El gobierno de Venezuela rechazó con firmeza la venta forzosa de Citgo Petroleum Corporation, filial estadounidense de la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), operación que calificó como un “despojo vulgar y bárbaro” ejecutado bajo el paraguas del sistema judicial de Estados Unidos.
La medida, autorizada por un tribunal federal en Delaware, amenaza con arrebatar al país sudamericano uno de sus activos más estratégicos en el extranjero, mientras crecen las tensiones bilaterales que se extienden al escenario militar e incluso al terreno migratorio, con vuelos de deportación que continúan pese a los anuncios de cielos cerrados.
La controversia estalló tras la decisión del juez Leonard P. Stark, de la Corte Federal de Distrito en Delaware, quien autorizó la adjudicación de PDV Holding —empresa matriz de Citgo— a una filial del fondo de cobertura Elliott Investment Management.
La operación se concretó luego de una subasta judicial en la que la compañía presentó una oferta de 5900 millones de dólares, destinada a compensar a acreedores por incumplimientos de deuda y expropiaciones en Venezuela.
Citgo, valorada en unos 8 mil millones de dólares, constituye una clave activa para PDVSA desde la década de 1980. La empresa opera tres refinerías en Luisiana, Texas e Illinois, además de una red de oleoductos que atraviesa 23 estados y aporta entre el 5 y el 10% de la gasolina consumida en territorio estadounidense.
En 2016, el presidente Nicolás Maduro ofreció a Citgo como garantía en un canje de deuda, lo que abrió la puerta a litigios posteriores.
Ahora, el gobierno venezolano —junto con equipos legales de Citgo, sus matrices y la minera Gold Reserve— apeló la orden judicial.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que el proceso constituye un fraude y un acto de expoliación: “Citgo es un valioso activo de Petróleos de Venezuela que pretende ser expoliado por el gobierno de los Estados Unidos bajo un procedimiento judicial claramente contrario a derecho”.
Asamblea Nacional repudia la venta
Por su parte, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad un acuerdo en repudio a lo que calificó como “expoliación” de Citgo.
Los legisladores señalan que la empresa genera entre cuatro y cinco mil millones de dólares anuales en utilidades, recursos que podrían destinarse a programas sociales y al crecimiento económico interno.
El vicepresidente primero del parlamento denunció que en el proceso están implicados 351 venezolanos, entre ellos 94 parlamentarios de la Asamblea en desacato y un centenar de miembros de juntas directivas de ONGs.
El acuerdo legislativo determinó la acción judicial estadounidense como “una abierta trasgresión del Derecho Internacional Público” y un acto de “delincuencia organizada internacional”.
El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, invocó el artículo 130 de la Constitución venezolana sobre el deber de defender la patria y propuso retirar la nacionalidad a quienes colaboraron con el proceso, entre ellos figuras opositoras como Juan Guaidó, Dinora Figuera y Horacio Medina.
Pese a cielos cerrados, continúan vuelos de deportación
Mientras se intensifica la disputa por Citgo, otro frente de tensión se desarrolla en el ámbito migratorio. Pese a que el presidente Donald Trump había declarado que el espacio aéreo venezolano debía considerarse cerrado, los vuelos de deportación de migrantes hacia Caracas continúan dos veces por semana.
El gobierno venezolano confirmó que los vuelos seguirán realizándose tras una solicitud de Washington.
Eastern Airlines, con sede en Estados Unidos, presentó una petición de sobrevuelo y aterrizaje para el miércoles, revelada públicamente por el canciller venezolano. La medida contradice el anuncio previo de suspensión unilateral por parte de autoridades migratorias estadounidenses.
Más de 13 mil inmigrantes han sido deportados este año en vuelos chárter, operados por contratistas del gobierno estadounidense o por la aerolínea estatal venezolana.
Los vuelos se producen en paralelo a operaciones militares estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el océano Pacífico y frente a la costa caribeña de Venezuela.
Trump advirtió que Estados Unidos podría iniciar ataques terrestres contra cárteles de drogas, insinuando que Colombia —principal productor mundial de cocaína— podría ser uno de los objetivos.
“Por tierra es mucho más fácil. Sabemos dónde viven los malos”, declaró Trump en una reunión con su gabinete. El presidente agregó que cualquier país que produzca y venda drogas como fentanilo o cocaína hacia Estados Unidos “está sujeto a ataque”.
Vaticano envía señales inequívocas de diálogo
En contraste, el papa León XVI exhortó a Washington a privilegiar el diálogo y la presión económica sobre Venezuela en lugar de amenazas militares.
Durante su regreso al Líbano, el pontífice —primer papa estadounidense de la historia— señaló que la conferencia episcopal venezolana y la embajada del Vaticano en Caracas trabajan para calmar la situación y proteger a los ciudadanos comunes.
“Las voces que vienen de Estados Unidos cambian, con cierta frecuencia a veces”, dijo.
“Por un lado, parece que hubo una conversación telefónica entre los dos presidentes; por otro, está este peligro, esta posibilidad de una actividad, una operación que incluya invadir el territorio de Venezuela, manifestó el jefe de la iglesia católica.
