Estados Unidos ha puesto en el foco judicial en el presidente de Colombia. Gustavo Petro está siendo investigado por al menos dos fiscalías federales en Nueva York, en Manhattan y Brooklyn, según desveló ‘The New York Times’, en una iinvestigación sobre narcotráfico que … introduce un elemento de gran tensión en la relación bilateral y en el equilibrio político de América Latina. Las elecciones en ese país son para mayo.
Las pesquisas, aún en fase preliminar, están siendo dirigidas por fiscales especializados en narcotráfico internacional, con apoyo de agentes de la DEA (agencia antidroga) y del Departamento de Seguridad Nacional. Según el diario, los investigadores analizan posibles reuniones de Petro con narcotraficantes y examinan si su campaña presidencial pudo haber recibido financiación de esas redes. No hay, por ahora, acusación formal ni indicios de que el caso vaya a derivar necesariamente en cargos.
El caso se desarrolla en un contexto político delicado. Donald Trump ha mantenido una relación volátil con Petro y lo ha atacado en público en repetidas ocasiones. «Narcotraficante», lo llamó en una de sus críticas más recientes. También le recibió en febrero en la Casa Blanca y demostró hasta buena sintonía con el, en un encuentro cerrado a la prensa.
‘The New York Times’ apunta que el presidente estadounidense podría utilizar la existencia de estas investigaciones como palanca para presionar a Bogotá, en un momento en que Colombia sigue siendo el principal productor mundial de cocaína y un socio clave en la estrategia de Washington contra el narcotráfico.
La investigación aparece además en plena reconfiguración política en Colombia. Petro no puede optar a la reelección y ha impulsado a un sucesor, mientras el país se dirige a elecciones en mayo. En ese escenario, cualquier movimiento judicial desde Estados Unidos tiene un impacto directo en la campaña y en el equilibrio de fuerzas. Trump ya ha intervenido en procesos electorales recientes en la región, contribuyendo a reforzar una ola conservadora en varios países.
‘The New York Times’ subraya que no hay pruebas de que la Casa Blanca haya ordenado la apertura de estas investigaciones. Pero el patrón reciente apunta a un uso cada vez más visible de instrumentos judiciales dentro de la política exterior estadounidense. La frontera entre acción penal y estrategia geopolítica se ha ido difuminando en los últimos meses.
El precedente inmediato es Venezuela. En enero, una operación militar estadounidense terminó con la captura de nicolas madurotrasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico. El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió entonces que se trataba de una operación de aplicación de la ley, no de una intervención militar. Esa narrativa marca el marco en el que ahora se interpreta el caso colombiano.
A ese movimiento se suma la apertura de investigaciones contra la cúpula cubana por delitos vinculados a drogas, inmigración y crimen económico, también revelada por ‘The New York Times’, en paralelo a las declaraciones de Trump sobre una posible toma de la isla.
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