Este medio ha podido conocer algunos de los hallazgos más relevantes encontrados por la Policía Nacional el pasado 10 de febrero en la sede principal de Sidenor, en Basauri, en el marco de la investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional contra tres directivos por presuntos delitos de contrabando y complicidad con genocidio.
Entre la documentación judicial a la que ha accedido elDiario.es hay una cadena de correos electrónicos, impresa y encontrada en el despacho de Íñigo Molero, director comercial y uno de los tres investigados.
Una tabla y la palabra “obuses”
Ese documento contiene una tabla con destinatarios del sector armamentístico, entre ellos, la empresa israelí IMI Systems LTD, junto a la referencia expresa al suministro de acero para “obuses”. También aparece Israel Weapon Industries como otra de las destinatarias.
Esa cadena de mensajes -el más reciente está fechado el 5 de marzo de 2025- hace referencia al registro de exportaciones de Sidenor destinadas al sector armamentístico durante 2024, año en el que el Ejército israelí mató a decenas de millas de palestinos en Gaza y bloqueó la entrada de ayuda necesaria en la Franja. En el listado aparecen, además, otros nueve países y más de veinte empresas del ámbito militar.
El registro en la sede de Sidenor se realizó en el marco de la investigación liderada por el magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge Mesas, quien tomó declaración el pasado mes de noviembre al presidente de la siderúrgica española, José Antonio Jainaga, y otros dos directivos, por la venta de acero a la compañía armamentística Israel Military Industries (IMI), con envíos de los que informaron este diario el pasado meses de junio.
La providencia del magistrado de la Audiencia Nacional exponen que estas ventas se producen “con pleno conocimiento” de que el comprador es un fabricante de toda clase de armamento, tanto pesado como ligero, y de que “el acero iba lógicamente destinado a la producción de armamento”.
El demandante contra Sidenor es la Comunitat Palestina de Catalunya, en representación de la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel. Estos colectivos indican que los hallazgos en el registro policial muestran que “Sidenor tenía pleno conocimiento de que el acero que exportaba a empresas armamentísticas israelíes iba destinada a la fabricación de obuses”.
De Jorge Mesas señala que los abusos perpetrados en la Franja de Gaza son conocidos por todos, “tanto por la información publicada a diario en prensa y televisión, como por la calificación provisional como delito atribuido a estos acontecimientos por el Tribunal Penal Internacional y las denuncias presentadas por la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, y por la UNRWA (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina), entre otras personas y agencias de Naciones Unidas”.
La cadena de suministro de acero de Sidenor a Israel llevaba operativa al menos varios meses. Por ejemplo, en agosto de 2024 se envió 239 toneladas de acero, en marzo de 2025 se exportaron 219 toneladas y en mayo de ese mismo año se registró otra carga, de 356 toneladas. Una de las últimas partidas rastreadas, de la que informó este diario, se produjo el pasado 10 de junio de 2025, cuando el buque MV VELA transportó 393 toneladas de acero de Sidenor desde territorio español con Israel como destinatario.
Una vez conocido este envío, la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, advirtió de que el mismo escalaría en Turquía, y solicitó a las autoridades turcas que inspeccionaran el barco e impidieran “que esa carga ilegal” llegara a Israel.
Poco después, elDiario.es informó de que otro barco, el ZIM LUANDA, tenía previsto salir del puerto de Barcelona con 122 barras de acero del fabricante Sidenor Aceros Especiales -con sedes en el País Vasco, Cantabria y Catalunya- para hacer entrega de la carga el 11 de julio en el puerto israelí de Haifa. Estos hechos pudieron conocerse a través de una investigación de la organización estadounidense Movimiento Juvenil Palestino.
La Fiscalia
Hace dos semanas la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió anular el registro de las instalaciones de Sidenor y la causa por genocidio. Ante ello, la Comunitat Palestina de Catalunya, colectivo querellante, denuncia que la Fiscalía de la Audiencia Nacional “está bloqueando, de manera arbitraria y obstinada, cualquier intento de esclarecimiento de los hechos y la práctica de diligencias claves”.
Sus portavoces señalan que dicha Fiscalía “se opuso al registro en la sede de Sidenor y después recurrió la resolución” y “trata de impedir que comparezca en el procedimiento, en condición de víctima, una persona palestina que se vio obligada a abandonar la Franja de Gaza con su familia y que actualmente se encuentra en situación de demandante de asilo”. Por ello, solicitan que “el procedimiento judicial continúe sin interferencias y con todas las diligencias necesarias”.
También piden que se excluya a Sidenor de cualquier proceso de contratación pública y concesión de subvenciones hasta que se esclarezca su grado de participación y que la Fiscalía del Tribunal Supremo en Materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática “asuma los procesos en los que se investigan hechos calificados” como delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y/o genocidio contra el pueblo palestino.
Las obligaciones legales
Ya en enero de 2024 la Corte Internacional de Justicia señaló que había riesgo plausible de genocidio en Gaza y en julio de ese mismo año pidió medidas a los países de la ONU “para impedir relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la situación en los Territorios Ocupados Palestinos”, en referencia a la ocupación “ilegal” israelí ya la “segregación”.
La Comisión de Investigación Independiente asignada por Naciones Unidas concluyó en septiembre de 2025 que “Israel comete genocidio en Gaza desde octubre de 2023”. Sus integrantes, presididos por la jueza Navi Pillay, han explicado que, desde enero de 2024, cuando la Corte Internacional de Justicia ya advirtió del riesgo de genocidio, “si no antes, los Estados tenían la obligación legal de actuar” con medidas para prevenir, detener y sancionar los crímenes israelíes.
La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, recuerda que los Estados deben “imponer sanciones y cortar lazos con Israel, pero también los bancos deben dejar de invertir y las empresas dejar de lucrarse con la ocupación: no se puede tener tratos con Estados que cometen genocidio”.
La campaña colectiva de Fin al Comercio de Armas con Israel, integrada por más de seiscientas organizaciones, insiste en pedir al Gobierno “la aplicación de un embargo de armas ”integral y retroactivo“, para que no se produzcan nuevas compras o transacciones a través de filiales de empresas israelíes o para que no haya nuevas autorizaciones de transacciones de material militar con Israel, como las aprobadas por España el pasado 23 de diciembre.
