Un análisis crítico y detallado acerca de los principales aspectos y características de los procesos de elección de las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Corte de Constitucionalidad (CC) y Ministerio Público (MP) se llevó a cabo durante el conversatorio. Elecciones de Segundo Grado: ¿Proceso Técnico o Pulso Político?, realizado por Prensa Libre que contó con la participación de las analistas y expertas Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Projusticia; Lourdes Balconi, decana de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, y Marielos Fuentes, directora ejecutiva de Guatemala Visible.
Durante la charla, las expertas coincidieron en que el transcurso de los procesos de selección de candidatos por parte de las diferentes comisiones de postulación. no ha convencido a la ciudadanía, principalmente por la inclusión en las nóminas y la designación de perfiles cuestionados y con señalamientos, dejando de lado aspectos como la equidad y la reconocida honorabilidad, que son importantes para que puedan desempeñarse en estos cargos, lo que procura el mantenimiento de un sistema cooptado que favorece la impunidad.
Modelos de “privilegios e impunidad”
Un criterio de Lourdes Balconi, las elecciones de segundo grado se desarrollan dentro de un clima de “tensión”, con el que algunos grupos buscan continuar con los mismos modelos de “privilegios e impunidad”así como la intención, por parte de otros actores de la ciudadanía, de recuperar el sistema democrático en el país.
“Desde mi perspectiva, creo que lo que hay es una tensión entre mantener el sistema de privilegios y de impunidad, versus la intención de recuperar y mantener la democracia, entonces lo que estamos viendo es una tensión muy fuerte del sistema”, asegura.
Los panelistas también comentaron sobre el modelo vigente de comisiones de postulación, el cual consideran que “no ha dado los resultados esperados” y que ha sido seriamente cuestionado. Fuentes se refirió concretamente al proceso de selección y elaboración de la nómina de candidatos al TSE, que ha sido seriamente cuestionado.
“Creo que si nos van a quedar a deber. Hubo muchas piedras en el camino, las ha habido en procesos previos, pero en este dejó muchísimo que desear. Creo que tenemos que juntarnos como sociedad para hacer una evaluación, porque habiendo muy buenos perfiles como aspirantes, se decantaron por excluir a los mejores y elegir a otro montón de personas que, quizás, no tenían tanta trayectoria o una honorabilidad reconocida”, aseguró.
Carmen Aída Ibarra afirma que, a pesar de haber dado por sentados procesos de transparencia y acceso a la publicidad, siempre hubo algunas “mañas” y otras formas de negociar en secreto por parte de los integrantes de la postuladora del TSE.
Se postulan donde están “cómodos”
En cuanto al proceso de elección de magistrados de la CC, Ibarra señala que cada profesional que se postula a una magistratura en el tribunal constitucional, presentó su expediente en las instancias en las que se sintieron “más cómodos” y con mayores probabilidades de ser electos.
“La gente más cuestionada se fue a postular donde más cómoda se sentía. Miren quiénes se fueron a postular a la CC con el presidente de la República, los mejores perfiles. Él –el presidente Bernardo Arévalo– tiene a los mejores candidatos, porque confió en que es una elección sana”, afirma Ibarra. Sin embargo, precisó que la variable de excelencia no incluye un Mynor Motto, que también postula a la magistratura ante el Ejecutivo.
Actores que inciden en los procesos de elección
Los panelistas también comentaron que hay varios actores que buscan “incidir” en los nombramientostanto a lo interno como a lo externo. Entre estos destacan a los políticos, quienes aseguran ponen “todo en juego” ante los resultados. También mencionaron a la comunidad internacional, a los operadores de justicia y al crimen organizado y el narcotráfico.
“Hemos tenido narcodiputados, narcoalcaldes, pero esto es peligroso. Más en la estrategia que esta ahorita, de considerar a todos estos grupos como terroristas que podrían abrir también la puerta a una persecución directa en el territorio. Hay demasiados actores en movimiento dispuestos a no permitir, por ejemplo, que el presidente elija fiscal general”, afirmó Balconi.
La decana destacó la proliferación de universidades privadas, no para fines académicos, sino para “obtener votos en las comisiones de postulación”, lo que asegura “es un elemento que ya marca ese deterioro y la captura, no solamente del proceso, sino del Estado”.
Cumplimiento de los plazos
En este aspecto, Carmen Aída Ibarra enfatizó que el respeto a los plazos establecidos por la ley es un “mínimo no negociable” y un aspecto fundamental que la sociedad debe exigir para que procesos de esta naturaleza puedan ser considerados exitosos. También considera que su omisión “no solo es una muestra de comodidad” de los políticos, sino que también genera un vacío de poder y situaciones de ilegalidad “que la ciudadanía no puede permitir”.
“Es bueno que, en esta ocasión, y es un mínimo que todos esperaríamos, que haya cumplimiento de plazos, sobre todo para que los funcionarios electos tomen posesión. Por eso mismo fue tan oscuro el amparo que la Corte de Constitucionalidad dio al diputado, que más parece operador de elección de autoridades, Carlos López Girón, cuando le ordenó al Congreso que ese mismo jueves (el pasado) debían elegir magistrados el plazo vence el 14 de marzo”, puntualizó.
Participación y vigilancia ciudadana
las invitadas manifestaron la importancia de la participación y vigilancia ciudadana. En este sentido, Marielos Fuentes hace un llamado a la ciudadanía a involucrarse más en el desarrollo de estos procesos de elección.
“Creo que nos falta un poco de vigilancia ciudadana. Cuando el ciudadano está más pendiente, sin duda hemos visto un poquito de vergüenza, de cambio –en los electores–. Podemos mandarles cartas a las comisiones de postulación, mientras más información se les haga llegar, ellos perciben un involucramiento de la ciudadanía. Saben que los están observando y saben que están siendo sujetos a la fiscalización ciudadana”, asegura.
