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20 de febrero de 2026
El Tribunal Supremo de EE.UU. asestó este viernes un golpe a la política comercial de Donald Trump al anular la mayoría de los aranceles impuestos durante su segundo mandato. El fallo, adoptado por seis votos contra tres, concluye que el presidente excedió su autoridad legal. La decisión abre la puerta a reembolsos millonarios y la revisión de acuerdos comerciales.
Es noticia. El Tribunal Supremo de Estados Unidos invalidó los aranceles que el presidente Donald Trump impuso al amparo de la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA) de 1977. La mayoría parecía que el mandatario utilizó de forma indebida una norma que no menciona expresamente la facultad de fijar tarifas aduaneras.
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En una decisión 6-3, el presidente del tribunal, John Roberts, sostuvo que la Constitución otorga al Congreso, y no al Ejecutivo, la potestad de establecer aranceles. “El poder pertenece solo al Congreso”, escribió en la opinión mayoritaria.
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La Corte determinó que Trump “excedió su autoridad” al declarar una emergencia nacional basada en el déficit comercial para imponer tarifas generalizadas, incluidas las denominadas “Tarifas del Día de la Liberación” con un gravamen global del 10%.
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El fallo ratifica decisiones previas de tribunales inferiores que habían bloqueado la aplicación de los aranceles, en una impugnación presentada por empresas afectadas y por 12 estados, en su mayoría gobernados por demócratas.
Cómo funciona. El eje del litigio giró en torno a la interpretación de la IEEPA, una ley que permite al presidente regular transacciones económicas ante “amenazas inusuales y extraordinarias” tras declarar una emergencia nacional. La norma autoriza “regular la importación”, pero no menciona la palabra arancel.
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La administración argumentó que las importaciones “regulares” equivalían a imponer tarifas. Sin embargo, Roberts demostró que “esas palabras no pueden soportar tal peso”, al rechazar que el Ejecutivo pueda fijar impuestos sin autorización clara del Congreso.
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Durante los alegatos orales de noviembre, varios magistrados cuestionaron si alguna vez la ley había sido utilizada para establecer aranceles. Los demandantes subrayaron que en 50 años ningún presidente la aplicó con ese fin.
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El Departamento de Justicia advirtió que negar esa facultad dejaría al país expuesto a represalias comerciales, pero la mayoría estimó que permitiría ampliar de forma drástica el poder presidencial.
Datos clave. Más allá del pulso institucional, la decisión tiene implicaciones económicas inmediatas. Los aranceles eran una pieza central de la agenda económica del segundo mandato de Trump y estaban llamados a generar ingresos significativos para el Tesoro.
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Economistas del Modelo Presupuestario de Penn-Wharton estimaron que la recaudación superaría los USD 175 mil millones en la próxima década. Esa cifra podría ahora convertirse en potenciales reembolsos a empresas afectadas.
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Compañías como Costco y Bumble Bee Foods se preparaban para reclamar devoluciones. Una coalición de pequeñas empresas, “Pagamos los Aranceles”, exigió compensaciones por los sobrecostos asumidos.
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Desde diciembre, numerosas firmas contrataron abogados y presentaron demandas anticipando un fallo adverso al presidente, con el objetivo de asegurar pagos rápidos si se anulaba el núcleo de la guerra comercial.
Lo que sigue. El impacto trasciende a EE.UU.. La guerra comercial iniciada tras el segundo mandato de Trump tensó relaciones con socios estratégicos, alteró los mercados financieros y generó incertidumbre global.
