Donald Trump ha lanzado una propuesta tan efectiva como equivocada: impedir por ley que los grandes fondos institucionales comprendan viviendas unifamiliares. «La gente vive en casas, no las empresas», ha escrito. La medida, aplaudida por su electorado populista, supone una concesión al ‘voto del cabreo’, … pero detrás hay un diagnóstico tan simple como peligroso. Culpar al capital de la inflación inmobiliaria es un viejo recurso de la extrema izquierda, al estilo de Podemos en España o de los controles de precios que asfixian el mercado catalán. Que esa narrativa sea recogida por la derecha populista, como ocurre en España, no lo hace menos dañino. La raíz del problema no está en quién compra, sino en cuánto se construye. Como ha advertido Toni Roldánsi un país necesita levantar 500.000 viviendas anuales y apenas alcanza las 100.000 –de las cuales sólo 10.000 son públicas–, atacar la inversión es dispararse en el pie. Los fondos institucionales, lejos de ser una amenaza, son en muchos casos socios necesarios para movilizar suelo, financiar obra nueva y asumir los riesgos que la Administración rehúye. Su retirada del mercado –por ley o por la hostilidad política– solo agravaría la asfixia de la oferta.
El analisis de John Authers en Bloomberg es coincidente: los grandes tenedores de vivienda pueden encarecer los precios al tener acceso preferencial al crédito, pero también actúan donde otros no llegan. Compran vivienda nueva al por mayor y permiten escalar la construcción. Penalizar su actividad no sólo tendría un efecto limitado sobre los precios –como admitir incluso los asesores de Trump–, sino que añadiría incertidumbre regulatoria a un sector ya golpeado por la inflación de costos y los tipos altos.
La experiencia europea es aleccionadora. Es Barcelonalas políticas restrictivas contra inversores y promotores –como la obligación de destinar el 30% de cada proyecto a vivienda social– han provocado un colapso de los visados de obra nueva, que en 2023 cayó a un 23% del nivel de 2019. El resultado: menos viviendas y precios más altos para todos.
El verdadero cuello de botella no es la demanda especulativa, sino la parálisis de la oferta. En EE.UU. UU., como en Europa, los trámites urbanísticos pueden tardar hasta una década, y la inseguridad regulatoria desincentiva cualquier inversión a largo plazo. Si a eso se suma un discurso abiertamente hostil hacia los actores privados, el resultado es un entorno en el que nadie construye. La política populista ofrece culpables, no soluciones..
La crisis de la vivienda no se resuelve demonizando al capital, sino atrayéndolo con reglas claras, suelo disponible y seguridad jurídica. Trump, en su afán por capitalizar el malestar, elige el camino contrario: más intervención, menos inversión. Como anunciaba ‘The Economist’ sobre el Reino Unido, la única política progresista hoy está construyendo. Todo lo demás –incluidos los globos sonda populistas– no son más que atajos hacia el fracaso. jmüller@abc.es
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