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31 de diciembre de 2025
La suspensión provisional del Presupuesto General 2026 por parte de la Corte de Constitucionalidad obligará al Ejecutivo a operar con el plan de gastos vigente en 2025. El Ministerio de Finanzas (MINFIN) confirmó que, ante las restricciones operativas, presentará a inicios de 2026 una iniciativa de ampliación presupuestaria para sostener proyectos estratégicos.
Es noticia. La Corte de Constitucionalidad (CC) dejó en suspenso la entrada en vigor del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2026, tras otorgar un amparo provisional contra el Decreto 27-2025, aprobado por el Congreso en noviembre pasado. La resolución impide que el plan de gastos entre en vigor el 1 de enero próximo.
- El MINFIN informó que la CC suspendió el decreto por “vicios de procedimiento durante la aprobación” en el pleno legislativo, dejando sin efecto “todo lo accionado con posterioridad”.
- Conforme al artículo 171 de la Constitución, a partir del 1 de enero de 2026 volverá a regir el presupuesto de 2025, contenido en el Decreto 36-2024, con un monto vigente de GTQ 154 mil 936.6 millones.
- Finanzas subrayó que la medida “incomoda, pero no detiene la gestión del gobierno”, y garantizó la continuidad del pago de salarios, servicios básicos, salud, educación, seguridad y deuda pública.
Qué destacar. La aplicación de un presupuesto desfasado implica limitaciones para la política pública del próximo año, especialmente en inversión y expansión de programas. Finanzas reconoce que el marco actual asegura la operación básica del Estado, pero restringe nuevas prioridades definidas para 2026.
- Los programas creados o ampliados exclusivamente en el Presupuesto 2026, que ascendía a Q163 mil 469.3 millones, no podrán ejecutarse mientras no se resuelva la situación jurídica del decreto suspendido.
- El Minfin advirtió que la falta de un nuevo presupuesto limita la ejecución de inversiones en infraestructura económica, desarrollo social y fortalecimiento institucional, áreas clave para dinamizar el crecimiento.
- Según el comunicado oficial, operar con el presupuesto anterior “implica restricciones operativas”, al no reflejar las necesidades actuales ni los compromisos previstos para el siguiente ejercicio fiscal.
Datos clave. La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió la entrada en vigor del Presupuesto General 2026 tras otorgar un amparo provisional contra el decreto aprobado por el Congreso de la República. La decisión fue avalada por los magistrados Leyla Lemus, Héctor Pérez Aguilera, Dina Ochoa y Nester Vásquez. El magistrado Roberto Molina Barreto emitió voto disidente.
- El pleno de magistrados de la CC resolvió, por mayoría, otorgar amparo provisional contra el Decreto 27-2025, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026. La decisión impide que la normativa entre en vigencia el 1 de enero próximo. La CC fundó el amparo en el artículo 28 de la Ley de Amparo, al considerar procedente la suspensión por los vicios formales denunciados y por las circunstancias del caso.
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La acción fue promovida por los abogados Diego Sagastume Vidaurre, Fernando Linares-Beltranena y Miguel Roberto Balsells, así como los alcaldes Neto Bran, Hugo Sarceño y Sebastián Siero, quienes cuestionaron el procedimiento legislativo utilizado para aprobar el plan de gastos.
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La resolución se dio a conocer dos días antes de la fecha prevista para la entrada en vigor del presupuesto, lo que genera un nuevo pulso entre el Congreso y el Tribunal Constitucional.
En el radar. El Presupuesto 2026 fue aprobado el 26 de noviembre en una sesión extendida y marcada por la urgencia, pese a no figurar originalmente en la agenda legislativa. La maniobra fue impulsada por diputados oficialistas, que lograron los votos necesarios tras una serie de mociones consecutivas.
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El plan asciende a GTQ 163 mil 429 millones, uno de los más altos de la historia reciente, e incluye GTQ 6 mil 312 millones para los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES).
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La asignación a los CODEDES fue señalada por su potencial uso político, al tratarse de un año previo a elecciones generales.
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La aprobación se dio sin discusión amplia y en un solo debate, bajo la figura de urgencia nacional, lo que avivó críticas por falta de transparencia.
Punto de fricción. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) insistió en la necesidad de responsabilidad fiscal, transparencia y fiscalización pública. La organización subrayó que el respeto al marco constitucional fortalece la certeza jurídica y la gobernabilidad.
- El CACIF reconoció el alcance institucional del fallo de la CC, al considerarla máxima intérprete de la Constitución y garantía del Estado de Derecho, y enfatizó el papel de los órganos constitucionales en preservar la gobernabilidad democrática.
- En comunicado propio, el CACIF destacó que las decisiones de los órganos constitucionales deben cumplirse dentro del marco institucional para fortalecer la certeza jurídica. La organización expresó preocupación por la orientación y magnitud del Presupuesto 2026, al tiempo que exigió mayor transparencia en su formulación y ejecución.
- Además, el sector privado instó a las autoridades a atender los señalamientos legales planteados y promover un presupuesto que responda a las necesidades del país y garantice el uso eficiente de los recursos públicos.
Ahora qué. Con el amparo provisional, el escenario fiscal queda en suspenso y abre un nuevo capítulo de incertidumbre.
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La decisión de la CC no anula el decreto, pero sí congela sus efectos mientras se resuelve el fondo del asunto.
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Las autoridades no podrán, de momento, ejecutar el Presupuesto 2026 bajo las condiciones aprobadas, lo que obliga a evaluar escenarios alternativos para el próximo ejercicio fiscal.
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El Congreso se enfrenta ahora al desgaste político de un proceso señalado por opacidad, incrementos salariales propios y recursos para obras con posibles multas electorales.
