El Gobierno que anunció presentará al Congreso de la República una propuesta de reformas puntuales al Decreto 7-2025, tras concluir una serie de reuniones con alcaldes de los 22 departamentos del país. El Ejecutivo expuso riesgos técnicos, legales y financieros asociados a la aplicación de esta ley vigente.
Es noticia. El presidente Bernardo Arévalo concluyó cuatro reuniones de trabajo con jefes edilicios, en las que el Ejecutivo planteó la necesidad de reformar puntualmente el Decreto 7-2025, normativo que regula proyectos de obra pública ejecutados por municipalidades con recursos de inversión de los Consejos de Desarrollo.
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El Gobierno subrayó que el Decreto 7-2025 es una ley vigente de la República, cuya aplicación es obligatoria para los gobiernos municipales.
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Durante los encuentros se expusieron riesgos técnicos, legales y financieros derivados de su implementación.
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Estas advertencias fueron compartidas directamente con las alcaldesas y alcaldes, al considerar que los efectos recaen principalmente sobre la gestión municipal.
Claves de aspectos. El Ejecutivo explicó que los riesgos identificados justifican la evaluación de ajustes al marco normativo.
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Según el Gobierno, los riesgos del Decreto 7-2025 afectan sobre todo a las municipalidades, responsables de la planificación y ejecución de los proyectos.
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La aplicación del decreto puede generar contingencias legales y financieras, si no se corrigen vacíos técnicos.
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El planteamiento oficial busca preservar la ejecución de la obra pública, sin comprometer la legalidad ni el control administrativo.
Entre lineas. El Ejecutivo dejó claro que la vía planteada no implica eliminar la ley. El Gobierno considera presentar reformas puntuales, sin necesidad de derogar el Decreto 7-2025.
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El objetivo es reducir los riesgos técnicos, legales y financieros asociados a su aplicación. La estrategia apunta a ajustes específicos que otorguen mayor certeza jurídica a los gobiernos municipales.
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Además de la ruta legislativa, el Ejecutivo propuso medidas inmediatas para la gestión de proyectos. Se planteó una revisión previa de los expedientes, para garantizar que estén completos antes de su aprobación final.
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El objetivo es evitar el plazo de cinco días que activa el silencio administrativo positivo. Con ello, el Gobierno busca prevenir aprobaciones automáticas sin respaldo técnico suficiente.
Hemeroteca. El presidente Bernardo Arévalo vetó el Decreto 9-2025, el Congreso con 83 votos el 30 de septiembre, al considerar que la reforma a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente presenta vicios constitucionales y riesgos ecológicos, decisión adoptada en Consejo de Ministros.
- El Ejecutivo advirtió que la norma limitaba las evaluaciones de impacto ambiental a actividades comerciales, excluyendo al sector público y otras áreas económicas; Además, señaló que “ponen en grave riesgo al ambiente”, vulnera principios como la igualdad y la seguridad jurídica, y debilita el marco legal ambiental, pese a contemplar multas de hasta GTQ 100 000 y sanciones administrativas.
- Tras el veto, el Decreto 9-2025 regresó al Congreso, que deberá decidir si lo modifica o insiste en su aprobación; el Gobierno reiteró que las licencias ambientales deben ser herramientas efectivas de protección, no mecanismos de evasión, en un contexto de tensiones con el Legislativo que incluye el análisis del Decreto 7-2025, que será elevado a la Corte de Constitucionalidad.
