CDAG declara non gratos a 24 diputados por impulsar ley del deporte

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) calificó como “non gratos y enemigos del deporte” a 24 diputados que impulsan la Iniciativa 6690, una propuesta para modificar la Ley Nacional del Deporte.

Es noticia. La CDAG publicó un comunicado en el que acusa a los legisladores de promover cambios que, según el organismo, “violentan” la autonomía del deporte federado. Entre los señalados figuran Karina Paz, Fidencio Lima Pop y Pablo Cifuentes, todos firmantes o impulsores de la iniciativa.

• El documento sostiene que la propuesta atenta contra la Constitución y la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que reafirmó dicha autonomía en 2010.
• La declaratoria ocurre en medio de cuestionamientos a la gestión de la CDAG, retrasos en obras públicas deportivas y reclamos por falta de transparencia en el uso de fondos.
• Algunos diputados consideran que el pronunciamiento es una reacción desproporcionada de un organismo que ha evitado auditorías profundas y rechaza la supervisión pública.

Punto de fricción. La diputada Karina Paz respondió que “autonomía no es impunidad” y aseguró que quienes se oponen a la iniciativa buscan evitar controles. Esta postura ha ganado eco en sectores que exigen reformas tras más de una década de conflictos federativos.

• La CDAG sostiene que el Congreso pretende influir en la estructura del deporte federado, algo que la Constitución impide.
• Los legisladores aludidos señalan que la CDAG desacredita cualquier intento de supervisión y que la declaratoria de “enemigos del deporte” evidencia intolerancia a la fiscalización.
• La polémica coincide con el retraso en la supervisión del estadio Doroteo Guamuch Flores, donde los diputados denunciaron obstáculos para ingresar a instalaciones financiadas con recursos públicos.

Sí, pero. La autonomía deportiva fue incorporada en la Constitución de 1985, como reacción a décadas de injerencias estatales en la dirigencia federada. En 2010, la Corte de Constitucionalidad reafirmó este principio, subrayando su carácter institucional.

• El objetivo original era impedir que los gobiernos de turno manipularan estructuras deportivas para multas políticas.
• Sin embargo, esa protección también generó espacios donde el escrutinio externo ha sido limitado, especialmente en lo relativo a manejo financiero.
• El debate actual revive una tensión conocida: cómo mantener la independencia de estas instituciones sin que funcionen como espacios cerrados donde no haya supervisión real.