una solicitud de suspensión, los tribunales deben considerar los posibles efectos sobre las relaciones exteriores.
En ese marco, solicita que se otorgue especial deferencia a la posición del Poder Ejecutivo en materia de política exterior. Una señal clara de peso político en el expediente judicial.
El documento oficial es claro en su petición. Solicita que el tribunal tenga debidamente en cuenta los principios de cortesía internacional, reciprocidad y las implicancias que la cuestión puede tener para las relaciones exteriores.
Qué dice el Departamento de Justicia sobre litigios contra estados extranjeros
El Departamento de Justicia, que encabeza Pam Bondi, una de las funcionarias clave del gobierno de Donald Trump, fue categórico. Los litigios en Tribunales de Estados Unidos contra estados extranjeros pueden tener importantes implicancias en materia de relaciones exteriores.
Esos procesos afectan el trato recíproco que recibe el gobierno estadounidense en los tribunales de otras naciones. Una preocupación central para Washington.
La práctica litigiosa está generalmente regida por la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA por sus siglas en inglés). Esa normativa establece que los bienes de estados extranjeros en EEUU son, en general, inmunes a la ejecución.
El memorándum cita una clave antecedente. La Corte Suprema sostuvo en Republic of Argentina v. NML Capital, un juicio por el default de 2002, que la FSIA no limita el alcance del descubrimiento posterior a la sentencia sobre los bienes de un estado extranjero.
Sin embargo, la Corte también reconoció que pueden existir otros fundamentos que limitan dicho descubrimiento. Esa puerta quedó abierta y ahora el gobierno de Trump la empuja.
Según el Departamento de Justicia norteamericano, Estados Unidos tiene un interés sustancial en asegurar límites claros. Los tribunales estadounidenses que supervisan el descubrimiento posterior a la sentencia sobre bienes de estados extranjeros presumiblemente inmunes deben adherirse cuidadosamente a los principios básicos de relevancia.
También deben ser sensibles a las importantes cuestiones de cortesía internacional, reciprocidad y relaciones exteriores que plantean un descubrimiento potencialmente grave.
Qué documentos reclaman los fondos litigantes a Argentina
El documento oficial detalla las exigencias que consideran excesivas. En este caso, los demandantes realizaron solicitudes de descubrimiento en el Tribunal de distrito buscando comunicaciones de altos funcionarios argentinos relacionados con entidades estatales.
Son exigencias incompatibles con las consideraciones de cortesía y reciprocidad que surgen en litigios que involucran a soberanos extranjeros, según el análisis norteamericano.
Los demandantes no quedaron conformes con los esfuerzos de Argentina para cumplir. Por eso presentó una moción en el tribunal de distrito solicitando la imposición de sanciones monetarias y de otro tipo contra Argentina.
El punto más sensible aparece en otro reclamo. Los demandantes también solicitaron información sobre la ubicación de las reservas de oro soberanas en el poder del banco central de Argentina.
Argentina sostiene que esos activos son inmunes a la ejecución por ser propiedad de un banco central extranjero. También afirma que carece de información sobre la ubicación de las reservas de oro en poder de una entidad jurídica separada.
La argumentación oficial norteamericana es terminante. Exigencias de descubrimiento intrusivas en áreas sensibles, particularmente en lo que respeta a la propiedad soberana ya las comunicaciones de funcionarios extranjeros, junto con la amenaza de sanciones y desacato por incumplimiento, pueden causar una fricción significativa.
Esa fricción no solo afecta a gobiernos extranjeros. También abre la puerta a órdenes recíprocas contra EEUU en tribunales extranjeros, un riesgo de que Washington no esté dispuesto a correr.
Qué estrategia sigue Argentina en el frente judicial internacional
Hace una semana, en su primera acción como Procurador del Tesoro en el caso YPF, Sebastián Amerio había presentado ante la Cámara de Apelaciones neoyorquina la paralización de la etapa de exhibición y producción de documentos.
También pidió frenar el requerimiento de aplicación de sanciones y la audiencia probatoria fijada para los días 21 al 23 de abril de 2026. Amerio recordó que el 26 de febrero, el Departamento de Justicia de EEUU ya había presentado un escrito en respaldo de la posición argentina.
La Procuración del Tesoro agradeció el nuevo respaldo del Departamento de Justicia de EEUU. En un comunicado, señaló que seguirá ejerciendo la representación del Estado Nacional con rigor técnico y responsabilidad institucional, en defensa de los intereses de la República Argentina.
En paralelo, Argentina alcanzó un principio de acuerdo con los fondos litigantes Attestor Master Value y Bainbridge Fund. Son los últimos acreedores que mantenían demandas activas contra el país por el default de 2001.
Así lo informó ambas partes a la jueza Loretta Preska en el Distrito Sur de Nueva York. El entendimiento involucra a los demandantes con sentencia firme a favorquienes mantenían reclamos judiciales por sumas millonarias y buscaban embargos sobre activos nacionales.
Esto, en principio, le permitiría a Argentina encapsular el litigio por YPF y concentrar allí sus esfuerzos jurídicos, políticos y diplomáticos. Una estrategia de frentes acotados en la batalla judicial internacional que el país mantiene en Nueva York.
