La justicia argentina dirime si la implosión de un submarino de la Armada que provocó la muerte de sus 44 tripulantes en 2017 fue una tragedia previsible y evitable, como sostuvieron la fiscalía y la querella en el inicio del juicio oral este martes.
Los restos del submarino ARA San Juan, de fabricación alemana, fueron localizados un año después de su desaparición. Todavía quedan a más de 900 metros de profundidad y 500 kilómetros de la costa de la provincia de Santa Cruz, en cuya capital Río Gallegos se lleva a cabo el juicio.
En el tribunal, ante los cuatro exoficiales de la Armada acusados, la fiscalía expuso que “no se debió a un hecho fortuito sino que fue un desenlace previsible por el estado de la unidad que hizo posible el naufragio”.
Los informes indicaron que estaba excedido el plazo de reparación recomendado en 26 meses y que el deterioro significó “un aumento del riesgo en desmedro de la integridad física de sus tripulantes”.
El miércoles comenzará la indagatoria a los acusados tras completarse este martes la lectura de cargos.
“Van a responder preguntas, veremos cuál es su estrategia. Hubo 44 muertes, hubo deficiencias en el mantenimiento del submarino, hubo alarmas que no se escucharon en una navegación anterior (…) ante toda esa prueba, es muy baja la chance de que esto quede impune”, declaró al término de la audiencia la abogada Valeria Carreras que representa a 34 familiares.
El fiscal Julio Zárate demostró que el Ministerio Público se reunió “suficientes pruebas para avanzar en condenas”.
El submarino zarpó desde el puerto austral de Ushuaia y regresaba a la base en Mar del Plata (sur de Buenos Aires) cuando despareció. El 15 de noviembre de 2017 reportó un desperfecto eléctrico y un principio de incendio. Fue su último mensaje.
Su búsqueda aunó a decenas de países y se mantuvo en vilo a la sociedad y al gobierno del expresidente de derecha Mauricio Macri (2015-2019).
En el ingreso al tribunal una bandera argentina muestra los rostros de las 44 víctimas con la leyenda “honor y gloria a nuestros héroes en patrulla eterna”, única alusión en una ciudad desolada e indiferente al proceso que alberga.
“Los nadie”
Ninguno de los familiares de las víctimas, 43 hombres y una mujer, acudió a la apertura del juicio, transmitido por Youtube.
“No pueden ni pagar las fotocopias, menos un avión y hospedaje. Lo más importante es haber llegado a juicio”, explicó la abogada Carreras.
“Son personas sin poder, dinero ni apellido, se han sentido los nadies en estos ocho años (…). Es importante la visibilidad para que el olvido y el tiempo no sean cómplices de la impunidad”, agregó.
Los cargos son incumplimiento y omisión de deberes y estrágo culposo agravado, castigados con penas de 1 a 5 años.
Los acusados, que llegan a juicio en libertad, son el extitular del Comando de Adiestramiento Luis López Mazzeo, el excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide, el exjefe del Estado Mayor del Comando Submarinos Héctor Alonso y el exjefe de Operaciones Hugo Correa.
En 2021, un Consejo de Guerra instituyó a Villamide por negligencia.
“Invisibilizar”
La justicia desoyó un pedido del abogado Luis Tagliapietra, padre de Alejandro -muerto en el ARA a los 27 años-, para que el juicio se realice en Mar del Plata, a 400 km de la capital argentina, donde residían los tripulantes y tres de los cuatro acusados.
Allí los familiares realizaron protestas frente a los edificios de la Armada durante el tiempo que duró la búsqueda y luego del hallazgo, una exposición que incomodó a la fuerza.
Los familiares denunciaron que fueron víctimas de espionaje, una causa en la que Macri fue procesado y que la Corte Suprema cerró en 2025.
“Llevando el debate a Río Gallegos, a tanta distancia de Buenos Aires, buscan invisibilizar la tragedia”, dijo a la AFP el abogado que representa a una veintena de familiares y siguió la audiencia por videoconferencia.
“Este es el primer proceso, todavía no terminó la investigación sobre los demás responsables de la línea de mando que llega hasta Macri”, agregó el abogado.
El juicio
Carreras confió en que los más de 90 testigos aporten pruebas. En la instrucción “a muchos les falló la memoria, ahora eso puede cambiar”, opinó.
La tercera semana de marzo comenzarán a declarar los testigos. Las audiencias se desarrollarán durante cuatro días consecutivos, con pausas de una semana.
La hipótesis es que un fallo de válvula permitió el ingreso de agua al compartimiento de baterías, desató un incendio y luego una explosión. Para corroborarla deben reflotar los restos, un operativo millonario.
