La audiencia en la que se pretendía solicitar medidas cautelares contra el Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, terminó en una discusión entre el mandatario judicial del presidente, Bernardo Arévalo y el juez A del Juzgado Séptimo Penal, Fredy Orellana.
La discusión tras solicitar los datos de identificación personal, donde el abogado José Gabriel Bautista Fuentes, se presentó como el mandatario judicial de Arévalo para así actuar en su representación.
Sin embargo, tras indicar en qué calidad se presentaba, Orellana comenzó a cuestionar si tenía algún vínculo contractual con alguna entidad del Estado de Guatemala, principalmente con el Organismo Ejecutivo, situación que en otras audiencias a otros mandatarios no se habrían realizado.
Durante los cuestionamientos de Orellana, finalmente Bautista Fuentes afirmó que tenía un contrato 029 en la Secretaría General de la Presidencia, con el que percibía un pago por los honorarios de los servicios que ha prestado.
Ante la respuesta, el juez señaló al abogado de ser trabajador de dicha secretaria, lo que negoció el abogado, al explicar que es un abogado que presta asesoría a la entidad, pero tras la explicación, Orellana determinó que era un «contratista del Estado» y que esto lo convertía en una persona que recibía salario producto del «pago de impuestos de los guatemaltecos».
Bautista Fuentes aclaró que el pago de sus honorarios es diferente a su trabajo como mandatario de Arévalo.
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RECUSACIÓN
Previo a presentar la petición del caso, Bautista Fuentes recusó a Orellana indicando que no sería una persona imparcial para conocer el proceso derivado de procesos pendientes que lo involucran a él como juzgador ya Arévalo, que lo ha denunciado en dos oportunidades.
El abogado señaló que de acuerdo al artículo 123, literal I de la Ley Orgánica del Organismo Judicial, Orellana no debe conocer el proceso por tener un juicio pendiente con alguna de las partes o lo hayan tenido un año antes.
En este caso, el mandatario de Arévalo señaló que el presidente habría presentado una denuncia en contra de Orellana ante la Junta de Disciplina Judicial, en la cual se le señala de interferir en el ejercicio de funciones de otros organismos del Estado tras emitir una resolución en la que ordenó la nulidad absoluta del partido Semilla, que fue dejada sin efecto por la Corte de Constitucionalidad (CC).
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Asimismo, la existencia de una solicitud de antejuicio contra Orellana, promovida por el presidente, donde se le señala de haber incurrido en acciones contrarias a su cargo.
Por estas razones, el mandatario judicial señaló que la imparcialidad del juez está comprometida, situación por la que debe ser separada del proceso.
SIMPLE DENUNCIA Y COMÚN ESCRITO
Tras escuchar las argumentaciones del mandatario de Arévalo, Orellana se arremetió en su contra al repetir que era un «contratista del Estado» y que «recibía un salario mensual» de parte de la Secretaría General de la Presidencia, a pesar de que Bautista Fuentes aclaró su situación laboral.
Asimismo, cuestionó si era correcto que Bautista Fuentes litigara un proceso de Arévalo cuando tenía un contrato en dicha entidad, a pesar de que el abogado señaló que no era un trabajador de la Secretaría sino un asesor que recibe honorarios.
Posteriormente a esto, Orellana aseguró que no tenía juicios pendientes donde Arévalo fuera la persona que le denunciara y minimizó las acciones interpuestas en su contra.
«Es una simple denuncia administrativa y un común escrito de presentación de antejuicio que no son prueba de causalidad», señaló Orellana al referirse a las acciones interpuestas por el presidente en su contra.
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Orellana aseguró que no tiene ningún juicio pendiente con alguien de nombre «César Bernardo Arévalo, ni con ningún habitante de la República de Guatemala».
Tras rechazar la causal, Orellana indicó que trasladaría el expediente a la Sala de Apelaciones correspondiente para que sean los magistrados los que determinen si es apto para seguir conociendo el caso, situación por lo que las diligencias dentro de este proceso quedan suspendidas.
En este caso, será la Sala Tercera de Apelaciones Penales presidida por el magistrado Alejandro Prado, quienes también han resuelto acciones dentro del caso contra el partido Movimiento Semilla, quien tendrá que decidir si Orellana continúa o no conociendo el proceso.
