El presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Rodrigo Correase reunió este martes con unos pocos representantes de las asociaciones de productores y un cooperativista. Los referentes se mostraron conciliadores, pero advirtieron que si los precios no mejoraban en un lapso de tiempo razonable, podrían volver a marchar con sus tractores a Posadas, tal como sucedió entre 2001 y 2002.
Los yerbateros desembarcaron con un petitorio de siete puntos. En esa nota reclaman un trabajo conjunto de toda la cadena productiva, mejorar los precios, devolverle las facultades que el Gobierno Nacional le podó al Instituto, mantener el Convenio de Corresponsabilidad Gremial (pago de aportes contra entrega de la producción), mantener los controles de calidad, que se siga registrando a los productores yerbateros y continuar con el pago de becas estudiantiles.
Los productores que llegaron hasta la sede del INYM, en el microcentro de Posadas, calificaron de “amena” la reunión con Correa, pero también marcaron la necesidad de recuperar rentabilidadtras más de dos años de percibir por la materia prima valores que están por debajo del costo de producción. La última zafra cerró con precios por debajo de los 300 pesos por kilo de hoja verde Puesta en el secadero, muy por debajo del costo de producción que se calculó en 430 pesos sin tener en cuenta el margen de rentabilidad.
Por el lado de las asociaciones estuvieron presentes Jorge Skripczuk y Luis Andrusyszyn (Impulso Yerbatero), Waldemar Schwider (Casa de la Familia Yerbatera de San Pedro) y Jorge Lizzinies (Cooperativa Jardín América).
El nuevo presidente del INYM buscó comprar tiempo. Les dijo a los yerbateros que estaba interiorizándose del funcionamiento del Instituto y que no tenía previsto desmantelar el sector que trabaja en los controles de calidad.
Los productores le manifestaron su disconformidad por la decisión de convocar a sólo cuatro de las doce asociaciones de productores. Y le pidieron a Correa que se realizara una reunión ampliada en la zona centro de la provincia. “El presidente nos dijo que iba a gestionar ese encuentro pero no puso fecha tentativa”, advirtió uno de los yerbateros presentes en la reunión de este martes.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) y uno de los referentes de los tractorazos yerbateros de 2001 y 2002, Hugo Sand, fue otro de los convocados, pero no participaron.
El dirigente indicó “contraproducente para el sector yerbatero” que se limita la participación a cuatro asociaciones de productores porque con eso “no estará representada toda la zona productora, acotando la información y diagnóstico socio económico… dividiendo a los productores y sembrando dudas sobre la transparencia y objetivos que encabeza la nueva presidencia de la institución”.
“APAM ratifica principios como el trabajo en conjunto, la diversidad y la ayuda mutua para superar los desafíos colectivamente, en línea con los hechos históricos que nos dieron buenos resultados, y también ratifica el reclamo permanente de la restitución de todas las facultades del INYM, acorde a la Ley 25.564 que le dio origen y está vigente”, señaló a través de un comunicado.
El INYM fue creado en 2002 luego que los productores yerbateros acamparon en Posadas con sus viejos tractores y camiones durante 53 días. Fue el epílogo de una crisis terminal provocada por la decisión del gobierno de Carlos Menem de desregular la actividad.
El Instituto comenzó a fijar semestralmente valores de referencia para la hoja verde y la canchada (seca, sin molienda) teniendo en cuenta los costos de producción. y el sector comenzó una lenta recuperación.
A multas de 2023, el Gobierno Nacional avanzó con la desregulación de la economía yerbatera, provocando una fuerte caída en los precios. Mientras el sector industrial le paga cada vez menos a los productores primarios, en las góndolas el valor del paquete de yerba no para de incrementarse.
El 2025 se cerró con una recuperación del mercado interno y un fuerte incremento de las exportaciones, pero eso no alcanzó para que los chacareros recuperen la rentabilidad perdida.
El Gobierno Nacional mantuvo acéfalo el Instituto durante más de dos años. En diciembre pasado designó a Rodrigo Correa, quien avanzó con el despido de 21 empleados y un fuerte incremento en el costo de la estampilla que va adherida en los paquetes de yerba y sirven para financiar al organismo.
