el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima) informó que durante el mes de enero de 2026 se aplicará la indexación salarial un total de 4.642 maestros jubilados y pensionados.
A través de un comunicado publicado en las redes sociales de la entidad, Inabima explicó que los beneficiarios de este ajuste corresponden a los decretos 133-19210-22 y 341-22, así como a 180 pensionados por aseguradoras de los años 2019, 2021 y 2022.
- La institución indicó que el porcentaje de incremento asciende a 11.63 % del salario, calculado conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Banco Central de la República Dominicana.
Impacto en la nómina
Inabima resaltó que este reajuste representa un aumento mensual en la nómina de RD$33.308.439así como un impacto anual de RD$433,009,711.
Con la aplicación de esta medida, el organismo asegura que cumple con lo establecido en la Ley 451-08la cual dispone en su artículo 10párrafo II, la revisión de los sueldos de los docentes jubilados y pensionados al menos cada tres años, a fin de realizar los ajustes correspondientes conforme a la variación del índice de precios del país.
El presidente de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte (CMJPD), Menegildo de la Rosacatalogó la decisión como un paso positivo en el cumplimiento de la Ley 451-08, que modifica la Ley General de Educación en materia de pensiones docentes, y un reconocimiento al derecho de los docentes retirados a preservar su poder adquisitivo frente al impacto de la inflación.
Según el dirigente, esta indexación responde a una demanda histórica del sector, largamente reclamada por sindicatos y organizaciones sociales vinculadas al magisterio dominicano.
Sin embargo, el también secretario de comunicaciones de la Asociación Dominicana de Profesores, advirtió que millas de jubilados y pensionados quedan excluidos de este ajuste.
Asimismo, de la rosa hizo un llamado al Gobierno a profundizar esta medida, ampliarla a toda la nómina de docentes retirados y avanzar hacia una política salarial coherente, que proteja el derecho a una vida digna de quienes dedican su carrera a la educación pública.
Además, exigió al presidente Luis Abinader asumir de manera integral esta decisión y disponer el cumplimiento pleno de la ley, incluyendo el pago de la deuda acumulada desde 2017, que afecta no solo a jubilados y pensionados, sino también a empleados públicos y maestros activos del sistema educativo.
