El Ministerio de Trabajo ha propuesto a los agentes sociales una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 3,1% para el 2026, lo que supone colocarlo en 1.221 euros mensuales por catorce pagas, sin tributación al IRPF. Era la opción que se consideraba más probable y es la que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha presentado hoy a sindicatos y patronal. Estos no han dado todavía su respuesta, pero se espera en los próximos días.
Hasta el momento, la postura era muy próxima al acuerdo por parte de CC.OO. y UGT y en cambio, muy lejana por lo que respeta a la CEOE, aunque hoy Trabajo les ha intentado tentar con su planteamiento de estudiar una de sus reivindicaciones históricas, relajar las reglas de desindexación de la contratación pública. El punto flaco de la oferta es que la decisión no corresponde a este ministerio.
El aumento de 37 euros al mes hasta llegar a los 1.221 euros mensuales coincide con una de las dos alternativas planteadas por el comité de expertos que asesora al Gobierno sobre el SMI, que había sugerido para este año un aumento del 3,1% si el salario mínimo seguía sin tributar. La propuesta llega después de la entente entre Trabajo y Hacienda para que este año, de nuevo, se evite la tributación del SMI. Pérez Rey ha reafirmado que la propuesta estaba consensuada con Hacienda, que era por tanto una propuesta del Gobierno. De esta manera, el Ejecutivo se ahorra un conflicto como el mantenido el año pasado entre los dos ministerios que acabó con una solución en principio puntual, como fue ampliar la deducción de los beneficiarios del salario mínimo, y que ahora se podría repetir.
Un tema que es esencial para los sindicatos, como la prohibición de absorción de pluses con la subia del SMI no se ha tratado en la reunión, ya que se tratamita de forma separada. Es un elemento que CC.OO. y UGT consideran indispensable para dar su acuerdo a la subida, y al que la CEOE se opone. Incluso ha advertido que recurrirá a los tribunales si se adopta por una norma que no tenga rango de ley, como planea Trabajo.
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Por otro lado, Trabajo, se ha comprometido a estudiar “seriamente” la relajación de las normas de desindexación en la contratación pública. Es un gesto hacia la patronal que siempre se ha quejado de que las empresas en las que el gasto de personal es elevado y que trabajan para la administración pública se ven obligadas a aumentar los salarios sin poder repercutirlos en sus facturas.
El Ministerio de Trabajo siempre se ha mostrado a favor de esta modificación, y ahora hay una ocasión oportuna para llevarla a cabo con la transposición de la directiva europea sobre el salario mínimo, pero lo cierto es que la decisión depende básicamente de Hacienda, que hasta el momento siempre se ha opuesto a esta medida. El único compromiso que ha podido dar Pérez Rey es el de negociar con los otros ministerios competentes.
Las subidas consecutivas del SMI han supuesto que el salario más frecuente en España ya se sitúa en su entorno. El porcentaje de trabajadores que lo recibieron en el 2023 era del 7,4%, y si se amplia el enfoque hasta los trabajadores con bases de cotización hasta el 125% del SMI, suponen el 22,8% del total. Cifras que muestran una concentración de salarios en el entorno del SMI, lo que supone el riesgo de que personas experimentadas o con cualificación media queden varados en esta zona, cuando les correspondería una remuneración superior. En principio, el SMI debería ser la referencia solo para trabajadores sin cualificación o sin experiencia. Este es un riesgo del que alerta en su informe la comisión de expertos que ha planteado la subida del 3,1% este año.
