Frente a las declaraciones realizadas en las últimas horas por el presidente Gustavo Petro, en el sentido de que el déficit fiscal podría compensarse con recortes a la inversión en concesiones viales ya contratadas y con la devolución de recursos administrados en fiducias, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) hizo varias precisiones institucionales y jurídicas.
De acuerdo con el gremio, los recursos a los que hizo referencia el mandatario, administrados a través de fiducias en proyectos concesionados, no corresponde a dinero disponible ni a excedentes fiscales, sino a recursos con destino específico, asociados a contratos vigentes, cuya finalidad es garantizar la ejecución de obras estratégicas.
Por lo tanto, su naturaleza jurídica y funcional es clara y está directamente vinculada al cumplimiento de obligaciones contractuales previamente adquiridas por el Estado.
La CCI también aclaró que los recursos administrados por las referidas fiducias no suman 18 billones de pesos, como mencionó el presidente Gustavo Petro en su reciente alocución.
LEA TAMBIÉN
Foto:ANI
“Realmente los dineros que hoy están disponibles para el pago de las obras que se entregan gradualmente -a medida que se construyen los proyectos- es de 6,5 billones de pesos, los cuales están debidamente administrados por las fiducias, justamente, para garantizar la cabal ejecución de las obras”, aclaró Juan Martín Caicedo, presidente Ejecutivo de la CCI.
Además, el gremio aseguró que el planteamiento del presidente de la República en el sentido de que, ante la eventual caída de la emergencia económica, el déficit fiscal podría compensarse con recursos provenientes de concesiones viales de cuarta y quinta generación marca un punto de inflexión.
“La exhortación a que los concesionarios devuelvan recursos administrados en fiducias introducen una señal inédita: la infraestructura como variable de ajuste fiscal”, agregó.
Para el gremio también resulta paradójico que el presidente haya hecho especial énfasis en disponer de los recursos para saldar las deudas del Estado, pero en contravía a ello, pone en duda el desembolso de las vigencias futuras que son, a todas luces, un compromiso soberano de pago de deuda, por parte de la Nación.
Esta aproximación representaría un giro de fondo en la relación entre el Estado y el modelo de concesiones, y genera una señal de alta sensibilidad para la estabilidad jurídica y financiera del sector, especialmente en el contexto de decisiones y anuncios recientes que afectan proyectos ya contratados.
LEA TAMBIÉN
Foto:ANI
En cuanto a la terminación anticipada del contrato de concesión del corredor de carga entre Barranquilla y Cartagena, la CCI aseguró que esta decisión impacta directamente la conectividad, la logística y la competitividad de una región estratégica.
Al mismo tiempo, esta decisión del Gobierno Nacional establecería un mal precedente sobre la manera en que hoy se están abordando los contratos de infraestructura.
A este hecho se suman los anuncios relacionados con Autopistas del Café. La manifestación pública sobre una eventual terminación anticipada del contrato y la eliminación de los pesos del proyecto se produjo sin que existiera, hasta la fecha, una prerrogativa contractual que lo permita.
Aunque el contrato se mantiene vigente, el gremio aseguró que el solo anuncio ha generado incertidumbre jurídica, ha afectado la planeación del proyecto y ha tensionado la relación contractual.
En paralelo, el gremio de la infraestructura advirtió recientemente sobre el recorte de vigencias futuras en dos proyectos estratégicos: el Canal del Dique y la vía Mulaló-Loboguerrero.
LEA TAMBIÉN
Foto:Agencia Nacional de Infraestructura
La reducción de recursos, cercana a un billón de pesos, comprometería obras fundamentales para la competitividad, la seguridad hídrica, la conectividad del suroccidente y el comercio exterior.
Más allá de su impacto inmediato, la CCI manifestó que estos recortes no solo debilitan la planeación de largo plazo y la confianza, sino que Desconocen el ordenamiento jurídico que regula la obligación del Gobierno de dotar de los recursos necesarios a estos proyectos.
Sumado a lo anterior, hay que tener en cuenta que la iniciación de estas obras depende de decisiones medioambientales, del recurso exclusivo del Gobierno Nacional. En ese orden de ideas, los eventuales retrasos que puedan presentarse no son responsabilidad de las concesiones a cargo de estas iniciativas.
La CCI también recordó que las concesiones viales son un instrumento de política pública con una profunda función social. Las obras que estos recursos garantizan impactan directamente a millones de personas que habitan en las zonas de influencia de los proyectos.
Se traducen en vías más seguras para niños que se desplazan a sus escuelas, en trayectos más cortos y confiables para comunidades enteras y en mejores condiciones de acceso para regiones históricamente rezagadas.
LEA TAMBIÉN
Foto:Cortesia ANI
Por ello, el gremio destacó algunos aportes orientados a compensar medioambientalmente el impacto de las obras:
- Aproximadamente 1.100 programas de sostenibilidad ambiental
- Cerca de 3 millones de árboles plantados
- 1,2 billones de pesos en inversión en programas medioambientales
- 2,5 millones de elementos arqueológicos hallados
- 21.560 predios gestionados a nombre del Estado
- Más de 800 programas sociales
- Más de 117.000 millones de pesos en inversión social
- Más de 1,6 millones de personas impactadas
De acuerdo con la CCI, anuncios sobre terminaciones anticipadas, recortes presupuestales y exhortaciones fiscales ponen en riesgo la seguridad jurídica, la confianza inversionista y la estabilidad de un modelo que ha sido esencial para cerrar brechas, promover el desarrollo y mejorar la calidad de vida de los colombianos.
Por ello, reiteró que defender la institucionalidad del sector no es defender intereses particulares, sino proteger la ejecución de obras públicas, la confianza en las reglas del juego y la capacidad de planear el desarrollo a largo plazo.
“La Cámara mantiene su disposición al diálogo técnico, serio y responsable, y hace un llamado a preservar la infraestructura como una política de Estado, no como una herramienta coyuntural de ajuste fiscal”, manifestó.
