movilidad prometida, financiamiento en duda

Una de las principales promesas de campaña del presidente Bernardo Arévalo era mejorar la movilidad del país, en especial la del departamento de Guatemala. Entre los proyectos que prometió está la construcción de un metro. Al asumir como mandatario, continuó con el discurso; incluso, lo declarado emergencia nacional.

• Sin embargo, solo quedó en eso. Las pocas obras y la escasa colaboración interinstitucional entre municipalidades —por ejemplo— evidencian la falta de voluntad política del gobierno central.

¿Por qué importa? El circuito metropolitano del metro tenía asignadas GTQ 1200M. No obstante, los fondos están en riesgo ante las modificaciones presupuestarias que realiza el gobierno.

• Según algunas estimaciones, el reajuste presupuestario podría reducir en un 50% los fondos previstos para el proyecto del metro, afectando así a millones de vecinos.
• La reducción es promovida por el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos Zeissig. En varias declaraciones afirmó que los cambios buscan priorizar los proyectos importantes del Ejecutivo.
• Claramente, para él, el metro no lo es.

Visto y no visto. La Mancomunidad Gran Ciudad del Sur, integrada por varias comunas, afirmó que la crisis de movilidad responde a un problema estructural. Es decir, ya desbordó las competencias municipales. Esto exige decisiones de política pública a nivel nacional. Y deben ser promovidas por el Ejecutivo.

• La solicitud de la Mancomunidad es que el gobierno central confirme la disponibilidad de los fondos para los proyectos de movilidad. Seguido de emitir el acuerdo gubernativo que permita ejecutarlos.
• El documento también detallará las unidades ejecutoras que deberán realizarlos. Por su parte, la Mancomunidad se comprometió a brindar acompañamiento técnico y apoyo institucional.
• Las municipalidades sostienen que sus presupuestos solo les permiten ejecutar obras locales de movilidad. En la mayoría de los casos, con la colaboración del sector privado.

Sí, pero. El ajuste presupuestario se da en el contexto de las modificaciones que tuvo la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE) —hoy llamada Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)—. Anteriormente, la mayoría de los proyectos debían ser aprobados por el Congreso. Esto incluye a los de movilidad.

• Las reformas cambiaron el mecanismo; ahora solo tendrán que pasar ante el Legislativo los relacionados con servicios públicos originados desde el Ejecutivo. El transporte, como movilidad, no aplica.
• Algunas municipalidades podrán estructurar y aprobar contratos de APP, aunque requerirán la autorización del Consejo y de la ANI. Los cambios reducen la influencia del Congreso y de Finanzas.
• Menkos, como promotor del ajuste presupuestario, busca condicionar el actuar de los alcaldes en un año preelectoral. Asimismo, favorecer el poder de los diputados. En especial, la alianza oficialista liderada por Luis Aguirre, Samuel Pérez, Nery Rodas y José Sanabria.

En conclusión. El proyecto del metro pasó de ser una promesa central de campaña a un plan con financiamiento incierto y respaldo político débil. El ajuste presupuestario, junto con los cambios institucionales en infraestructura, redefine el poder del Ejecutivo y Legislativo, mientras la crisis de movilidad continúa sin una estrategia nacional clara.

• La reducción potencial de hasta el 50 % de los fondos asignados al metro debilita la capacidad de las municipalidades para ejecutar soluciones metropolitanas. Refuerza la percepción de que la movilidad dejó de ser prioridad para el Ejecutivo.
• La postura del ministro Jonathan Menkos contrasta frontalmente con lo declarado por el presidente Arévalo; limita la autonomía municipal y reconfigura el equilibrio entre alcaldes, Congreso y agencias técnicas.
• Más que una agenda de nación, Menkos busca, junto a sus aliados, una agenda política que no prioriza la movilidad, como sucede con estos proyectos.