Cuando apenas descansan tres meses para que se cumplan los cuatro primeros años de la última reforma laboral, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no consiguió sacar adelante resultados de la mesa de evaluacion a la que le obliga la propia ley … para valorar los aspectos positivos y negativos de aquella norma. Debía haberlo hecho desde principios de este año, cuando se cumplían tres ejercicios en vigor. Pero el actual clima del diálogo social ha impedido realizar cualquier tipo de avance por parte del Ministerio de Trabajo, según apuntan fuentes de la patronal.
Esta primera autoevaluación no era un capricho sino una obligación que marca la propia norma que el Gobierno sacó adelante en una votación agónica. El texto insta a la vicepresidenta segunda ya los agentes sociales a sentarse cara a cara para evaluar los efectos de aquella medida: ahora hay más empleo y menos temporalidad; pero también más finiquitos en los fijos y más contratación a tiempo parcialdos factores que explican por qué una parte de la población no llega a fin de mes o tiene que recurrir a un segundo trabajo.
Una disposición adicional (la 24) del texto de la reforma laboral obliga a «efectuar una evaluación» de la temporalidad en España a principios de 2025. Tanto la «general» como «por sectores»especifica, publicando las estadísticas. Y si el grado de estabilidad del mercado de trabajo no ha «avanzado» lo suficiente, el Ejecutivo debe proponer medidas para lograrlo. E incide la ley: «Ya sea en la general o en la de los diferentes sectores».
Se trata de un comité en el que participan CEOE, Cepyme, UGT y CC.OO. junto al Ministerio de Trabajo. Se toman como referencia los datos de enero de 2025 para compararlos con los de principios de 2022. Entonces la situación económica era muy diferente: España no había salido del ‘shock’ de la pandemia y afrontaba el reto de la invasión rusa de Ucrania y de una inflación que, por entonces, ya era galopante. Por ello optaron por darse un margen de tres años para evaluar el impacto de la reforma laboral.
La patronal, que admite la parálisis total en este tipo de evaluaciones necesarias cuando ya han transcurrido casi cuatro años, viene exigiendo que Trabajo no haga uso de «normas no laborales» que han ido cambiando el mercado de trabajo», apuntan los empresarios, como la intención de modificar el despido. Aquí es donde los sindicatos exigen cambios. Tras el dictamen del Consejo de Europa para adaptar las condiciones del despido en España, UGT y CC.OO. consideran que es momento de abordar ese debate. También incidirán en la necesidad de abordar los contratos de formación. Una modalidad que la reforma laboral puso encima de la mesa pero que apenas se ha usado.
