El aumento real del salario mínimo y la modificación del parámetro de paso —la regla que deben utilizar las aseguradoras para proyectar el crecimiento anual de las mesadas de las rentas vitalicias — están elevando el costo de pensionarse y cambiando las condiciones para afiliados y pensionados del régimen privado. Un informe de Asofondos advierte que estos ajustes ya están generando efectos concretos sobre el seguro provisional, las mesadas y el tiempo necesario para acceder a la jubilación.
De acuerdo con el informe, el Gobierno adoptó dos decisiones simultáneas: “el mayor incremento real del salario mínimo desde los últimos 50 años” y la modificación del parámetro de medidas graduales del salario mínimo, que producen “Efectos acumulativos y sistémicos sobre los trabajadores afiliados y sobre los pensionados”. del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS).
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Para 2025, el salario mínimo legal vigente fue de 1.423.500 pesos y para 2026 subió a 1.750.905 pesos. Con una inflación observada de 5,1 por ciento, el ajuste implica “un incremento real cercano a 18 puntos porcentuales por encima de la inflación”.
Los cambios en pensiones elevan el ahorro exigido y retrasan la jubilación de millas de afiliados. Foto:iStock
El informe señala que la combinación de ese incremento y del nuevo parámetro de gradual elevó los umbrales de capital necesarios para acceder a una renta vitalicia. Mientras en 2025 el costo aproximado de una renta vitalicia de salario mínimo era de 350 millones de pesos, para 2026 asciende a 550 millones, un aumento de 57 por ciento que Obliga a ahorrar cerca de 200 millones de pesos adicionales para pensionarse.
Los seis cambios y efectos identificados por Asofondos son:
1. Cambio en el parámetro de sección del salario mínimo
El decreto 1485 de 2025 modificó el parámetro de sección que deben usar las aseguradoras para proyectar el crecimiento de las mesadas. El cálculo será el mayor valor entre el promedio del crecimiento real de la productividad de los últimos diez años y el 35 por ciento del promedio del IPC del mismo período.
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En la práctica, el informe advierte que este cambio implica que “el gobierno deja de hacerse responsable de los costos que imprimen sobre las pensiones” cuando el salario mínimo crece por encima de la inflación y la productividad, trasladando esos costos a afiliados y pensionados.
2. Presión sobre el seguro provisional
Uno de los impactos más inmediatos recae sobre el seguro provisional, que cubre invalidez y muerte antes de la jubilación y se financia con parte de la cotización obligatoria. Por ley, la suma de la prima del seguro y la comisión de la administradora no puede superar el 3 por ciento de la cotización.
Menos aseguradoras elevan el riesgo de dejar a 19 millones de personas sin seguro provisional. Foto:iStock
Con el nuevo parámetro, el costo actuarial aumenta y presiona ese límite. El costo ponderado del seguro se eleva a 2,63 por ciento, “quedando peligrosamente cerca del techo legal”. El informe advierte que, si la dinámica salarial continúa y el parámetro no cambia, el costo superaría el 3 por ciento en los próximos años, lo que haría inviable la operación del seguro bajo las reglas actuales.
El documento agrega que el mercado del seguro provisional se ha concentrado: el número de aseguradoras pasó de nueve a tres. En ese contexto, “la continuidad del seguro está en riesgo, lo que podría dejar a más de 19 millones de afiliados sin cobertura frente a invalidez o muerte, contrariando los
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principios fundamentales de la seguridad social.”.
3. Afiliados que deben posponer su pensión
El informe identifica un grupo de afiliados que tenían el capital suficiente para pensionarse bajo la normativa anterior, pero que ahora no cumplen las semanas para acceder al Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM) y pierden el derecho efectivo a pensionarse.
Se estima que 12.400 personas están en esta situaciónde los cuales 1.300 ya superan la edad de pensión. En promedio deberán cotizar 4,6 años adicionales, aunque en casos críticos el aplazamiento puede llegar a 20 años. El estudio incluye un ejemplo de este caso extremo, cuyos efectos corresponden a un hombre de 68 años y una mujer de 62.
12.400 afiliados deberán cotizar más tiempo pese a cumplir la edad de pensión. Foto:iStock
El documento resume este impacto señalando que el costo se traduce en “más años de trabajomayor incertidumbre y, en muchos casos, una exigencia materialmente imposible para trabajadores de mayor edad”.
4. Mayor dependencia del Fondo de Garantía
Otro grupo corresponde a afiliados que antes podían autofinanciar su pensión mínima y ahora no alcanzan el capital requerido, “aunque sí cumplirán o cumplirán las semanas requeridas para la garantía de pensión mínima”, señala en informe.
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Estas personas pasarán a dependientes del FGPM, lo que implica un mayor pasivo fiscal. Se estima que en 2026 habrá alrededor de 3.600 afectados y que en los próximos 15 años 32.500 personas ingresarán a este grupo, con un costo fiscal acumulado de 4,8 billones de pesos a precios de 2026.
Según el documento, el aumento del salario mínimo y el decreto de generación gradual generan “un gasto fiscal real” y un traslado intertemporal del gasto público.
Más de 115.000 personas enfrentarían retrasos, menores mesadas y nuevas exigencias para pensionarse. Foto:iStock
5. Reducción de mesadas en retiro programado
El informe también identifica impactos sobre pensionados en retiro programado que no cuentan con garantía de pensión mínima. El encarecimiento de la renta vitalicia obliga a aumentar reservas actuariales y recalcular la mesada.
Se estima que 72.600 personas están en este grupo y ya enfrenta reducciones que pueden llegar hasta el 50 por ciento frente a lo percibido el año anterior. Como ejemplo, un hombre en edad de jubilación con una pareja de diez años menor que recibira cerca de 3.400.000 pesos en 2025 podría estar percibiendo alrededor de 1.980.000 pesos, una caída del 42 por ciento.
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6. Pensionados sin acceso a renta vitalicia
Un cuarto grupo corresponde a afiliados pensionados en retiro programado que, al acercarse al salario mínimo, deben migrar a una renta vitalicia. Sin embargo, los nuevos umbrales elevan el requisito de capital.
El informe estima que cerca de 20.000 personas —14.000 hombres y 6.000 mujeres— quedan sin posibilidad de acceder a una renta vitaliciaquedando en un “limbo jurídico y financiero, sin una solución clara prevista en la normativa”.
Millas de pensionados perderían acceso a renta vitalicia y verían caer sus mesadas. Foto:Getty Images/iStockphoto
Asofondos calcula que más de 115.000 personas se verían afectadas en el corto y mediano plazo: 12.400 afiliados deberán posponer su pensión, 3.600 pasarán a dependiente del FGPM en 2026 —con una proyección de 32.500 adicionales en los próximos 15 años— y cerca de 72.600 pensionados se enfrentarán a reducciones de mesadasde los cuales 20.000 quedarían sin acceso a renta vitalicia.
A esto se suma el riesgo potencial para los más de 19 millones de afiliados ante la posibilidad de no poder contratar el seguro provisional.
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“El sistema enfrenta mayor incertidumbre, más años de cotización exigidos, menores pensiones y un traslado explícito de costos desde el Estado hacia los afiliados, pensionados y administradoras, configurando uno de los choques más relevantes para el régimen privado en las últimas décadas”, concluye el informe.
