La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves en primera discusión el proyecto de Ley de Amnistía impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en medio de un clima político marcado por la captura del expresidente Nicolás Maduro y las presiones de Washington.
La iniciativa, que busca la liberación masiva de presos por motivos políticos, deberá pasar por una segunda discusión antes de convertirse en ley, tras consultas con diversos sectores de la sociedad civil, de acuerdo con informes de prensa.
Rodríguez, quien asumió la presidencia interina luego de ataque de Estados Unidos y la captura de Maduro y su esposa, expresó que la propuesta pretende “reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la llegada al poder del presidente Hugo Chávez en 1999”.
La mandataria aseguró que la amnistía es un paso necesario para consolidar la paz y la convivencia en un país que atraviesa una transición inédita bajo la tutela de Washington.
Jorge Rodríguez pide perdón y “sanar heridas”
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria interina, instó a los diputados a asumir el debate con responsabilidad y espíritu de reconciliación.
“Nos obliga la patria a ser responsables, a sanar heridas, a reconocernos, a entendernos ya construir en conjunto los pasos y los caminos”, dijo durante la sesión parlamentaria.
Rodríguez insistió en la necesidad de que el proceso de consulta sea “profundo” e incluya a familiares de detenidos, víctimas de crímenes y sectores de la sociedad civil.
“Que no quede una víctima que no haya sido escuchada”, subrayó, al tiempo que pidió perdón por la existencia de presos políticos. “Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también, pedimos perdón porque lo digo con claridad: a mí no me gustan los presos”, sentenció el principal negociador internacional del expresidente Maduro.
“Siempre tener presente la madrugada del 3 de enero, el asesinato de 120 seres humanos, el secuestro del presidente”, enfatizó.
Críticas y cautela de las ONG
El proyecto de amnistía ha sido recibido con cautela por organizaciones defensoras de derechos humanos. El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) exigió que el texto sea público antes de su aprobación definitiva.
“El proyecto debe hacerse público urgentemente, dado su impacto sobre los derechos de las víctimas, sus familiares y la sociedad venezolana”, señaló en un comunicado.
Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) advirtió que el hermetismo sobre el contenido impide un análisis serio de su alcance.
“El proyecto debe ser conocido de antemano para que las víctimas, defensores de derechos humanos, expertos independientes y la sociedad civil puedan revisarlo, formular observaciones y advertir sobre posibles violaciones a los estándares internacionales”, indicó.
El borrador de la ley, con al menos veinte artículos, contempla la amnistía para delitos como instigación, resistencia a la autoridad, daños a la propiedad, rebelión, traición y porte ilegal de armas, siempre que se hayan cometido en el contexto de protestas políticas. Esto incluye manifestaciones emblemáticas como las de 2007, 2014, 2017, 2019 y 2024.
Sin embargo, la norma excluye a quienes hayan sido condenados por homicidio, narcotráfico, corrupción y violaciones graves de derechos humanos.
Según el diputado chavista Jorge Arreaza, el proyecto busca “allanar los procesos de diálogo político que vienen encaminados a dar paz y prosperidad”.
La ley también abarcaría infracciones cometidas por jueces, fiscales y funcionarios en el ejercicio de sus funciones, con lo que reconoce de manera indirecta que ciudadanos fueron perseguidos por sus posiciones políticas o por divulgar mensajes en redes sociales.
Foro Penal y cifras de excarcelaciones
El gobierno chavista asegura haber liberado a casi 900 reclusos desde diciembre, aunque la ONG Foro Penal, que monitorea la situación de los presos políticos, reporta solo 383 excarcelaciones hasta la mañana del jueves. La discrepancia en las cifras refleja las contradicciones y opacidad del proceso y alimenta las críticas de familiares y organizaciones civiles.
El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, negó la existencia de presos políticos y afirmó que los detenidos conspiraban para desestabilizar el país. Sin embargo, testimonios de excarcelados y familiares contradicen esa versión, señalando que muchos fueron arrestados por participar en protestas o expresar opiniones críticas en redes sociales.
La propuesta de amnistía ha reactivado a sectores opositores que permanecían en la clandestinidad. Líderes como Andrés Velásquez y Delsa Solórzano han reaparecido públicamente para exigir la liberación de todos los presos políticos y nuevas elecciones.
“No puede quedar un solo preso por razones políticas y debe desmontarse todo el aparato de represión del régimen”, dijo Velásquez en un video frente a la prisión de Helicoide.
La semana pasada, Delcy Rodríguez anunció el cierre de esa cárcel, símbolo de la represión durante los gobiernos pre y post chavistas, y su transformación en un complejo deportivo y cultural. La medida fue presentada como un gesto de reconciliación, aunque críticos la consideran insuficiente sin una reforma profunda del sistema judicial.
“El espacio cívico de Venezuela sigue siendo un desierto”, advirtió Pedro Vaca, experto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al señalar que las medidas anunciadas son apenas “migajas” frente a la necesidad de un poder judicial independiente.
