¿Cuán envejecida es la población de Cuba? Seguramente usted haya escuchado el dato más reciente: el 25,7% de los cubanos tiene 60 años o más. En otras palabras, uno de cada cuatro está en su sexta década de vida.
¿Qué tan relevante es ese indicador? Como referencia, la medición del envejecimiento poblacional en el resto del mundo se calcula desde los 65 años. Según Nuestro mundo en datosuna prestigiosa base de datos, Cuba comparte el podio mundial de los países más envejecidos junto a Japón (29,5 %), Italia (24,2 %), Puerto Rico (24,2 %), Portugal (24,1 %), Finlandia (23,6 %) y Grecia (23,5 %).
La población envejecida es un desafío mayor. Cuba, como país pequeño y subdesarrollado, experimenta un envejecimiento acelerado por la combinación de baja natalidad y emigración masiva desde finales de 2021.
Tener más ancianos no es negativo: es un logro que las personas vivan más tiempo gracias a una esperanza de vida más alta. Sin embargo, implica menos población relativa en edad de trabajar, presiones sobre el sistema de salud, riesgos de aislamiento social y, lógicamente, mayor demanda de servicios de cuidados.
Nuevo alcance para una actividad en curso
Precisamente sobre el tema, el Consejo de Ministros tomó recientemente el Acuerdo 10249 que permite abrir residencias privadas para el cuidado de ancianos, enfermos y personas con discapacidad. El ejercicio privado de esta actividad no es nuevo, pues está previsto en la legislación cubana desde 2021. Por ejemplo, en septiembre de 2022 se aprobó la primera mipyme privada para el cuidado de estos grupos poblacionales, con registro fiscal en La Habana.
Sin embargo, el alcance de la actividad estaba limitada al cuidado en “los domicilios de estas personas (las cuidadas) o en las instituciones del Sistema Nacional de Salud”.
El nuevo acuerdo gubernamental expande el mercado del servicio y permite escalarlo: los emprendimientos del sector no estatal podrán crear “instituciones” particulares “(…) como complemento de los servicios de cuidados que se brindan por las instituciones estatales, y así favorecer la corresponsabilidad social”.
En otras palabras, antes solo se podía cuidar en la casa o el hospital. Ahora se pueden crear hogares privados de cuidados.
Con esto, el Estado reconoce la imposibilidad de crear o sostener nuevas casas de abuelos estatales y abre la puerta al sector privado en tres modalidades de residencias: 1) diurnasdonde las personas son atendidas solo durante el día; 2) permanentesdonde hacen vida en la institución por tiempo indeterminado, y 3) mixtasuna combinación de las anteriores.
Comparto mis consideraciones principales sobre la gestión de las nuevas instituciones:
- Tendrán precios de mercado. El Consejo de Ministros no indicó establecer tarifas centralmente definidas. En su lugar, los servicios privados de cuidados se regirán por precios de oferta y demanda. Independientemente del sentido altruista que implica dedicarse a cuidar a una persona y la satisfacción personal por hacerlo, se ejecutarán bajo “modelos de negocio” que permitan rentabilidad. No son obras de caridad, son empresas. Aunque puedan surgir nuevos emprendimientos de cuidados, seguirán siendo pocos respecto a la alta demanda de cuidados, lo que favorece precios elevados. No obstante, suficientes competencias generan segmentación y ofertas ajustadas para diferentes bolsillos.
- Enfrentan costos elevados. La atención médica y la administración de medicamentos es responsabilidad de Salud Pública (no se autoriza el ejercicio privado de este servicio), pero temas como la alimentación, vestuario o recreación forman parte del servicio integral de cuidados. Hablamos de un servicio intensivo en trabajo y costos fijos. El transporte de los bienes, del personal o de los asistentes eleva notablemente los costos en el escenario actual de insuficiencia de combustibles. El salario de los empleados será con seguridad varias veces el del sector estatal, aumentando los gastos. probablemente, una inversión en paneles solares o plantas eléctricas Sea imprescindible para garantizar la calidad del servicio, pero sube costos.
- Compensaciones entre intensidad y motivación. Los profesionales dedicados al cuidado (cuidadores) también son personas. Su trabajo exige un esfuerzo físico y emocional exigente. Un buen salario no es suficiente: las nuevas residencias deberán prestar atención especial a la motivación de sus trabajadores ante el peligro de “burnout” o agotamiento profesional producto de un estrés laboral constante.
