Imran Ahmed, uno de los cinco funcionarios europeos a los que Estados Unidos acusa de censura por sus advertencias contra los discursos de odio y la desinformación en línea, quedó amparado por la orden judicial de un tribunal de distrito de Nueva York, que impide que se materialice la detención con miras a la deportación, anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio. Ahmed es el único de los activistas digitales a los que se les dictara prohibición de entrada que ya vive en Estados Unidos.
