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03 de febrero de 2026
El caso SEDESOL se ha convertido en uno de los episodios más impactantes de presunta corrupción dentro del actual gobierno de Xiomara Castro.
Es noticia. Lo anterior luego de que la Fiscalía hondureña emitió órdenes de captura contra la diputada Isis Cuéllar y el exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, designadas de participar en un esquema de desvío millonario de fondos públicos.
- Las investigaciones periodísticas de La Prensa y El Heraldo permitieron reconstruir cómo se habrían manipulado fondos destinados a programas sociales para beneficiarios de estructuras políticas del Partido Libertad y Refundación (Libre).
- Todo comenzó con la filtración de un audio en el que Cuéllar y Cardona conversaban sobre la entrega de cheques de Sedesol en el departamento de Copán, lo que encendió las alarmas en medios y autoridades.
- Los periodistas descubrieron que millones de lempiras asignados a ayudas sociales terminaron en manos de personas que no cumplían los requisitos de vulnerabilidad exigidos por la ley, incluyendo empleados públicos, dueños de negocios, jubilados y aspirantes a cargos de elección popular. Estos hallazgos fueron confirmados posteriormente por el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público.
Qué destacar. Según la investigación, Sedesol emitió 67 cheques para igual número de beneficiarios en Copán bajo categorías como “emprendimiento” o “reparación de vivienda”, aunque la revisión de expedientes y visitas de campo demostró que estas personas no estaban en condición de vulnerabilidad.
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- La Fiscalía sostiene que Cuéllar y Cardona actuaron en contubernio con otros exfuncionarios para desviar más de seis millones de lempiras del Fondo de Administración Solidaria. El requerimiento fiscal precisa que el monto total ascendería a L6,032,754.07. (USD 230 0000)
- La operación descrita por las autoridades se basó en la aprobación irregular de solicitudes, la omisión deliberada de verificaciones obligatorias y la presentación de liquidaciones con documentos inconsistentes y facturas repetidas.
- El fiscal general Johel Zelaya explicó que el programa Administrativo Solidario fue utilizado para canalizar fondos públicos sin los controles exigidos por la ley, permitiendo que los recursos fueran dirigidos a personas cercanas a quienes gestionaban el dinero y no a quienes realmente lo necesitaban.
En el radar. La Fiscalía agregó que asistentes vinculados a la diputada Cuéllar coordinaban el traslado de beneficiarios a bancos, donde estos cobraban los cheques y posteriormente entregaban el dinero en efectivo, con lo cual gran parte de los fondos regresaba a manos de los organizadores del esquema, tal como lo publicaron los medios de comunicación citados.
- El caso también reveló que parte del dinero habría sido utilizado para finos proselitistas dentro del Partido Libre. La filtración del video mostró a Cuéllar detallando la compra de equipos de sonido, carpas, sillas y otros materiales promocionales destinados a coordinaciones locales del partido en Copán.
- Algunos cheques ascendían a 100 mil lempiras y habrían sido distribuidos entre líderes comunitarios y operadores políticos. La conversación filtrada mostró a Cardona avalando estas acciones y discutiendo detalles internos sobre el manejo de los cheques.
- La reacción del gobierno no tardó. La presidenta Xiomara Castro, al conocer el escándalo, declaró que sería “implacable” si se confirmaban actos de corrupción dentro de Sedesol. Instruyó al Tribunal Superior de Cuentas ya la Secretaría de Transparencia a iniciar una investigación y presentar un informe público en un plazo de 72 horas, subrayando que ni ella, ni el Partido Libre, ni la Presidencia habían aprobado ninguna transacción vinculada al caso.
En conclusión. Las órdenes de captura contra Cuéllar y Cardona marcaron un punto de silencio en el caso.
- Ambos fueron acusados oficialmente de fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, entre otros posibles delitos.
- El caso sigue en desarrollo, pero ya se considera uno de los mayores retos a la autoridad del gobierno de Xiomara Castro, quien ha intentado distanciarse del escándalo reiterando su compromiso con la transparencia.
- Las investigaciones de La Prensa y El Heraldo destaparon el alcance del desfalco, y revelaron las fallas estructurales del sistema de ayudas sociales y las vulnerabilidades que permitieron que recursos destinados a los más necesitados terminaran en actividades partidarias.
