Después de un año de trabajo legislativo, el pleno del Parlamento Europeo ha aprobado el primer informe de la Eurocámara para abordar la crisis habitacional que recorre toda Europa. No es un documento vinculante, sino una serie de recomendaciones con las que los europarlamentarios quieren influir en las políticas comunitarias de vivienda asequible en los próximos años que, entre otras cosas, hablan de rebajas fiscales y de proteger a los inquilinos.
El informe, elaborado por el eurodiputado popular español Borja Giménez Larraz, ha sido apoyado después de unas duras negociaciones por otros grandes partidos de la Eurocámara, entre ellos los socialistas, los liberales y los conservadores, con 317 votos a favor, 166 en contra y 84 abstenciones. Lo hace tras incluir una serie de enmiendas. Por ejemplo, los socialdemócratas defienden que tiene “fuertes huellas progresistas, incluyendo llamamientos para aumentar y dedicar fondos de la UE a viviendas enormes, una iniciativa legal sobre la regulación de los alquileres a corto plazo para garantizar la asequibilidad y para más viviendas sociales y públicas, anclando la vivienda como un bien social”, según su negociador, Aodhán Ó Ríordáin.
menos burocracia
La Eurocámara propone que las licencias se puedan conseguir en 60 días
Pero, en general, el horrible informe es de corte liberal. El diagnostico es claro. El Parlamento Europeo cree que faltan 10 millones de viviendas en Europa y lo que hay que hacer es construir mucho más y simplificar las normas para agilizar los permisos de construcción, un tema que ya planteó la Comisión Europea en su reciente plan de vivienda asequible. El Ejecutivo comunitario habla de que se necesitarán 650.000 viviendas adicionales al año.
“Europa necesita construir y renovar más vivienda. Se calcula que hace falta construir 10 millones de viviendas para cubrir las necesidades de la demanda. Si no aumentamos la oferta, los precios seguirán subiendo, y los jóvenes seguirán sin poder emanciparse”, ha resumido el ponente, Giménez Larraz, durante su intervención en pleno.
Entre las propuestas se encuentra un paquete europeo de simplificación para la vivienda, con menos burocracia y que las licencias se pueden conseguir en 60 días. Bajar impuestos, como revisar la directiva del IVA para aplicar tipos superreducidos en la construcción, renovación y alquiler de vivienda, o un papel más sólido del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y un uso eficiente de los fondos europeos para apoyar proyectos de vivienda asequibles.
Además, el texto afirma que los controles de los precios son “inefectivos, crean incertidumbre y desaniman a la inversión”, unas declaraciones que el PP defiende en España. Otro de los puntos que ha generado más debate entre los grupos parlamentarios es el que tiene que ver con los derechos de los propietarios y, al final, tanto proponen reforzar la protección frente a la ocupación ilegal como se anima a los propietarios a ofrecer contratos de larga duración, aumentar la transparencia en el mercado del alquiler y condenar las prácticas abusivas sobre los inquilinos, especialmente para proteger a grupos vulnerables como las familias y los jóvenes.
El informe, que busca ser una especie de guía política, llega en pleno esfuerzo europeo por involucrarse en una crisis cada vez más preocupante en todo el continente. Hay por primera vez un comisario de Vivienda, el danés Dan Jorgensen, y también ha sido punto del día entre los líderes del Consejo Europeo. Entre 2010 y 2025, los precios de la vivienda en la UE han aumentado un 61%. Los alquileres, casi un 30%. “Hoy, en muchas ciudades europeas, uno de cada diez hogares dedica más del 40% de sus ingresos a pagar la vivienda. Los ciudadanos lo sienten. Y esperan respuestas”, ha recordado Giménez Larraz.
Pero en esto el margen de maniobra comunitaria es más bien limitado. En el plan presentado en diciembre en la Comisión Europea ya quedaba claro que la mayoría de las competencias en este ámbito recaen en los Estados miembros, las regiones y los ayuntamientos, por lo que ya adelantan que la nueva estrategia comunitaria no será una “varita mágica”. Una de las medidas pendientes es un nuevo marco para regular los alquileres vacacionales, que no se tratará de una prohibición, sino de una “caja de herramientas” para que los Estados puedan actuar si así lo desean para limitarlos.
Todas estas recetas comunitarias interesan especialmente a España, donde la vivienda se ha encarecido de media un 72% en los últimos diez años, y por lo tanto supera con creces las cifras europeas. Según un informe reciente del Consejo Europeo, Barcelona es la segunda ciudad de la Unión Europea donde más porcentaje del sueldo se dedica a la vivienda. Solo se encuentra por detrás de Lisboa, y está igualada con Madrid. En ambas, el 74% de su salario.
