Tras tres largos años de espera, el Ministerio de Función Pública anunció ayer a los sindicatos que ha iniciado el procedimiento para implantar la jornada de las 35 horas en la Administración General del Estado. Se trata de un compromiso que el Ejecutivo de Pedro Sánchez adquirió en la firma de Acuerdo Marco para la Administración del Siglo XXI, que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 14 de noviembre de 2022.
¿A quién afecta la medida?
La implantación de las 35 horas laborales afectará a los 246.418 funcionarios adscritos a la Administración General del Estado, que durante años han venido señalando la discriminación que sufrían con su jornada de 37,5 horas frente a funcionarios de algunas comunidades autónomas y ayuntamientos. En cualquier caso, la medida no será de aflicción comunidades autónomas y corporaciones locales que no la tengan ya implantada.
¿Quién queda fuera?
Aunque la medida está garantizada para todos los funcionarios de la Administración General del Estado hay un colectivo en duda. Se trata de los funcionarios de prisiones, quienes pese a ser considerados parte de la AGE tienen una mesa de negociación propia en la que negocian las medidas en base a las especificidades de su trabajo. En esta ocasión ocurrirá igual, aunque los sindicatos reclaman que su jornada laboral quede equiparada también a estas 35 horas.
¿Cuándo estará implantada?
El Gobierno solo ha indicado que comienza ahora la tramitación de la medida, pero los sindicatos confían en que pueda estar en vigor en torno al mes de marzo de este mismo año.
¿Hay un calendario para este proceso?
Si. El Ministerio de Función Pública convocará la Comisión Superior de Personal y la Comisión Permanente los días 10 y 11 de febrero para informar de dicha modificación de la jornada a los subsecretarios y subdirectores de personal de los distintos departamentos ministeriales. Posteriormente, elevará la propuesta a la Mesa General de la Administración del Estado donde se negociará con los sindicatos.
¿Cómo afectará a los funcionarios?
La medida supone un recorte de la jornada laboral de 2,5 horas. De las 37,5 actuales a 35. Para ello, la Secretaría de Estado de Función Pública trabaja en una propuesta de aplicación que será negociada con los sindicatos y que tendrá que ajustarse a cada uno de los centros de trabajo de la Administración en función de las necesidades propias de cada uno.
¿Cuál es la posición de los sindicatos?
Los tres principales sindicatos del sector público —CCOO, UGT y CSIF— celebran la medida, pero piden que cumpla con el resto de compromisos adquiridos en el acuerdo marco como la regulación del teletrabajo, la clasificación profesional o la reincorporación a la jubilación parcial del personal contratado.
¿Es la primera vez que los funcionarios van a tener jornada de 35 horas?
No. La jornada de 35 horas fue un derecho laboral conquistado en la Administración pública ya en la década de los años 90 del siglo pasado, sobre todo en comunidades autónomas y ayuntamientos.
¿Por qué se perdió?
Fue resultado de las medidas de ajuste aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy como consecuencia de la crisis de 2008. Fue en 2012, cuando España estuvo al borde del rescate financiero cuando, entre otros muchos recortes, se impuso por ley una jornada mínima de 37,5 horas semanales para todo el sector público estatal que se aplicó sin compensación salarial lo que supuso una homogeneización al alza del tiempo de trabajo para todos los empleados públicos.
¿Por qué ha costado tanto la recuperación?
El proceso de recuperación de las 35 horas se inició con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018. Entonces el Gobierno permitió la recuperación progresiva de la jornada de 35 a las comunidades autónomas y entidades locales siempre que estos entes cumplieran con los objetivos de estabilidad presupuestaria. De esta forma, entre 2018 y 2020 se fue recuperando en algunas generando una clara asimetría tanto entre territorios como entre funcionarios locales y funcionarios nacionales.
