Un juez federal en Massachusetts declaró ilegal la política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que permite deportar inmigrantes a terceros países sin notificación previa ni oportunidad de impugnar su traslado.
Según informó Noticias CBSel juez de distrito Brian Murphy dio la razón a un grupo de no ciudadanos que presentó una demanda colectiva el año pasado contra el DHS y ordenó dejar sin efecto la política de deportaciones a terceros países impulsada por la administración del presidente Donald Trump.
No obstante, suspendió la aplicación de su fallo por 15 días para permitir que el gobierno presente una apelación.
La norma, emitida en marzo y reafirmada en julio, establecía que los oficiales de inmigración no estaban obligados a notificar ni a ofrecer a los migrantes la posibilidad de objetar su envío a un tercer país —distinto al señalado en su orden de deportación— siempre que ese país hubiera asegurado que no serían perseguidos ni torturados.
El juez determinó que esa política viola la ley federal de inmigración y el derecho al debido proceso.
En su fallo, cuestionó la falta de transparencia sobre las supuestas “garantías” ofrecidas por los terceros países y sostuvo que la Constitución permite a cualquier persona cuestionar esas decisiones antes de que el gobierno le prive de su libertad.
Murphy, designado por el expresidente Joe Biden, afirmó que bajo la política del DHS los migrantes podían ser arrestados y enviados a destinos desconocidos mientras el gobierno no tuviera constancia de que enfrentarían violencia.
“No es correcto ni es legal”, escribió el magistrado, al citar protecciones federales contra la persecución y la tortura.
El caso surgió después de que cuatro extranjeros presentaran una demanda colectiva en marzo pasado.
En abril, el juez emitió una orden preliminar que obligaba a las autoridades migratorias a notificar por escrito al país al que podrían ser enviados ya ofrecer una oportunidad significativa para alegar temor de persecución, tortura o muerte.
La disputa judicial escaló hasta la Corte Suprema, que en junio permitió que las deportaciones a terceros países continuaran mientras avanzaban los litigios en instancias inferiores.
Días después, el máximo tribunal autorizó la deportación de un grupo de migrantes retenidos en una base naval estadounidense en Yibuti hacia Sudán del Sur.
En respuesta al nuevo fallo, el Departamento de Seguridad Nacional defendió la autoridad constitucional del gobierno para deportar a inmigrantes en situación irregular y afirmó que confía en que será reivindicado nuevamente en instancias superiores.
La Casa Blanca también criticó la decisión y aseguró que la administración continuará aplicando la ley migratoria federal y avanzando en su campaña de deportaciones masivas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.
