La Fiscalía Anticorrupción ordenó la aprehensión del exvicepresidente José Gabriel Carrizo, investigado por presunto enriquecimiento injustificado. La resolución fue emitida el 23 de enero y formalizada el 26. La efectividad de la medida podría verse afectada debido a que Carrizo no se encuentra actualmente en territorio panameño.
Es noticia. La Fiscalía Anticorrupción notificó a las autoridades policiales la orden de captura contra José Gabriel Carrizo, sustentada en una resolución del 23 de enero. La acción se apoya en hallazgos financieros que llevaron al congelamiento de más de 1.3 millones de dólares en activos vinculados al exvicepresidente.
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Desde noviembre de 2025, la Contraloría había ordenado el secuestro de cuentas bancarias y vehículos a nombre de Carrizo, por un monto superior a 1,3 millones de dólares.
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Los registros oficiales señalan que el exfuncionario salió del país el 17 de enero, un factor que podría retrasar su comparación ante las autoridades.
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En declaraciones previas, calificó como “lamentable” la filtración de información del caso y aseguró que enfrentará las acusaciones “con hechos reales y transparencia”.
Qué destacar. La investigación gira en torno a inconsistencias patrimoniales detectadas durante el periodo 2019-2024, cuando Carrizo ejerció como vicepresidente y, simultáneamente, ministro de la Presidencia. Auditorías oficiales señalan un aumento patrimonial que no coincide con los ingresos declarados, lo que motivó las medidas cautelares.
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Los informes forenses identifican irregularidades superiores a 1,3 millones de dólares, lo que originó el secuestro inicial de bienes.
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Diversas entidades bancarias debían congelar cuentas, depósitos, tarjetas y cualquier movimiento financiero relacionado.
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Autoridades migratorias fueron alertadas para impedir un eventual intento de salida o reingreso sin control del exfuncionario.
Entre lineas. El expediente también involucra posibles implicaciones jurisdiccionales derivadas del interés de Carrizo por juramentarse en el Parlamento Centroamericano, lo que podría otorgarle inmunidad. Ante este escenario, las autoridades actuaron para evitar que ese paso afecte la disponibilidad del exvicepresidente ante el proceso.
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Las autoridades judiciales notificaron la orden a distintas instituciones para asegurar que el exfuncionario permanezca sujeto al proceso penal.
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La defensa ha denunciado supuestas irregularidades en las auditorías, señalando secuestro de bienes ajenos y presión sobre familiares.
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Existen otras investigaciones abiertas relacionadas con actuaciones durante su gestión, lo que incrementa el alcance del caso.
Lo que sigue. El desarrollo del caso depende del retorno de Carrizo al país y de la posible definición sobre su aspiración a ser juramentado en el Parlacen. Las autoridades insisten en que la investigación seguirá adelante, independientemente de los movimientos políticos o administrativos.
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Si adquiriera fuero parlamentario, el expediente pasaría a otra instancia, lo que modificaría los tiempos y alcance de la investigación.
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Auditorías adicionales podrían generar nuevas acciones administrativas o penales según los hallazgos pendientes.
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Las organizaciones ciudadanas exigen transparencia total para evitar que el caso derive en percepciones de persecución o, por el contrario, de impunidad.
