Burford Capital salió a fijar posición tras el revés en la Corte de Apelaciones de Nueva York con un comunicado en el que combinó criticas al fallo, Advertencias sobre el impacto financiero y la puerta abierta a nuevas instancias judiciales. Anticipó próximos pasos judiciales y que podría incluso acudir a un tribunal internacional de arbitraje.
En su lectura del fallo, el fondo puso el foco en lo que mostró una contradicción central. Según destacó, la propia Corte reconoció “la violación consciente y flagrante por parte de la República de las promesas que hizo a los inversores extranjeros”, al tiempo que —subrayó— “ninguna de las partes, incluida Argentina, disputa que Argentina violó los Estatutos de YPF”.
En esa línea, Burford remarcó que el compromiso de realizar una oferta pública tras la toma de control había sido un elemento clave para atraer inversores internacionales, especialmente en el mercado estadounidense.
El comunicado insistió en que esas garantías no eran accesorios, sino parte del diseño mismo de la privatización. La Corte, señaló, recordó que la intención era “asegurar a los inversores privados (…) que estarían protegidos”, e incluso que sin esas protecciones “bien puede ser que la República no hubiera podido recaudar” fondos en Wall Street.
Para el fondo, el hecho de que esas promesas no hubieran sido cumplidas “puso en duda la seguridad de la inversión extranjera en el país en términos más amplios”.
Sin embargo, el punto de mayor crítica apuntó al corazón del fallo: la conclusión de que ese compromiso no era exigible en la jurisdicción elegida. Burford interpretó que el tribunal sostuvo que promesas de este tipo —centrales para el funcionamiento de los mercados de capitales— “no necesariamente podrían hacerse cumplir”, lo que mostró una señal negativa para los inversores.
También cuestionó que se hubiera derivado el reclamo al ámbito de la ley de expropiaciones argentina, al entender que ese camino no ofrecía una vía efectiva para hacer valer los derechos previstos en el estatuto.
En ese contexto, el fondo anticipó que el litigio está lejos de cerrarse. Señaló que evaluaba pedir una revisión “en pleno” ante todo el Segundo Circuito, aunque reconoció que ese tipo de recursos rara vez prosperaba.
Más adelante, no descartó incluso acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos. En paralelo, dejó abierta otra alternativa: avanzar con un arbitraje internacional bajo tratados de inversión, una vía que —recordó— siempre había estado disponible y en la que la Argentina tenía antecedentes adversos. Puede tratarse del tribunal del CIADI, que depende del Banco Mundial.
El impacto financiero del fallo también ocupó un lugar relevante en el comunicado. La compañía adelantada que debería aplicar una amortización parcial sobre el valor del caso YPF en su balance, conforme a sus políticas internas.
El CEO de la firma, Christopher Bogart, sintetizó la postura con una mezcla de decepción y pragmatismo. “La decisión del Segundo Circuito es obviamente muy decepcionante y un abandono notable de los derechos de los accionistas minoritarios de la NYSE”, afirmó.
