Las recientes declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea reabrieron un debate sensato y necesario: el manejo de las competencias de tránsito en Ecuador y cómo evitar que la corrupción en las agencias de tránsito.
Tras las intervenciones a las agencias de tránsito de Manta y Durán, y el cierre temporal de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) por presuntos actos de corrupción e infiltración del crimen organizado, el Ministro sostuvo que es necesario retirar estas competencias a los municipios.
El diagnóstico sobre la gravedad de los hechos es ineludible; La solución planteada, en cambio, merece una reflexión más amplia y equilibrada.
La crisis del tránsito no se resuelve cambiando de administrador, sino construyendo controles firmes, sistemas tecnológicos blindados y una corresponsabilidad real entre el Estado y los municipios para cerrar el paso a la corrupción y al crimen organizado.
Los casos detectados —emisión fraudulenta de licencias y matrículas, eliminación irregular de multas, venta de especies y legalización de vehículos robados, incluso con ramificaciones internacionales— revelan una falla estructural en los sistemas de control del Estado.
La presencia de organizaciones criminales como Los Choneros y Los Chonekillers en entidades de tránsito, tanto municipales como nacionales, demuestra que la corrupción no reconoce niveles de gobierno. La ANT, adscrita al Ejecutivo, también está bajo investigación, lo que confirma que el problema no se limita a la descentralización.
En este contexto, quitar las competencias de tránsito a los municipios no parece una solución de fondo. La corrupción no se erradica simplemente trasladando atribuciones de un ente a otro.
Centralizar nuevamente el tránsito podría incluso agravar los cuellos de botella institucionales y alejar la gestión de las realidades locales, afectando directamente a los usuarios, como ya ocurre con la suspensión de trámites a escala nacional tras el cierre de la ANT.
El proceso de descentralización, iniciado en 2013 con los municipios, respondió a la necesidad de acercar los servicios públicos a la ciudadanía. Bien o mal, los gobiernos locales han invertido recursos humanos, técnicos y financieros para asumir esta competencia.
Lo que hoy queda en evidencia no es el fracaso del modelo descentralizado, sino la fragilidad de los sistemas de control, supervisión y selección de personal.
La ruta más razonable es fortalecer, no desmontar. Esto implica dotar a los municipios de plataformas tecnológicas seguras, interoperables y permanentemente auditadas; establecer procesos rigurosos y transparentes de contratación de personal; y crear mecanismos de control cruzado entre el Ejecutivo, la Asamblea y los gobiernos locales.
La información sensible que manejan las agencias de tránsito exige estándares altos de seguridad para evitar que sea utilizada en extorsiones, robos u otros delitos.
El desafío es grande y requiere corresponsabilidad. Combatir la corrupción y la infiltración del crimen organizado en el sistema de tránsito es urgente, pero debe hacerse sin sacrificar la descentralización del Estado ni castigar a los usuarios. Fortalecer las instituciones, con controles efectivos y cooperación entre niveles de gobierno, es una respuesta más sólida y sostenible que simplemente cambiar de administrador un problema que es estructural.
