En una sesión marcada por la rapidez y la unanimidad, la Asamblea Nacional de Venezuela, de amplia mayoría oficialista, aprobó este jueves la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, un giro en la política petrolera que contrae de manera significativa los controles estatales sobre la industria y abre generosas facilidades al capital privado y extranjero.
La medida, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, busca revitalizar la alicaída producción de crudo —ahora de solo o menos de un millón de barriles diarios— y atraer inversiones internacionales, incluso con el reconocimiento del arbitraje internacional en disputas de inversión, lo que recorta la soberanía del país sobre su industria clave.
“El petróleo debajo de la tierra no sirve para nada”, dice Rodríguez, el jefe parlamentario
En la calle, miles de trabajadores petroleros se desfilaron por Caracas, en respaldo a la reforma, dado que esperan un repunte de la producción y una mejora de sus magras economías familiares. “Esta ley va a impulsar la garantía para que nuestro país sea esa potencia que hemos querido siempre”, dijo el joven trabajador Jesús Batista durante la movilización.
El oficialismo celebró la aprobación como un paso decisivo para reactivar la principal fuente de divisas del país. “Seguramente va a haber una explosión positiva de la inversión, la producción petrolera”, dijo el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez Gómez. “El petróleo debajo de la tierra no sirve para nada; el que sirve es el petróleo que se saca para el bienestar y la prosperidad de todos”.
La reforma establece un límite de regalías del 30% y otorga al Ejecutivo la facultad de fijar porcentajes diferenciados según las necesidades de inversión y competitividad de cada proyecto. Además, flexibiliza el pago directo de regalías y deroga impuestos que durante dos décadas han reforzado el control estatal. El inversor asumirá los costos operativos y los riesgos de financiación, mientras que el Estado mantenga la propiedad de los yacimientos.
La presidenta interina Rodríguez ha insistido en que la nueva legislación sea “respetuosa de la soberanía nacional”, aunque adaptada a las prácticas internacionales del sector. “Es una ley clara, con seguridad jurídica, con normas, adaptada a las prácticas internacionales”, afirmó en su mensaje sobre el estado de la nación el pasado 15 de enero.
“Un golpe a la soberanía petrolera”; “Un retroceso histórico”, alegan algunas críticas
No todos celebraron la reforma. El exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírezcalificó la aprobación como la “erradicación” de la política petrolera de Hugo Chávez y la derogación de la nacionalización de 1976. “Se trata de borrar de un zarpazo las conquistas nacionales de casi 70 años y pretender cancelar el pensamiento nacionalista petrolero del país”, escribió en su cuenta en X.
Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela entre 1974 y 1979, llevó adelante en 1976 la nacionalización del petróleo y creó la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) con lo que puso fin a la explotación directa de las transnacionales. Aunque la medida suele asociarse con políticas de corte socialista, Pérez no era un dirigente de izquierda, sino un líder del partido socialdemócrata Acción Democrática que impulsó la nacionalización como un proyecto de modernización y soberanía económica.
Ramírez, quien se dirigió a la estatal entre 2004 y 2013 y ahora en el exilio acusado por los chavistas de corrupción y sobornos al malversar millones de dólares, sostuvo que la reforma elimina el control estatal sobre la Faja Petrolífera del Orinoco y permite que compañías privadas comercialicen directamente el crudo, lo que antes estaba reservado al Estado por la Constitución.
También criticó la inclusión del arbitraje internacional, al considerar que se “cede” la soberanía jurisdiccional. “Habría ahora que saber a favor de quién se entrega el petróleo de los venezolanos”, advirtió.
Por su parte, el Partido Comunista de Venezuela (PCV), que está intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia, coincidió en señalar la reforma como un “retroceso histórico”.
En Venezuela, la “intervención judicial” de partidos ha sido utilizada para neutralizar organizaciones críticas al oficialismo, restándoles capacidad de acción y de oposición efectiva.
En un comunicado, el PCV denunció que la nueva ley “desmantela la soberanía petrolera” y viola el artículo 302 de la Constitución al permitir que empresas privadas operen directamente en actividades primarias —exploración, extracción, transporte y almacenamiento— sin participación estatal.
La formación alertó además sobre la posibilidad de retribuir a las compañías en especie, mediante volúmenes de hidrocarburos para su comercialización directa, lo que supondría un “traspaso efectivo de la renta petrolera y una pérdida de soberanía económica en beneficio del capital privado”.
El PCV también cuestionó que las controversias contractuales puedan resolverse fuera de los tribunales venezolanos, exponiendo al país a instancias de arbitraje internacional.
“Se limita a exigir una simple notificación, vaciando de contenido las funciones de control y auditoría del Parlamento”, señaló el partido, que considera que la gestión de las empresas mixtas quedará subordinada a criterios de rentabilidad empresarial y no al interés nacional.
Prohibición del Tesoro estadounidense
La reforma se produce en un escenario de intensas presiones desde Estados Unidos, que actúa como un poder extraterritorial controlador de Venezuela. En tal sentido, el Departamento del Tesoro emitió una licencia general que prohíbe las transacciones de petróleo venezolano con empresas rusas, chinas, iraníes, norcoreanas y cubanas.
El documento establece que cualquier entidad que venda o suministre petróleo venezolano a países distintos de Estados Unidos debe presentar informes periódicos y prohíbe el uso de buques sancionados para transportar crudo.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Washington administrará la venta de petróleo y “otros recursos” de Venezuela, tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por tropas estadounidenses.
El presidente Donald Trump declaró que su gobierno controla ahora la industria petrolera venezolana y gestiona la distribución de ingresos. Según el mandatario, la llegada de grandes compañías energéticas permitirá al país caribeño generar “ganancias sin precedentes”.
Un giro histórico en la política petrolera.
La reforma aprobada por la Asamblea Nacional representa un cambio radical respecto a las políticas de nacionalización impulsadas por Chávez en 2006 y 2007, cuando se crearon empresas mixtas bajo control mayoritario de PDVSA y se nacionalizó la Faja Petrolífera del Orinoco.
En aquel momento, compañías como ExxonMobil y ConocoPhillips abandonaron el país y acudieron a tribunales internacionales, mientras que Chevron recibió condiciones desfavorables para asociarse con la estatal PDVSA.
Hoy, el gobierno interino apuesta por revertir esa política y ofrecer garantías a las principales petroleras estadounidenses, que hasta ahora habían dudado en regresar al país.
Con reservas estimadas en 303 mil millones de barriles, Venezuela posee una de las mayores riquezas petroleras del mundo, pero enfrenta una crisis económica prolongada, agravada por la caída de precios, la deuda externa y las sanciones internacionales.
