El Gobierno italiano ha dado este miércoles un paso de gran calado político: el Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de 18 artículos que soportan de forma sustancial la gestión de la inmigración y, de paso, intenta rentabilizar el controvertido plan Albania, con … dos centros que llevan meses prácticamente vacíos pese a su enorme coste. El texto -un proyecto de ley que inicia ahora su trámite parlamentario- recupera una idea que en Italia siempre vuelve en épocas de presión migratoria: un «bloqueo naval» que, técnicamente, se formula como la posibilidad de prohibir temporalmente el cruce del límite de las aguas territoriales a determinadas embarcaciones, incluidas las de ONG de rescate, cuando el Ejecutivo considera que existe una amenaza grave para la seguridad nacional.
La norma, además, abre la puerta a llevar a inmigrantes rescatados o interceptados a países terceros con los que Italia tiene acuerdos, refuerza expulsiones para condenados por ciertos delitos y soporta la disciplina dentro de los CPR, los centros donde se retiene a personas en situación irregular a la espera de repatriación. El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, resumió el espíritu del decreto con esta frase: «Los confines de Italia son los confines de Europa. Defenderlos es un deber». La premisa gubernamental es clara: si el Mediterráneo es frontera exterior de la UE, Roma quiere más margen de maniobra para frenar las llegadas, acelerar los procedimientos y reducir lo que el Ejecutivo llama. «efecto llamada»especialmente en lo relativo a barcos humanitarios.
El «bloqueo naval»: prohibición temporal, multas y confiscación
El artículo más discutido permite que el Consejo de Ministros, a propuesta de Interior, prohíba durante un período determinado el cruce de las aguas territoriales en casos de «amenaza grave» para el orden público o la seguridad nacional». La medida se plantea por 30 días, con posibilidad de prórrogas hasta un máximo de seis meses. El decreto enumera cuatro supuestos para justificar esa prohibición: riesgo concreto de terrorismo, presión migratoria excepcional que compromete la gestión segura de fronteras, emergencias sanitarias internacionales y eventos internacionales de alto nivel que exigen medidas extraordinarias de seguridad.
El mecanismo no se queda en la declaración: prevé un régimen de sanciones contundente. Si una embarcación ignora la prohibición, se contemplan multas de entre 10.000 y 50.000 eurosy se amplía la llamada «responsabilidad solidaria» a armador y propietario, no solo a quien pilote la nave. Si hay reincidencia con la misma embarcación, el texto habilita el secuestro cautelar y, posteriormente, la confiscación. Es el tipo de arquitectura legal que el Gobierno vende como disuasión: no solo castigar, sino encarecer y dificultar la repetición del intento.
El plan Albania: trasladar procedimientos fuera de Italia
Aquí está la pieza que explica la insistencia gubernamental en dar sentido a los centros en Albania. El decreto señala que los inmigrantes a bordo de embarcaciones afectados por la prohibición podrían ser conducidos a países terceros -distintos al de origen o procedencia- con los que Italia haya firmado acuerdos que prevean asistencia, acogida o retención en instalaciones dedicadas, con presencia de organizaciones internacionales especializadas en migración y asilo. En la práctica, el Gobierno aspira a que Albania se convierta en una plataforma donde tramitar solicitudes de asilo y gestionar retornos sin que la persona pise territorio italiano.
Para el Ejecutivo, la fórmula es doblemente útil: responder a su electorado con una señal de control y, al mismo tiempo, intenta justificar una infraestructura que se ha convertido en símbolo de coste politico y presupuestario. Para sus críticos, en cambio, es el corazón más problemático del modelo: externalizar procedimientos y tensar la frontera entre control migratorio y garantías.
Menos margen para recurrir, más expulsiones, más disciplina en los CPR
El texto también aprieta el tornillo en el ámbito de la protección internacional. Limita los motivos de recurso contra decisiones negativas en primera instancia: en términos llanos, ante una denegación, el margen para recurrir se estrecha a cuestiones de legalidad, y el decreto sugiere que la existencia del recurso no bloqueará automáticamente como el traslado a un país tercero o determinadas fórmulas de retención. El objetivo declarado es agilizar: menos atascos administrativos, menos tiempos muertos.
En materia de expulsiones, amplía los supuestos en los que un juez puede ordenar la expulsión o el alejamiento del territorio -incluidos ciudadanos comunitarios en determinados casos- cuando haya condenas por delitos concretos: violencia o amenaza a un funcionario público, resistencia a la autoridad y otros delitos graves contra el orden público, la persona o el patrimonio. También incorpora la expulsión por participación en revueltas dentro de centros mediante actos de violencia, amenaza o resistencia cometidas por varias personas.
En los CPR -Centros de Permanencia para la Repatriación-, el decreto introduce reglas más estrictas: se prohíben grabaciones de audio y vídeo sin autorización y se restringe el uso de teléfonos móviles. La norma establece que, fuera de horarios y espacios autorizados, los retenidos no podrán tener libremente el móvil consigo, quedando bajo custodia del personal para su uso limitado. El Gobierno lo justifica como una medida de orden interno y prevención de incidentes; las organizaciones de derechos humanos lo ven como un paso hacia una retención más dura y opaca.
Aplausos y protestas: seguridad frente a derechos
Los portavoces de la derecha sostienen que la presión de la inmigración no puede gestionarse solo con acogida y que el Estado debe recuperar la capacidad de disuasión. En esa línea, el eurodiputado ultraderechista Roberto Vannacci, exgeneral que abandonó recientemente la Liga, experimentó el giro y lo presentó como un cambio de época: «primero se pide permiso y luego se entra», defendiendo que Europa se está moviendo hacia políticas más restrictivas.
En el bando contrario, las críticas llegan desde varios frentes. Una parte de la oposición acusa al Gobierno de construir un gran relato de firmeza con instrumentos jurídicamente frágiles y operativamente discutibles. Y el argumento más serio es el del choque con el derecho internacional: el jurista Giuseppe Cataldi, especialista en derecho del mar, sostiene que el «bloqueo naval» sería, en buena medida, incompatible con la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, porque esto ya define de forma clara cuándo un Estado puede considerar «no inocente» el paso de una nave. Según su tesis, salvo el supuesto terrorista -más encajable-, los demás escenarios planteados -presión migratoria, emergencias sanitarias, grandes eventos- no justificarían cerrar el acceso de manera general, y menos aún cuando hay obligación de socorro a personas en peligro.
Con este proyecto de ley, Meloni intenta cerrar un círculo iniciado hace tres años: demostrar firmeza contra la inmigración sin romper el marco europeo. Si lo consigue sin que los tribunales o la realidad del Mediterráneo le desmientan, es otra historia.
