La Superintendencia de Competencia (SC) apenas inicia operaciones y ya carga con un último autogenerado: el comportamiento errático, poco institucional y abiertamente politizado de dos de sus directores, Luis Guillermo Velásquez Pérez y Edgar Rolando Guzmán Fuentes. Los agentes económicos cuyas actividades pudiesen ser analizadas por la SC, con razón, levantan la voz de alarma, pues la actitud de los directores mencionados da pie para que información sensible de sus operaciones sea filtrada por ellos o, peor aún, abiertamente difundida por el espíritu de “tiktokers” de los directores. Que, hasta ahora, el portal “ePinvestiga” —propiedad del embajador de Arévalo en México, Edgar Gutiérrez— sea el que publica las filtraciones, no parece ser casualidad.
En vez de consolidar la credibilidad del nuevo ente regulador, han optado por un protagonismo digital que debilita a un órgano llamado a manejar información sensible y construir confianza en un país donde las instituciones suelen nacer débiles.
Guzmán ha convertido las sesiones del Directorio en transmisiones improvisadas a través de Spaces, en la red X, sin criterios claros, sin reglas internas y con decisiones discrecionales sobre quién puede o no mantenerse conectado.
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En la transmisión del 30 de enero, a la que ingresó este medio, unas 30 personas observaron la discusión, pero República fue expulsada en repetidas ocasiones mientras un periodista del mismo medio —desde su cuenta personal— sí logró permanecer en el espacio. La sesión, que se prolongó por más de tres horas, también fue transmitida íntegramente por Guzmán, como si se tratara de un programa personal, no de una sesión oficial de un ente regulador.
La Ley de Competencia permite sesiones públicas, pero también contempla deliberaciones reservadas cuando se manejan datos confidenciales o investigaciones en curso. Justamente por eso exige criterio técnico, no exhibicionismo digital.
No obstante, los dos directores más expuestos, Velásquez y Guzmán, decidieron operar bajo una lógica más cercana a la de activistas en línea que a la de miembros de un directorio estatal. No está claro si además de las transmisiones han filtrado información sensible, pero el simple hecho de que la duda existe deja un precedente perjudicial para una institución que apenas se estrena.
A esa conducta se suma un episodio que terminó por profundizar la percepción de desorden: el polémico salario de GTQ 75 000 mensuales que el Directorio aprobó el 13 de enero para los directores titulares y suplentes, así como para el superintendente. La decisión provocó indignación en redes, citaciones en el Congreso y un brusco retroceso por exposición mediática.
El 30 de enero volvieron a reunirse para reconfigurar los montos: GTQ 57 000 para los directores titulares; GTQ 52 000 para el superintendente más GTQ 3000 en gastos de representación; y GTQ 52 000 para los suplentes.
Aunque ambos directores —Guzmán y Velásquez— afirman haber rechazado inicialmente los GTQ 75 000, únicamente Guzmán reclamó en redes sociales el nuevo monto. El resultado fue una nueva ola de cuestionamientos sobre una entidad que, en su segundo año, operará con un presupuesto superior a GTQ 40M.
Solo después de estos tropiezos se vuelve inevitable revisar la raíz del problema: la politización de los nombramientos. Desde su nacimiento, el SC quedó marcado por la cercanía de dos directores con el Movimiento Semilla, el partido del presidente Bernardo Arévalo. Y esa sombra política empaña cualquier decisión que tomen.
Velásquez, designado por Arévalo el 23 de junio de 2025 como director suplente, trae consigo un historial de activismo electoral: jefe de campaña del Movimiento Semilla en el distrito Guatemala en 2023; coordinador de la campaña municipal de Ninotchka Matute, candidata impulsada por la coalición Semilla–URNG-Maíz–Winaq; y asesor de SEGEPLAN desde mayo de 2024 en la modernización del Sistema Nacional de Inversión Pública. Su perfil técnico existe, sí, pero es inseparable de su trayectoria partidaria.
Guzmán, por su parte, fue nombrado el 19 de junio por una Junta Monetaria dominada por delegados del Ejecutivo. Figura como financista del Movimiento Semilla en registros del Tribunal Supremo Electoral y fue secretario general de la organización Nueva Ciudadanía en 2018. Aunque la JM afirmó que la elección respondió a criterios técnicos avalados por el Instituto Tecnológico de Monterrey, la magnitud política, una JM dominada por delegados del Ejecutivo, deja instalada la duda sobre la independencia del nuevo regulador.
En conjunto, el comportamiento público de Velásquez y Guzmán, sumado a sus vínculos partidarios, deja a un ente regulador vulnerable por las decisiones de sus propios directores. La Ley de Competencia exige que la SC opere con rigor, independencia y capacidad técnica. Pero, a la fecha, lo que la ciudadanía observa es improvisación, exposición innecesaria y un aire de activismo digital que poco corresponde con la responsabilidad que ostentan.
La Superintendencia de Competencia nació con la oportunidad de marcar un nuevo estándar institucional. Hoy, sin embargo, el estándar que marca es otro: el de una entidad que, incluso antes de empezar a trabajar, ya ha sido vulnerada por quienes debían protegerla.
