Abbie Jane encontró en las redes sociales el único refugio frente a la homofobia que afirma sufrir en su instituto del interior de Australia. Para ella, la nueva ley australiana que prohibirá el acceso a redes a menores de 16 años, que Meta ya comenzó a aplicar desde este jueves, no protegerá a los adolescentes: los aislará y dejará sin apoyo.
“Pienso en los jóvenes que sufren acoso en la escuela y luego llegan a casa y sus padres tampoco los apoyan. Para muchos, el único lugar donde encuentran algo de seguridad es Internet”, dice Jane, que tiene 16 años y sí podrá seguir en redes.
La normativa, que entrará en vigor en Australia el próximo 10 de diciembre, y que compañías como Meta -matriz de Facebook o Instagram- comenzaron a aplicar desde hoy, fue defendida por las autoridades del país como una manera de proteger a los menores del ciberacoso o la exposición a contenido y algoritmos nocivos.
Jane, nacida en Broken Hill —una pequeña ciudad minera de unos 17.000 habitantes en el árido interior australiano— afirma que, en su caso, donde sufrió acoso continuo fue en el entorno escolar y social por pertenecer al colectivo LGTBIQ+, y halló en las redes su principal espacio de desahogo.
Aquella experiencia la llevó a crear el “Proyecto Rainbow Shoelace”, que reparte adornos con los colores del orgullo a adolescentes de Australia y otros países para poner en sus zapatos, y que ya supera los 350.000 paquetes distribuidos.
“Sin el proyecto, sin las redes, sin esa válvula de escape para mi rabia y tristeza, no sé si habría sobrevivido”, admite.
ley pionera
Australia pondrá en marcha a partir de la semana que viene una normativa pionera que obligará a las redes, entre ellas Meta, TikTok, Snapchat o YouTube, a implementar controles para asegurar que no pueden acceder menores de 16 años, teniendo como pena multas de hasta 32,5 millones de dólares.
La iniciativa no dejó a nadie indiferente: mientras asociaciones de padres y parte de la clase política la ven como una manera de blindar a los menores de la maraña de contenidos en redes, otros consideran que es excesivo y que exponen a otros riesgos.
En Sídney, Hadiya Fatima, de 17 años y vicepresidenta del consejo estudiantil del ministerio de Educación de Nueva Gales del Sur y fundadora del pódcast Proyecto Girlhood, también vio en las redes algo más que entretenimiento cuando descargó Instagram con 14 años.
“En el colegio casi no hay espacio para hablar de democracia, justicia climática o violencia de género. En redes, jóvenes enseñan a otros jóvenes. No solo aprende qué es la política: aprende cómo participar en ella”, explica.
Hadiya llegó desde Pakistán con cinco años y perfeccionó su inglés viendo vídeos en YouTube. Describe las redes como “una esfera pública paralela”, crucial para chicas, jóvenes en zonas rurales y estudiantes LGTBIQ+.
“Si cierras ese espacio, no solo recortas acceso a plataformas: recortas acceso al poder”, alerta.
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En Melbourne, Ivy Sheng tampoco buscaba ser activista cuando abrió sus cuentas a los 13. “Solo quería compartir lo que iba aprendiendo en el movimiento climático”, recuerda.
Hoy, con 16 años, combina su trabajo en la Coalición Juvenil Australiana por el Clima con “Taught, Not Told” (Enseñado, No Contado), un podcast que conecta generaciones a través de historias personales.
“Lo bonito de Instagram es que no se queda en mi barrio: te conecta con gente de todo el país preocupada por la crisis climática”, afirma.
Miedo a perder comunidad y voz ante veto de redes sociales
Las tres experiencias de las adolescentes convergen en la misma preocupación: el impacto del veto sobre la capacidad de los jóvenes para informarse, organizarse y construir comunidad.
Hadiya alerta de su efecto en la participación democrática: “muchos estudiantes rurales se ingresan de consultas públicas, peticiones y campañas a través de las redes. Si cortas ese canal, estrechas el embudo: menos voces informadas y menos diversidad donde se decide”.
Ivy teme que se cierra una “ventana formativa” esencial: “empecé a entender qué era el activismo climático a los 13. Si retrasas todo hasta los 16, habrá gente que llegue a la edad de votar sin haber visto jamás cómo se organiza una huelga o una campaña”.
El Gobierno de Camberra defiende el veto como forma de proteger la salud mental de niños y adolescentes. Subraya que no habrá sanciones para menores ni familias: la responsabilidad recae en las plataformas.
Desde sus habitaciones, entre deberes e iniciativas juveniles, Abbie, Hadiya e Ivy no niegan los peligros de la vida digital.
Pero insisten en que prohibir no equivale a proteger y reclaman otras alternativas: alfabetización digital desde edades tempranas, más apoyo psicológico, medidas reales contra el acoso escolar y una regulación más estricta de las plataformas.
“Las herramientas pueden cambiar”, concluye Hadiya. “Hoy son Instagram o TikTok, mañana será otra cosa. Pero nuestra voz y nuestra capacidad de cambiar las cosas no deben depender de la app de moda. Necesitamos que confiemos en nosotros y nos den medios para usar estas herramientas de forma crítica y segura”.
Con información de EFE
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