La familia de la relatora de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese, ha presentado este miércoles una demanda judicial contra el presidente de EEUU, Donald Trump, el Secretario de Estado, Marco Rubio, la Fiscal General Pam Bondi y el Secretario del Tesoro Scott Bessent. La querella, cuyos detalles ha podido conocer elDiario.es, denuncia las sanciones excepcionales que el Gobierno de Estados Unidos ha impuesto a Albanese por su trabajo de investigación y denuncia sobre los crímenes israelíes.
En sus informes como relatora de la ONU, Albanese ha señalado las violaciones del derecho internacional cometidas por el Gobierno israelí, y ha proporcionado información sobre el papel de los dirigentes de Israel en el genocidio en Gaza, así como el de otros países y de empresas internacionales.
La demanda civil, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, sostiene que la Administración Trump vulneró los derechos de la relatora de la ONU amparados por la Primera, Cuarta y Quinta Enmiendas, al incautar “de manera irrazonable” sus bienes sin el debido proceso, y además que violó las leyes sobre sanciones. Por ello, solicita al tribunal que declare inconstitucionales dichas sanciones.
La querella fue presentada por el marido de Albanese, Massimiliano Cali, y por su hija, menor de edad, nacida en Estados Unidos, cuyo nombre no es revelado en la demanda. Las sanciones estadounidenses contra la relatora de la ONU, impuestas el 9 de julio de 2025, le impiden realizar transacciones con ciudadanos y empresas de EEUU –lo que ha supuesto el bloqueo de sus cuentas de correo electrónico o de sus tarjetas de crédito– así como su entrada al país y el acceso a sus propios ingresos en bancos europeos.
Al igual que ella, once jueces y fiscales del Tribunal Penal Internacional y varias ONG palestinas también sufren sanciones del Gobierno de Trump, con consecuencias en su día a día similares a las que experimenta Albanese. Organizaciones internacionales de derechos humanos han alertado del daño que este tipo de castigo causa a la aplicación del derecho internacional y al cumplimiento de las tareas del Tribunal de La Haya y del trabajo de Albanese encargado por Naciones Unidas. Las sanciones contra la relatora de la ONU son inéditas, no hay precedentes similares en el pasado.
La demanda presentada este miércoles detalla cómo este castigo le pasa factura financiera y profesional a Albanese, ya que le impide acceder al sistema financiero mundial –basado en el dólar– a sus cuentas bancarias, a su apartamento en Washington DC o mantener sus vínculos con varias universidades estadounidenses. Esto supone que la relatora de Naciones Unidas solo pueda usar dinero en efectivo.
Además, las sanciones impiden a su marido entrar en Estados Unidos, donde está la sede principal del Banco Mundial, organismo en el que él trabaja. La hija de ambos, ciudadana estadounidense, no puede regresar a su país de nacimiento ni acceder a su piso en Washington.
En una entrevista reciente con elDiario.es la relatora de Naciones Unidas contaba que en los últimos meses no ha podido acceder a su cuenta bancaria, a sus ingresos, y pidió ayuda a los gobiernos dispuestos a ello: “Necesito que un Estado me garantice ese derecho, que asuma la responsabilidad de decir a los bancos: ‘Nosotros respondemos por ella’. Basta con que un país haga lo correcto para frenar estos abusos”.
“¿Por qué tengo que ser tratado como una terrorista, como una narcotraficante, siendo además una persona de la ONU?”, se preguntaba la relatora en conversación con este medio. La denuncia de este tipo de sanciones es, en palabras de Albanese, “un interés compartido por todos los que creen en el derecho internacional, en la rendición de cuentas y en un mundo gobernado por normas y no por la fuerza o la intimidación”.
