El presidente Bernardo Arévalo informó que el próximo 13 de marzo anunciará los nombres de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031 designada por el Ejecutivo. El proceso marca una diferencia respecto de las tres últimas designaciones del Ejecutivo, en las que se privilegia a candidatos recomendados por el círculo cercano al mandatario.
Los magistrados titulares y suplentes del tribunal constitucional son electos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Congreso, el presidente en Consejo de Ministros, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos y la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios (Cang).
La designación del Ejecutivo ha sido la más cuestionada, de acuerdo con el Movimiento Projusticia, pues en los últimos gobiernos ha estado marcado por la opacidad, el clientelismo y los compadrazgos entre los magistrados electos y los presidentes de turno, así como otros actores externos al Ejecutivo.
Los procesos de selección de los últimos tres gobiernos han carecido de convocatorias abiertas y de metodologías transparentes que garantizan que las personas designadas sean las más idóneas para ocupar cargos tan relevantes. Así lo documentan informes del Movimiento Pro-Justicia sobre los últimos cuatro períodos.
convocatoria abierta
Durante la conferencia de prensa del miércoles 4 de febrero, en el Palacio Nacional de la Cultura, el presidente Bernardo Arévalo anunció que el lunes 9 de enero se publicará la convocatoria para que los profesionales interesados, y que cumplan con los requisitos, presenten su papelería para postularse para la magistratura titular y suplente por parte del Ejecutivo, con el fin de dar mayor transparencia al proceso.
“El proceso estará marcado por la brújula ética, que orientará la mejor decisión en el marco del rescate de la justicia y la defensa de la democracia en el país. Quién salga elegido o elegido en este proceso no será una persona que va a responder a intereses particulares de ningún tipo, sino responderá a la Constitución, al Estado de Derecho y al pueblo de Guatemala”, afirmó Arévalo.
El secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, indicó que el proceso se ajustará a los parámetros de la Constitución y la Ley de Amparo.
“El presidente de la República buscará el mejor perfil para magistrado titular y magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, un perfil que se ajuste a los intereses de un Estado de Derecho, un perfil de un abogado o abogada que respete la Constitución Política de la República y que pondere siempre el bien común y los intereses del Estado de Guatemala sobre intereses particulares”, afirmó Guerrero.
La última vez que el Ejecutivo realizó una convocatoria abierta fue durante el gobierno de Óscar Berger (2004-2008). En esa ocasión fueron electos, para el período 2006-2011, Roberto Molina Barreto (titular) y José Rolando Quezada (suplente).
Designaciones en gobiernos anteriores
Durante el gobierno de Álvaro Colom, el Ejecutivo designó a Gloria Patricia Porras Escobar como magistrada titular y a Héctor Efraín Trujillo Aldana como suplente (2011-2016). Porras fue elegida por su respaldo a la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) durante su tiempo como secretaría del Consejo del Ministerio Público (MP). Trujillo fue cuestionado por haber sido abogado de Sandra Torres y del expresidente Álvaro Colom.
La falta de transparencia y de participación ciudadana en ese proceso fue evidente: la designación, hecha en Consejo de Ministros, se realizó a puerta cerrada.
Durante el gobierno de Jimmy Morales, el Consejo de Ministros nombró a Dina Josefina Ochoa Escribá como magistrada titular y a Henry Philip Comte Velásquez como suplente (2016-2021). Ochoa fue señalada por la Cicig en el informe “Jueces de la Impunidad” en 2012, debido a resoluciones que favorecieron al exfiscal Carlos de León Argueta y Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio.
En cadena nacional, el 10 de marzo del 2016, Morales hizo públicos los nombres, asegurando que cumplían con los requisitos, aunque nunca se aplicaron procedimientos de publicidad ni transparencia.
Algo similar ocurrió durante el gobierno de Alejandro Giammattei. El 10 de marzo del 2021, en sesión del Consejo de Ministros transmitida por el canal gubernamental, se designó a Leyla Susana Lemus Arriaga como magistrada titular y a Juan José Samayoa Villatoro como suplente.
Ambas designaciones fueron criticadas. Lemus, entonces secretario general de la Presidencia, fue propuesta por el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel; Samayoa, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue propuesto por Pedro Brolo, canciller. La sociedad civil cuestionó la elección “a dedo”, sin considerar la honorabilidad, capacidad e idoneidad de los designados ya que sobre Lemus recaían señalamientos por su afinidad con el presidente y tampoco se conocía alguna trayectoria por parte de Samayoa.
Decisión positiva
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro-Justicia, demostró positiva la decisión del presidente Bernardo Arévalode realizar una convocatoria pública para elegir a los candidatos más idóneos para la Corte de Constitucionalidad.
“Eso es muy bueno porque estaría realizando algo parecido a lo que hizo el expresidente Berger. Sorprende positivamente que el presidente –Arévalo– repita las prácticas que ya hizo en su momento Berger, cuando lanzó la convocatoria pública y le dio publicidad y transparencia a partes importantes del proceso”, recordó Ibarra.
Añadió que el mandatario debe elegir a “un profesional del derecho, hombre o mujer, que esté comprometido con la democracia, con el respeto por el orden constitucional, el orden institucional”.
“Confiamos en que él va a hacer una elección acertada. Que no va a seleccionar a profesionales que tengan tachas por prácticas antidemocráticas, por corrupción o amaño en la administración de justicia o en cualquier orden de la vida profesional o laboral en que se haya desempeñado y que también desde el punto de vista personal tenga reconocida honorabilidad”, expresó.
El exconstituyente Roberto Alejos también calificó de positiva la decisión y la apertura del Ejecutivo para elegir a sus representantes.
“Es un presidente que actúa bajo términos muy participativos y abiertos, que es lo que hemos hablado en materia constitucional. Qué bueno que el presidente está demostrando cómo es un papel abierto y democrático, y no va a nombrar a nadie simplemente ‘a dedo’ de su equipo, lo cual podría hacerlo, ya que la Constitución lo faculta para realizar este proceso”, afirmó.
Alejos enfatizó que Es indispensable cambiar también los mecanismos de elección en los otros órganos que designan magistrados constitucionales..
“Tenemos que cambiar la forma de elegir a los funcionarios que tienen que ver con la administración de justicia, partimos de eso. Tiene que haber una nueva forma de elegir con un sistema nuevo, porque las comisiones de postulación ya llegaron a su tope…”, advirtió.
Finalmente, señaló que los exconstituyentes trabajan en una propuesta de reforma constitucional para transparentar la elección de magistrados de la CC, la CSJ y las salas de apelaciones, y adecuarlo a las necesidades actuales del país.
Fechas en que se llevará a cabo el proceso de selección
El presidente Bernardo Arévalo afirma que la convocatoria para los profesionales interesados en postularse como candidatos a magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad, (CC), por parte del ejecutivo se publicará el 9 de enero. El ejecutivo también dio a conocer otras fechas importantes dentro del proceso de selección:
- El 9 de febrero se realizará la publicación de la convocatoria.
- Del 16 al 20 de febrero, se llevará a cabo la recepción de expedientes de los aspirantes.
- Del 23 de febrero al 6 de marzo, se hará la Revisión de la documentación y de los expedientes.
- Del 11 al 13 de marzo, en estas fechas se prevé que se realice la reunión del Consejo de Ministros en donde se realizará la designación.
- El 13 de marzo se realizará el anuncio oficial por parte del presidente.
- 14 de marzo, es el último día para la designación por parte del Organismo Ejecutivo.
