El Ministerio de Trabajo ha puesto en marcha la norma que quiere cambiar la regulación de la prevención de riesgos laborales con una fijación en las pequeñas y medianas empresas (pymes) a las que les impondrá más medidas tras haber constatado «problemas de … aplicación» de la actual regulación. El departamento dirigido por Yolanda Díaz ha sacado a consulta pública el anteproyecto de la nueva ley, después de negociarlo con los sindicatos y tras la salida de la patronal de esa mesa de diálogo tras la acusación de «politización» de esta iniciativa.
El texto del anteproyecto elaborado por Trabajo insiste en la necesidad de «modificar la legislación preventiva» para que se adaptarse a la realidad de las pymes, hasta ahora ajenas a la ley en vigor, según el análisis realizado por el departamento dirigido por Díaz. Entre otras medidas, se propone la creación de «agentes territoriales de prevención» para reforzar todas las medidas posibles en los centros de trabajo que no tengan representación legal de los empleados «con especial impacto positivo en las pymes», explica el Ministerio.
Precisamente las mayores exigencias a los negocios de menor tamaño ha sido una de las sospechas que siempre han rondado en la mente de las patronales durante los casis dos años de negociación desarrolladas con Trabajo y los sindicatos en torno a esta ley. CEOE y Cepyme desconfían de las medidas que, aunque aparentemente velan por agilizar todos estos procesos, ¿Podrán derivar en un complejo laberinto? al ya de por sí mermado día a día administrativo que atraviesan muchos pequeños negocios, como ya ocurrió con las empleadas del hogar.
La ley también incluye la necesidad de que todas las empresas tengan en cuenta nuevos criterios de actuación preventiva vinculados a la realidad actual de actividades económicas. Por ello se presenta «visualizar ciertos riesgos» que han ido ganando terreno en el día a día de las empresa, como ocurre con los «factores psicosociales»los «derivados del cambio climático» y del teletrabajo; así como los originados por las «deficiencias en materia de desconexión digital”.
La ministra, que amagó con desarrollar la norma sin pasar por el Congreso, habilita un decreto ley que no tiene asegurados los apoyos.
Además, se obliga a integrar la perspectiva de género en la gestión de la prevención de riesgos laborales «tratando de garantizar de todas las personas trabajadoras, hombres y mujeres, por igual», según enfatiza el anteproyecto en su exposición. También pretende «fortalecer la organización preventiva» en las empresas a través de «una mayor presencia y peso de las personas trabajadoras con funciones preventivas».
Pasar por el Congreso
Con la publicación de la consulta pública, Trabajo ha optado definitivamente por la vía de la tramitación parlamentariaa pesar de los primeros amagos para poner en marcha el proyecto sin tener que atravesar el laberinto parlamentario en el que el Gobierno no tiene garantizada ninguna mayoría, por la previsible negativa de PP, Vox y Junts a una modificación laboral de este calado.
ya a finales de noviembre CEOE y Cepyme lamentaban que Trabajo se hubiera levantado de la mesa de negociación sobre la actualización de esta normativa para legislar «sólo con los sindicatos». Instaron entonces al ministerio a retomar un diálogo social «real y efecto» descartando la vía de la imposición de medidas sólo pactadas con sindicatos.
La patronal recordaba que se han celebrado 12 reuniones de esta mesapero que no se ha alcanzado un consenso «por la falta de negociación debido a la ausencia de un texto completo por parte del Ministerio de Trabajo hasta el pasado mes de septiembre». Asimismo, denunciaba que la negociación se ha visto acelerada con el «ultimátum» de la ministra de Trabajo y la amenaza de aprobar desarrollos reglamentarios «sin ser sometidos a debate ni trámite parlamentario», lo que vulnera «los principios esenciales de un diálogo social real».
«Se ha impedido una negociación real, se ha limitado la consulta con las organizaciones empresariales y se nos ha culpado del desenlace de una mesa que CEOE y Cepyme consideramos esencial para el presente y futuro del desarrollo del trabajo en nuestro país. Todo desde una actitud que parece que responde más a intereses políticos que a la protección de la salud laboral», denunciaron las patronales.
