El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a encarar los coletazos que restan de la legislatura utilizando una parte de los fondos europeos pendientes de materializar para moverse en el sector empresarial e intervenir en sectores que el Ejecutivo considera «estratégicos» para … la economía. A falta de unos meses para que finalice el programa Next Generation, en agosto, Sánchez ha puesto sobre la mesa la idea de usar 10.500 millones de euros para crear lo que él mismo denomina como «fondo soberano» amparándose en la «soberanía nacional» para dirigir la mirada de Moncloa hacia aquellos compañías que puedan considerar claves en las que adentrarse al abrigo de esta terminología.
El anuncio supone mantener una línea de acción de la que Moncloa ya se había válido en otras ocasiones, como ha ocurrido en Telefónica -donde el Estado, a través de la SEPI, ostenta un 10% del capital-, pero con un escudo financiero y sin tener que dañar las cuentas públicas para no recibir críticas de la oposición. Así, el Gobierno reconducirá la mitad de los fondos europeos pendientes, los 22.800 millones sobre los que la Comisión Europea había dado vía libre a España a finales del año pasado tras la aprobación de la última adenda de los fondos comunitarios destinados, en teoría, a la recuperación tras la pandemia.
Transcurridos más de cinco años desde aquel ‘shock’ al que España fue la economía menos inmune, el Ejecutivo ha vestido de largo su nuevo proyecto, para que sirva de «legado»tal y como ha indicado el presidente en el Spain Investors Day, mucho más allá de 2026. Se trata de un planteamiento en el que ha estado trabajando el Ministerio de Economía en los últimos meses después de que España rechazóse 60.000 millones de ayudas europeas, tal y como anunció a finales del año pasado, en buena medida por la falta de demanda para llevarlas a pie de calle con proyectos concretos.
El anuncio llega un mes después de que España rechazase 60.000 millones de financiación europea
Este plan pone encima de la mesa la posibilidad de que el Estado invierta a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en «sectores clave» para mejorar la productividad de la economía: vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, industria, economía circular, infraestructuras, saneamiento y seguridad. Todo un abanico de corporaciones en las que el sector público podría entrar, aunque lo haría junto a la propia empresa privada a través de «coinversiones» con las que pretenden movilizar unos 120.000 millones de euros. Una especie de ‘joint venture’ que el Estado usaría para adentrarse en el capital de compañías estratégicas para la economía nacional a través de préstamos, avales o instrumentos de capital. Es decir, acciones de esas corporaciones.
Todo pasa por Moncloa
Sánchez ha apuntado que «si los fondos NextGen fueron un ejercicio de soberanía europea, el Fondo España Crece será un ejercicio de soberanía nacional», ha enfatizado ante inversores internacionales en Madrid. De hecho, ya se ha celebrado la primera reunión del Comité de Inversiones Estratégicas, el órgano con el que Moncloa toma las decisiones de inversión empresarial. Una empresa encomendada a uno de los perfiles afines al presidente, Manuel de la Rocha, por quien pasan todas estas decisiones.
Con este movimiento, el Gobierno conseguirá actuar en el ámbito empresarial sin que las cuentas públicas se vean afectadas a medio plazo. Porque los desembolsos que se realizan con este fondo no computarán en déficit público. Además, se trata de un instrumento en el que el ICO tendrá un papel de independencia de gobernanza.
El Gobierno tenía disponibles alrededor de 83.000 millones de euros en préstamos en condiciones ventajosas, pero finalmente acabó solicitando en diciembre los referidos 22.800 millones de euros, lo que supone dejar de recibir el 70% de la financiación.
Aunque el Ejecutivo presentó esta renuncia como un síntoma de la buena marcha de la economía, por poder financiarse mejor en los mercados, la realidad es que con esta nueva modificación del plan. rebaja los compromisos adquiridos con Bruselascuyo cumplimiento estaba ciertamente en duda tanto por tiempos como por apoyos parlamentarios, y facilitar el cumplimiento de otros para poder aprobarlos sin tener que pasar por unas Cortes en las que no goza de mayoría parlamentaria y después de tres ejercicios fiscales sin actualizar los Presupuestos del Estado.