- Cumplimiento regulatorio estricto. Ser privado no exime de cumplir la regulación estatal. Cualquier persona no podrá ser cuidador, para lo cual el MINSAP organizará cursos de capacitación para certificarlos oficialmente. Por su parte, las residencias deberán ofrecer condiciones adecuadas para la vida y el trabajo, lo que requiere poseer la licencia sanitaria otorgada por las direcciones municipales de Salud Pública.
- Gestión reputacional. Los servicios de cuidados tratan directamente con la vida humana y permiten poco margen al error. Una caída, una emergencia médica indetectada o una intoxicación alimentaria puede desencadenar consecuencias legales y de reputación irreversibles para la mipyme. Los emprendedores deberán diseñar protocolos de actuación rigurosos para actuar con precisión clínica, incluso cuando el objeto social no es técnicamente médico.
- Responsabilidad social. El acuerdo del ejecutivo cubano obliga a las residencias de cuidados a interactuar con el gobierno municipal. Por ejemplo, deben reservar el 10 % de sus capacidades para prestar atención a personas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. La tarifa para estos grupos no es la de mercado, sino que es la única fijada centralmente por el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) para garantizar la accesibilidad. En casos de insolvencia, el pago correrá a carga del presupuesto público por concepto de asistencia social. Independientemente de eso, y según las posibilidades de cada cual, estoy seguro de que la mayoría de estos negocios llevarán a cabo iniciativas propias de responsabilidad social para apoyar a sus comunidades y cooperar con las autoridades locales.
Incentivos a la vista
La apertura al ejercicio privado de los cuidados en mayor escala trae incentivos fiscales y económicos que muestran el interés del Gobierno por promover este tipo de modalidades:
- Bonificaciones fiscales. El MFP diseñará un sistema tributario diferenciado que estimula los servicios de cuidados. La asignación será mayor según la cantidad de personas en pobreza y vulnerabilidad atendidas. Los tributos específicos y otras bonificaciones se establecerán en una futura norma de Finanzas.
- Exención del pago de arrendamiento. Los emprendimientos que operan en instalaciones estatales no pagarán alquiler por dos años, prorrogables por otros tres. Tras este plazo, el gobierno local podrá decidir, según las condiciones de cada negocio, si mantiene la exención indefinidamente.
- Nuevas capacitaciones. Salud Pública implementará procesos de capacitación para cuidadores, aspecto fundamental para la integralidad del servicio.
- Acceso preferente a locales y recursos. Los gobiernos municipales y provinciales están encargados de: 1) identificar por convocatoria pública a personas y cuentas propistas que ejerzan actividades de cuidados, 2) licitar locales adecuados para prestar servicios, 3) facilitar la adquisición de bienes e insumos necesarios para el ejercicio de la actividad.
Los cuatro beneficios previstos pueden “contener” hasta cierto punto el crecimiento de los precios. Menos impuestos, alquiler gratuito del local y acceso preferente a recursos son “cartas de cambio” de los gobiernos locales para evitar un crecimiento extraordinario de las tarifas.
Sugeriría dos incentivos más: 1) acelerar las aprobaciones de mipymes en general, en particular aquellas cuyo objeto social sea la prestación de servicios de cuidados, y 2) otorgar acceso preferente a créditos u otro financiamiento para negocios que compren e instalen paneles fotovoltaicos u otras fuentes de energía renovable.
¿Privatización o pragmatismo?
Cada vez que se lanza una medida de apertura en el sector privado, una parte del relato en contra de la calificación de “privatizaciones”. Analizamos por qué este calificativo es inexacto:
Privatizar implica la transferencia parcial o total del patrimonio estatal al sector privado. Ninguna de las dos opciones está ocurriendo: las casas de abuelos no se “venden” ni “ceden” a mipymes y trabajadores por cuenta propia.
El Estado tampoco se está retirando del sector, ya que los centros estatales seguirán prestando servicios. En vez de eso, ha desmonopolizado los servicios de cuidados, dando espacio al sector privado nacional.
Por supuesto, mientras el Estado brinda un servicio público, subsidiado y sin fines de lucro, el sector privado sigue lógicas empresariales. El mercado segmentará entre quienes tengan acceso a la opción barata y quienes puedan permitirse las “mejores” condiciones. pero nada de esto invalida la medida.
Quienes dependan de las instituciones estatales, seguirán recibiendo el beneficio. Quienes cuidadores paganos informales, podrán pasar a instituciones legalmente reconocidas y certificadas. Los cuidadores informales podrán acreditarse y encontrar empleo en las nuevas residencias privadas. Quienes no deseen trabajar en el sector estatal, podrán hacerlo en el privado, legítimamente.
Ni privatización ni solución mágica. Pragmatismo para una sociedad que envejece.
