La propuesta del presidente Daniel Noboa de implementar una tercera placa digital para los vehículos introduce un debate que va más allá del control del delito y pone en juego la seguridad de los datos personales de los ecuatorianos.
La iniciativa, concebida como herramienta para frenar delitos, como extorsiones y secuestros, plantea una pregunta de fondo: ¿Está el Estado en capacidad de custodiar con rigor la información personal de millones de ecuatorianos?
Sin seguridad de los datos personales, la tercera placa pierde legitimidad.
El anuncio se produce en un contexto complejo para la institucionalidad. La crisis en la Agencia Nacional de Tránsito, actualmente bajo intervención por presuntas irregularidades, ha dejado lecciones sobre los riesgos de sistemas vulnerables a la corrupción y la infiltración del crimen organizado.
Si la tercera placa operará con una base de datos interconectada con la ANT, la Policía y el ECU 911, el estándar de seguridad no puede ser simplemente adecuado; debe ser excepcional.
El Ejecutivo sostiene que el sistema funcionará como un código único e intransferible, capaz de detectar el paso de un vehículo por puntos determinados, sin implicar geolocalización directa permanente.
Sin embargo, toda infraestructura basada en radiofrecuencia, bases de datos centralizadas y llaves criptográficas exigen protocolos robustos de encriptación, auditorías independientes y controles de acceso estrictamente judicializados. La discusión no es tecnológica en esencia, sino institucional.
La experiencia internacional demuestra que herramientas similares pueden fortalecer la seguridad ciudadana cuando están acompañadas de marcos legales claros. En la región, México, Perú y Brasil aplican este sistema. Unos lo hacen para controlar robos de carros y vinculaciones con el crimen organizado, mientras que otros lo hacen para el control vehicular como tal.
En Ecuador, si se da paso al mecanismo implicará reformas a la Ley de Tránsito, definición precisa sobre el tiempo de almacenamiento de datos, delimitación de responsabilidades y sanciones severas por uso indebido de información. El acceso individualizado debería estar condicionado a orden judicial, sin excepciones.
También es indispensable establecer pruebas de penetración periódicas, auditorías internacionales y mecanismos de transparencia que permitan evaluar el desempeño del sistema sin exponer información sensible.
La interoperabilidad entre entidades debe ir acompañada de segmentación de bases de datos, trazabilidad de accesos y registros inviolables que identifiquen quién consulta qué información y con qué propósito.
La tercera placa puede convertirse en un instrumento útil para recuperar el control sobre la movilidad y cerrar espacios a las redes delictivas.
Pero su legitimidad dependerá de la confianza pública. Si el sistema es permeable a filtraciones, hackeos o manipulación interna, el remedio podría agravar el problema, dejando a los ciudadanos expuestos frente a quienes precisamente se busca combatir.
El desafío no es menor. La seguridad ciudadana y la protección de datos no son objetivos contrarios, sino complementarios.
La eficacia del nuevo modelo estará determinada por la capacidad del Estado de demostrar que puede blindar la información con protocolos de máxima seguridad y personal sometido a controles. permanentes. Sin ese blindaje, cualquier avance tecnológico será apenas una promesa vulnerable.
