La crisis venezolana ha dejado de ser un asunto regional para convertirse en un espejo incómodo del desorden político global. No solo por la persistencia de un régimen que ha vaciado las instituciones desde dentro, sino porque su prolongación evidencia algo más profundo: el agotación de un marco internacional que ya no logra distinguir con claridad entre legalidad y arbitrariedad, entre soberanía y abuso, entre estabilidad y modificación democrática. El viejo mundo, efectivamente, muestra signos de agotamiento; lo inquietante es que el nuevo aún no logra articularse con reglas comprensibles.
Durante décadas, el orden liberal internacional se mantuvo sobre una premisa básica: los Estados eran soberanos, pero no omnipotentes; el poder estaba limitado por el derecho y la legitimidad descansaba, aunque imperfectamente, en el consentimiento de los gobernados. Venezuela ha erosionado sistemáticamente esa premisa. Elecciones sin competencia real, tribunales subordinados y una administración pública convertida en instrumento partidario han normalizado lo que antes se consideraba excepcional. Como advertía Raymond Aron, las crisis políticas no comienzan cuando se rompe el orden, sino cuando se deja de llamarlo por su nombre.
La reacción internacional frente a Venezuela ha sido errática y, en ocasiones, contradictoria. Entre sanciones selectivas, reconocimientos diplomáticos ambiguos y discursos grandilocuentes sobre autodeterminación, se ha tolerado una deriva autoritaria bajo la excusa de la estabilidad. Friedrich Hayek recordaba que el mayor peligro para la libertad no siempre es la imposición directa, sino la aceptación gradual de la arbitrariedad cuando esta se presenta como necesidad histórica. Algo de eso ha ocurrido con Venezuela y con otros regímenes que observan atentamente hasta dónde puede estirarse la cuerda.
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Este escenario no solo interpela a América Latina. Revela una crisis más amplia del orden global posterior a la Guerra Fría. Las reglas que parecían incuestionables hoy se aplican de forma selectiva, dependiendo del peso geopolítico del infractor o de su utilidad estratégica. El derecho internacional, concebido para limitar el poder, corre el riesgo de convertirse en un lenguaje vacío si no se respalda con coherencia y responsabilidad. Michael Oakeshott anunció que cuando la política se transforma en una empresa de salvación, deja de ser prudente y se vuelve peligrosa.
El nuevo mundo que algunos anuncian con entusiasmo se presenta como multipolar, flexible y pragmático. Sin embargo, muchas de sus expresiones actuales descansan más en el cálculo que en los principios. La defensa acrítica de la soberanía, desligada del respeto a las libertades fundamentales, no fortalece a los Estados; los debilita moralmente. La experiencia venezolana demuestra que cuando el poder no reconoce límites internos ni externos, termina destruyendo las condiciones mínimas de prosperidad y convivencia.
No se trata de idealizar el orden que se desvanece ni de negar sus fallas. Pero conviene recordar que las instituciones, por imperfectas que sean, cumplen una función insustituible: canalizar el conflicto sin anular la libertad. Roger Scruton insistía en que la tarea política más urgente no es diseñar futuros abstractos, sino preservar los marcos que permiten corregir errores sin recurrir al colapso.
Tal vez el desafío de este tiempo consiste en resistir la fascinación por los relatos épicos y recuperar una virtud menos vista, pero más urgente que reconozcamos como la prudencia. Sin ella, el nuevo mundo no nacerá como promesa, sino como advertencia. Y Venezuela seguirá recordándonos, con crudeza, lo que ocurre cuando el poder se emancipa de toda responsabilidad.
