El segundo período de Donald Trump en la Casa Blanca ha estado marcado por profundos cambios en la agenda internacional. Esto se debe a que, según la percepción del presidente, y amplios sectores sociales, el país norteamericano había perdido protagonismo en el escenario internacional e influencia en sus zonas de interés. Como consecuencia, el gabinete de gobierno ha emprendido una labor enfocada en la reevaluación de sus compromisos globales, alianzas y estrategia política internacional. Desde una perspectiva pesimista, estos cambios han traído inestabilidad al orden internacional. No obstante, desde un punto de vista más positivo, este reordenamiento también ha abierto la posibilidad para la reorganización del sistema internacional, menos jerárquico y más espontáneo.
De la incomodidad a la diversificación
Como se inició en la Estrategia de Seguridad Nacional, Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump, “abandonaría” su posición paternalista y de tutela, a fin de avanzar hacia un orden más competitivo y autárquico. Esto implica que los aliados tradicionales de Estados Unidos, como la Unión Europea, dejarían de estar bajo el manto protector, por lo que tendrían que hacer un esfuerzo para consolidar nuevos patrones de interacción internacional, marcados por la negociación y el intercambio de intereses. Asimismo, este cambio puso en evidencia los límites de un orden político jerárquico y dependiente, casi exclusivamente, de una sola potencia.
Como era de esperarse, este cambio en la agenda internacional generó desconcierto e incomodidad. Sin embargo, en vez de caer en el desmantelamiento del orden internacional, el declive de la supremacía unipolar ha favorecido la transición hacia una organización más policéntrica y diversificada. Esto se debe a que, ante la incertidumbre, los países han buscado probar que sí se pueden valer por sí mismos, construyendo puentes con un abanico más amplio de países, particularmente a nivel regional. Este es el caso de Catar, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Corea del Sur, la Unión Europea, entre otros. Así pues, al apostar por un orden marcado por la multiplicidad de centros de poder, en vez de depender siempre de un solo actor, se reduciría la vulnerabilidad a la que podrían estar expuestos los países, ante cambios imprevistos en las relaciones de poder.
Asimismo, la reconfiguración de alianzas como la de los saudíes y Pakistán o la Unión Europea y Mercosur, evidencian que un elemento que caracterizará este nuevo orden será el pragmatismo, antes que la ideología. La razón de esto es que las asociaciones, ya no serán sobre agendas completas, sino que irán cambiando dependiendo del tema en cuestión. Este factor no solo aportará mayor flexibilidad y menos dependencia en las relaciones, sino que también favorecerá la emergencia de un mundo autoorganizado. En términos económicos, este orden emergente, frente al planificado del pasado, sería favorable para un internacionalismo más rápido, flexible y determinado.
Ahora bien, así como esta nueva organización del poder podría tener muchos beneficios, al tener más frentes abiertos, también se multiplican los riesgos. En primer lugar, para que este orden sea exitoso debe de existir un cuidadoso juego de equilibrio entre alianzas. Esto se debe a que las relaciones con un socio podrían afectar otros vínculos. Por fin, la presión estará sobre los líderes políticos, quienes deberán de ejercer el poder de forma inteligente para potenciar sus ganancias. Además, debido a que las nuevas relaciones estarán basadas en el pragmatismo, cada actor deberá ser selectivo en la forma en la que selecciona a sus socios, de manera que se garantice la estabilidad, la reciprocidad y los beneficios en el largo plazo.
Así pues, aunque este nuevo orden internacional, impulsado desde la Casa Blanca, trae nuevos retos y riesgos, también trae grandes oportunidades para la reorganización de las alianzas. Como consecuencia, la diversificación de las asociaciones no solo deberá prestarle atención al fondo, sino que también a la forma de las negociaciones, a fin de respetar los marcos legales y la racionalidad en el ejercicio del poder.
