Una investigación preliminar apunta directamente a EE.UU como responsable del bombardeo que el 28 de febrero arrasó la escuela primaria femenina Shajareh Tayyebeh en Minab, al sur de Irán, que dejó al menos 175 muertos, en su mayoría niñas.
El informe periodístico contradice la versión oficial del presidente Donald Trump, quien había atribuido la tragedia a un misil iraní.
Los resultados, revelados por The New York Times y confirmados por otros medios, señalan que el ataque se debió a datos obsoletos sobre objetivos militares. La escuela, que en el pasado formaba parte de una base de la Guardia Revolucionaria iraní, estaba confundida con instalaciones aún activas.
Fuentes cercanas a la investigación aseguran que oficiales del Mando Central de EE.UU utilizaron coordenadas desactualizadas proporcionadas por la Agencia de Inteligencia de Defensa. El blanco original era una base militar, pero el colegio había sido separado básicamente de esas instalaciones entre 2013 y 2016.
Imágenes satelitales y análisis independientes confirman que el impacto provino de un misil Tomahawk, armamento que Irán no posee y que solo Estados Unidos emplea en la región. Según expertos consultados por AP y cnnla escuela fue alcanzada en medio de una rápida andanada de bombas dirigidas contra el complejo militar vecino.
El peor error del Pentágono
A pesar de la acumulación de pruebas, la Casa Blanca insiste en que la investigación aún no ha concluido. “Como reconoce Los New York Times en su propio reportaje, la investigación está en curso”, declaró Karoline Leavitt, secretaria de prensa presidencial.
El presidente Trump, junto con Israel, intentó inicialmente desviar la responsabilidad hacia Irán, lo que ha generado malestar entre funcionarios estadounidenses que revisan los datos. Varios de ellos, bajo condición de anonimato, cuestionan por qué no se verificó la información antes de ejecutar el ataque.
Si se confirma la responsabilidad de EE.UU, el ataque de Minab sería el error más mortífero del Pentágono en décadas. La tragedia reaviva el debate sobre los llamados “daños colaterales”, un eufemismo utilizado para describir muertes de civiles en operaciones militares.
Human Rights Watch ha señalado que el ataque debe investigarse como posible crimen de guerra, dado que las leyes internacionales prohíben ofensivas contra escuelas y otros edificios civiles.
“Las partes responsables de un ataque ilícito deben rendir cuentas”, afirmó Sophia Jones, investigadora de la organización.
Evidencias crecientes y preguntas sin respuesta
Videos verificados por CNN muestran la columna de humo que emerge de la escuela tras el impacto. Fotografías difundidas por medios iraníes exhiben fragmentos de misiles Tomahawk en el lugar. Expertos en armamento confirman que Irán no posee este tipo de municiones, fabricadas exclusivamente en Estados Unidos.
El análisis de imágenes satelitales posteriores al ataque reveló al menos ocho estructuras impactadas dentro del recinto militar, incluida la escuela, que estaba separada por muros y tenía acceso independiente desde la calle.
La investigación preliminar deja abiertas varias incógnitas que ponen en entredicho la cadena de mando y los protocolos de seguridad del Pentágono. Persisten dudas sobre por qué se recurrió a coordenadas obsoletas para definir el objetivo, quién debía haber actualizado esa información y qué mecanismos fallaron en la verificación de los datos antes de lanzar el ataque.
Normas internacionales violadas
Mientras esas preguntas siguen sin respuesta, la presión internacional aumenta. Gobiernos y organizaciones humanitarias reclaman explicaciones claras y justicia para las víctimas, subrayando que el bombardeo vulnera principios básicos del derecho internacional humanitario.
Dichas normas prohíben expresamente ataques contra escuelas y hospitales, considerados espacios civiles protegidos, salvo que se utilicen con multas militares. En este caso, las evidencias apuntan a que la escuela estaba en pleno funcionamiento como centro educativo, lo que refuerza la acusación de que el ataque constituye una grave violación de la legalidad internacional.
Daños colaterales: un patrón repetido
El caso de Minab se suma a un historial de errores militares estadounidenses que han dejado tras de sí un elevado número de víctimas civiles.
En agosto de 2021, durante la retirada de Kabul, un dron estadounidense mató a diez miembros de una misma familia al atacar lo que se pensaba era un coche bomba. Según el proyecto Costs of War de la Universidad de Brown, más de 71 000 civiles murieron en Afganistán y Pakistán como consecuencia directa de la guerra.
Desde 2004, entre 4.000 y 10.000 afganos perdieron la vida en ataques con drones de Estados Unidos, incluidos cientos de civiles.
El Pentágono, por su parte, reconocía hasta diciembre de 2021 haber matado accidentalmente a 1 417 civiles en Oriente Próximo desde 2014, aunque investigaciones periodísticas posteriores concluyeron que esas cifras habían sido “significativamente subestimadas”.
En el caso de la guerra en Irak, el portal británico BBC cita a un estudio de la Organización Mundial de la Salud publicado en 2008, el cual evita dar cifras concretas, pero sugiere cerca de 400 000 muertos. Y una tercera medición de 2008 realizada por la encuestadora Opinion Research Business, con sede en Londres, arroja más de un millón de muertos.
Este patrón de daños colaterales, presentado como errores inevitables en operaciones militares, ha marcado la política de defensa estadounidense durante las últimas dos décadas y vuelve a estar en el centro del debate tras la tragedia de Minab.
